Sanidad y autonomías acuerdan limitar el uso del cigarrillo electrónico

Los cigarrillos electrónicos estarán vetados en zonas educativas e infantiles, transporte público y centros sanitarios o de atención al ciudadano a partir de enero del próximo año. Así lo ha acordado este miércoles la ministra de Sanidad, Ana Mato, con los consejeros autonómicos en el cuarto y último Consejo Interterritorial de Sanidad del año. se ha apostado por establecer una posición común hasta que no se conozcan los efectos que estos dispositivos tienen para la salud. La intención del ministerio, según ha dicho Mato en rueda de prensa, es hablar con los grupos parlamentarios para trasladarles este acuerdo y preguntarles si quieren "avanzar más" o esperar a la regulación europea sobre esta materia. "El objetivo es buscar el trámite legislativo más rápido para priorizar la atención de los menores", amplió Mato. En este encuentro, sin embargo, no se ha abordado la cuestión de los puntos de venta de estos cigarrillos.

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En la reunión de máximo nivel entre autonomías y ministerio tampoco se ha tratado el polémico copago en farmacia hospitalaria ante el que se han rebelado incluso autonomías del PP y que ninguna autonomía ha puesto en marcha todavía a pesar de que la normativa que lo regula entró en vigor el pasado 1 de octubre. La ministra ha dicho ser consciente de que esta medida requiere la implantación de avances tecnológicos e informáticos, si bien ha dicho que "las autonomías estarán preparadas para ello a partir del próximo enero". Una afirmación que choca con las declaraciones que algunos consejeros han hecho al inicio y al término de la reunión.

En este encuentro sí se ha concretado en un texto normativo –que todavía tiene que recibir alegaciones hasta que se publique en el BOE en forma de orden ministerial– la actualización de la cartera común básica de servicios que ya se presentó el pasado verano, muy polémica también porque excluye a mujeres solas y lesbianas de la reproducción asistida en la sanidad pública.

A este respecto, algunas autonomías como la andaluza ya han avanzado que seguirán prestando este servicio. La consejera de Sanidad de esta comunidad, María José Sánchez Rubio, ha señalado que tras esta medida hay un trasfondo "ideológico" y ha calificado de "no relevante" el criterio de racionalidad en el gasto bajo el que el ministerio justifica este recorte. El consejero de Asturias, Faustino Blanco, ha aseverado que limitar el acceso a ese derecho crea "inseguridad jurídica" a determinados colectivos de mujeres y que su comunidad estudiará si incluye la reproducción asistida fuera de estos nuevos criterios en la cartera complementaria de su comunidad.