Sanidad es, junto a Educación, una de las dos macro consejerías valencianas, con cerca de 45.000 trabajadores y un 31,57% de los 17.191 millones de los presupuestos de la Generalitat para 2015. Un territorio que fue durante 20 años el caldo de cultivo de corruptelas, recortes y adjudicaciones bajo el signo del amiguismo. Valencia fue el gran laboratorio de la gestión privada de los recursos públicos con el modelo Alzira, de Ribera Salud, que con tanto ahínco aplicó después Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Un paisaje donde, además de médicos y pacientes, también proliferaron los empresarios. Y los jueces y los fiscales. En 2006, Rafael Blasco (en prisión por el desvío de fondos de la Cooperación Internacional) troceó en varios contratos, con el fin de eludir el control público, la licitación del programa informático Abucasis, que gestiona cinco millones de historiales médicos. Una disección que precisó de una elevada habilidad quirúrgica para desmenuzar la partida, de seis millones, en favor del empresario Augusto Tauroni, también en la cárcel por el caso Cooperación.
El sustituto de Blasco fue Manuel Cervera, imputado en la pieza cinco de la Gürtel tras contratar con empresas de la trama la elaboración de un vídeo en 2008 sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia. La Fiscalía apunta que Blasco y Cervera compartían una misma destreza con el bisturí a la hora de aplicarlo sobre contratos públicos. Algo que podría extenderse (está en investigación) a otros eventos como la organización de los Premios Salud y Sociedad de 2006 a 2008.
Relato desalentador
Con estos elementos de fondo, la consejera Carmen Montón compareció el pasado 25 de septiembre en Les Corts. Se cumplían 87 días del cambio de Gobierno y el balance de la herencia dejó un relato desalentador. Por un lado, un agujero de 19 millones por la sanción de la Unión Europea por esconder facturas en el cajón durante los últimos años. Por otra parte, condenas judiciales por intereses de demora en deudas de la Administración, entre la cual destaca la de 7 millones por impagos a las farmacias entre 2008 y 2011. También se publicó en el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana), el 20 de julio, una partida de 7,6 millones por enriquecimiento injusto. Finalmente, Sanidad ha contabilizado una pérdida de 70 millones en 2014, cantidad que el Gobierno central no ingresó en la comunidad por los turistas nacionales al no estar en funcionamiento el Fondo de Garantías de Asistencias.
“El modelo privatizador ha generado opacidad y pérdidas millonarias para las arcas de la Generalitat”, sintetizó Montón, y anunció la creación de una Dirección General de Alta Inspección Sanitaria para vigilar las concesiones en vigor y realizar un seguimiento del buen uso de los recursos públicos. De hecho, una de las prioridades del Consell es la no renovación de la gestión privada de cinco hospitales públicos de los que también depende la administración de ambulatorios en los principales municipios de la zona. Se trata de los centros de Alzira, cuya concesión finaliza en 2018, Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025. Según fuentes de Sanidad, la estimación del lucro cesante es de cinco millones anuales a los que cabría añadir 50 millones en indemnizaciones de equipos directivos, 200 millones en inversiones por amortizar en obras clínicas y hospitalarias y 50 millones en terceras empresas con contratos en vigor.
Sobre el fin de las concesiones, el PSPV-PSOE apuesta por ser cauto con los plazos y, mientras tanto, fiscalizar al máximo la efectividad de los contratos. Sin embargo Compromís, la otra pata del Consell, exige la reversión inmediata de estas adjudicaciones en el caso de incumplimientos flagrantes. La semana pasada, Josep Nadal, diputado de Compromís, solicitó la vuelta a la gestión pública del hospital de Dénia, de Marina Salud, “por dejar sin servicio médico a municipios durante tres días”.
Pelotazo hasta 2018
Además de las grandes concesiones hospitalarias, el Partido Popular privatizó numerosos servicios médicos. El mayor pelotazo se dio en 2008 con el concierto que externalizó el diagnóstico con resonancia magnética. Aquel año se le adjudicó por 497 millones (100 más que la segunda oferta) a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Erescanner Salud, formada por Eresa (49%), Inscanner (20%), Ribera Salud (14,5%) y Beanaca (8,5%). La primera de ellas, Eresa, fundada en 1980, es propiedad de Vicente Saus, amigo de Eduardo Zaplana, quien en 2000 ya le adjudicó las pruebas de resonancia magnética de Castellón y Valencia a través de Iberdiagnosis e Inversión en Alta Tecnología.
Aquel año, las resonancias de Alicante quedaron en manos José Carlos Paz Figueroa, propietario de Iscanner y Beanaca, que tenía como uno de sus principales accionistas a Luis de la Concepción, diputado del PP fallecido en 2008. La cuarta parte de la UTE, Ribera Salud, cuenta con Alberto de Rosa como gerente. Alberto es hermano de Fernando, exconsejero de Justicia, exvicepresidente del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y, actualmente, presidente de la Audiencia de Valencia.
El ICO prestó 128 millones de euros al grupo líder de la sanidad privatizada valenciana
La licitación de este concierto recibió un duro varapalo en 2013 con la publicación de un informe desde la Sindicatura de Cuentas bajo el elocuente título de Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. La institución fiscalizadora señaló que Sanidad ahorraría al año 16,8 millones si las asumiera públicamente, ya que las pruebas le saldrían a un coste medio de 108,36 euros, mientras que a la UTE se le pagan a 257,19 euros de media, con un sobrecoste del 137%. “Con una inversión de 29 millones podría asumirse la gestión pública”, relata un informe que también critica la duración del concierto, hasta 2018, y que contó con el apoyo del Panel de Expertos sobre Formas Efectivas de Invertir en Salud de la Comisión Europea, desde donde se señaló la ausencia de “información clara y disponible para evaluar los resultados económicos y sanitarios de la experiencia”.
Por su parte, el director médico de Eresa, José Ferrer, señaló en rueda de prensa el pasado 15 de septiembre que la Sindicatura de Cuentas “tiene una visión economicista y poco sanitaria, ya que el ahorro que señala se lograría con una escasa inversión de personal”. Esta comparecencia se produjo tras una denuncia del exinformático de Eresa, quien acusó a la UTE de falsear pruebas diagnósticas y de facturación para cobrar por trabajos no realizados. En ese sentido, las subcontratistas Iberdiagnosis y Sun Chiz facturaron 47,3 millones entre 2007 y 2012 con apenas cuatro trabajadores en plantilla. Pese a ello, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia archivó el pasado 18 de septiembre la denuncia al no encontrar la Fiscalía evidencias de una doble facturación.
Sea como fuere, el recorrido de Eresa por los juzgados ha vuelto a colocar en el debate público las elevadas condiciones del contrato de 2008. La consejera Carmen Montón ya se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del informe de la Sindicatura. La más destacada consiste en que, hasta que finalice la concesión, los radiólogos de los hospitales públicos supervisarán e informarán de las exploraciones diagnósticas donde existan equipos de resonancia privados.
Sanidad es, junto a Educación, una de las dos macro consejerías valencianas, con cerca de 45.000 trabajadores y un 31,57% de los 17.191 millones de los presupuestos de la Generalitat para 2015. Un territorio que fue durante 20 años el caldo de cultivo de corruptelas, recortes y adjudicaciones bajo el signo del amiguismo. Valencia fue el gran laboratorio de la gestión privada de los recursos públicos con el modelo Alzira, de Ribera Salud, que con tanto ahínco aplicó después Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.