La reforma de la ley del aborto se le vuelve a atragantar al Partido Popular y al Gobierno una semana antes de que llegue al Congreso el texto propuesto por los conservadores tras retirar la iniciativa que presentó el ya exminsitro Alberto Ruiz-Gallardón. En la nueva redacción, el PP se limitó a reformar la ley del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en lo relacionado con el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años. Y esto no gusta al sector más conservador de su Grupo Parlamentario. Para evitar fugas de voto, la dirección del grupo, en manos de Rafael Hernando, ha llegado a ofrecer a los descontentos una nueva redacción donde figure que el aborto no es un derecho. Pero tampoco acaba de gustar a los críticos, que amenazan con no votar y se arriesgan a la correspondiente multa. La polémica llegó este viernes a la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no respondió a la pregunta de si para ella la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho.
Evitando contestar de manera concreta, la mano derecha de Rajoy en el Ejecutivo se centró en señalar que "siempre desde el Gobierno" se ha considerado que "en este asunto hay dos situaciones jurídicas que hay que valorar y que ponderar: las circunstancias de la embarazada, de la mujer, y su colisión respecto de otro bien jurídico protegido cual es la vida del concebido y no nacido". Y añadió: "Creo que es el equilibrio que siempre hay que tener en cuenta [...] Esa es, creo, la posición desde el punto de visa político, desde el punto de vista jurídico que nosotros siempre hemos venido defendiendo".
Sólo un día antes, desde su partido, el PP, y desde el propio Gobierno, voces destacadas habían defendido abiertamente que para ellos el aborto no es un derecho. Es el caso del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE) añadía lo siguiente: "El aborto no es un derecho, esto tiene que quedar claro. Yo creo que quedaba claro también en términos de la protección de la vida que garantiza la Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional". O el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, que, en rueda de prensa para presentar el lema de campaña para el 24-M mantuvo que su partido siempre ha opinado lo mismo sobre la interrupción voluntaria del embarazo: "En el aborto estamos donde estábamos. Para nosotros nunca ha sido un derecho y estamos a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional", subrayó.
El PP no sólo hace frente a ese grupo de diputados molestos porque, a su entender, la reforma se queda corta y no responde al cumplimiento del programa electoral del PP, sino a los sectores más conservadores de su electorado que consideran que Rajoy les ha traicionado.
Pese a las críticas, el programa electoral con el que rajoy concurrió a las generales es bastante ambiguo en este apartado. El punto 6 de la página 108 reza como sigue: "La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores".
Catalá señala que el "derecho" al aborto no está en la ley de Zapatero
Por otra parte, la vicepresidenta añadió que la intención del Gobierno ha sido "siempre" que "se debe trabajar con el máximo consenso". "Creemos que la proposición de ley que se ha presentado lo hace sobre uno de los aspectos en que existe un mayor consenso y nosotros desde el punto de vista del Gobierno, que ya nuestra tarea en el debate parlamentario es más limitado, contribuiremos a trabajar por ese consenso", dijo.
En la misma rueda de prensa, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó algo que derriba la estrategia que su partido había desplegado para atraer a los diputados antiabortistas. Y es que, insistió en que en la ley socialista no existe el derecho al aborto como tal. "La reforma que aprobó el gobierno socialista en 2010, pese a que a veces no se hace un análisis técnico y jurídico, no regula el derecho a la aborto, no hay un derecho al aborto como tal. Hay un derecho a las decisiones de la mujer en materia de su conducta sexual y reproductiva, pero ese derecho al aborto no está en la legislación", precisó.
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En un sentido similar a Santamaría añadió en que, en todo caso, "lo que se está intentando es buscar el máximo consenso posible en la materia" y remitió "al debate parlamentario" el "detalle concreto en que puedan consistir esas modificaciones" sobre la proposición de Ley presentada por el Grupo Popular y que ahora podría enmendarse para conseguir una reforma de mayor calado en la legislación del aborto.
En estos momentos, la dirección del Grupo Parlamentario Popular se inclina por mantener el texto en su forma original sin los cambios ofrecidos a los diputados críticos y esperar a la fase de enmiendas por si el consenso puede ser mayor.
La idea del Gobierno se mantiene: que la ley esté lista antes de las vacaciones de verano.
La reforma de la ley del aborto se le vuelve a atragantar al Partido Popular y al Gobierno una semana antes de que llegue al Congreso el texto propuesto por los conservadores tras retirar la iniciativa que presentó el ya exminsitro Alberto Ruiz-Gallardón. En la nueva redacción, el PP se limitó a reformar la ley del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en lo relacionado con el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años. Y esto no gusta al sector más conservador de su Grupo Parlamentario. Para evitar fugas de voto, la dirección del grupo, en manos de Rafael Hernando, ha llegado a ofrecer a los descontentos una nueva redacción donde figure que el aborto no es un derecho. Pero tampoco acaba de gustar a los críticos, que amenazan con no votar y se arriesgan a la correspondiente multa. La polémica llegó este viernes a la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no respondió a la pregunta de si para ella la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho.