Las presas españolas de titularidad privada construidas antes de 1996, el 71% del total, están sujetas en materia de seguridad a una ley elaborada en 1967. Una norma obsoleta que no tiene en cuenta los nuevos avances tecnológicos y que se redactó sin considerar las precipitaciones y el clima actuales. La regulación de 1996, la última aprobada en España de seguridad en presas, no se aplica las de titularidad privada anteriores a esa fecha, que son la mayoría. Expertos en infraestructuras hidráulicas advierten de que no se está haciendo lo suficiente para garantizar que, en caso de un fenómeno climatológico extremo, las presas hidroeléctricas, que mantienen embalses para riego o para abastecimiento no revienten o se desborden, reeditando tragedias como la de Tous (Valencia) en 1982, que se saldó con 25 víctimas mortales.
"Quizá haya que esperar a que un nuevo desastre sacuda a la opinión pública" se lamenta el ingeniero industrial y profesor de Hidráulica César González, que con motivo del accidente en la presa de Oroville (California, Estados Unidos) consideró conveniente alertar de las lagunas en seguridad en las presas españolas. La primera pregunta es clara: Si las de titularidad privada anteriores al 96 solo se rigen por la norma de 1967 –Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas–, ¿por qué no se hace una nueva ley que vincule a todas las presas? Esa ley existe, pero no se aplica: en 2008 se aprobó el Real Decreto 9/2008, que en su Título VII establecía la necesidad de elaborar y aprobar tres normas técnicas aprobadas a todas las presas. Pero esa nueva regulación no ha visto la luz, y el último borrador es de 2011.
El Ministerio de Medio Ambiente prevé que a lo largo de este año salgan por fin a la luz esos borradores, según confirma el Gobierno a infoLibre. Justifica su retraso en la complejidad de las normas y en la disparidad de las infraestructuras en las que se aplicarán, "como la gran proliferación de depósitos de agua acumulada mediante balsas, que no tienen una cuenca de aportación propia y que, por lo tanto, tienen una funcionalidad totalmente diferente de las presas tradicionales". Medio Ambiente asegura que ya ha nombrado una comisión técnica para trabajar al respecto durante 2017.
La segunda pregunta cae por su propio peso: ¿Por qué llevamos nueve años sin que estas normas técnicas se aprueben? González tiene una teoría "extraoficial": "El día en que se aprueben, si son normas sensatas y modernas, habría que repensar muchas presas en cuanto a su seguridad", asegura. Eso costaría mucho dinero a las grandes empresas, como Iberdrola o Endesa, que explotan en España este tipo de infraestructuras. "Las nuevas normas pueden ser perjudiciales económicamente para la explotación de estas presas". ¿Ese es el motivo por el que no se aprueban? "Yo pienso que sí, pero no es demostrable", reconoce el profesor.
Las hipotéticas nuevas exigencias pueden hacer variar, explica González, los valores de la avenida de proyecto y la avenida extrema de cada presa. Es decir, los caudales que se utilizan para diseñar los aliviaderos, que son las infraestructuras que en caso de emergencia se activan para rebajar el nivel del embalse. Estos parámetros se calculan según el periodo de retorno, que es el tiempo promedio que tarda el caudal en volver al nivel máximo permitido.
En resumen: si una nueva normativa afectara a la seguridad de estas construcciones, González cree que habría que cambiarlo todo, porque ahora existe información mucho más precisa sobre precipitaciones en cada cuenca. "Con el tiempo la seguridad de las presas va mejorando. Las presas sometidas a la legislación antigua tienen periodos de retorno menores y avenidas menores. Si hubiera que actualizar la seguridad de estas presas. habría que considerar mayores cantidades. Los aliviaderos no darían de sí", explica el ingeniero, que apunta a que una mayor precaución a la hora de dar salidas al agua en caso de una gran tormenta reduce significativamente el aprovechamiento económico de la instalación. Menos caudal de agua es menos presión de agua y menos impacto en las turbinas, en el caso de una hidroeléctrica.
En el caso de las presas de titularidad pública, que sí están sometidas al Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses de 1996, las carencias también son denunciadas por expertos como Raúl Herrero, ingeniero que presta servicios de asesoramiento en materia de agua. Asegura que en cada cuenca hidrográfica hay entre tres y seis técnicos de seguridad en presas que están "con el culo al aire", porque no cuentan con los recursos ni técnicos, ni humanos, ni económicos necesarios para llevar a cabo un control exhaustivo y continuo de las presas bajo su supervisión. "No tienen personal para hacer el mantenimiento de las compuertas, ni la auscultación de la infraestructura para identificar filtraciones, presiones, subpresiones…", critica. Estas comprobaciones, afirma Herrero, se están haciendo "solo en algunas presas" de titularidad pública. En ocasiones se recurre a personal externo para hacer los análisis de seguridad, pero los contratos son irregulares y, en consecuencia, la prevención carece de una continuidad que la haga realmente útil, considera el experto.
Los embalses se sitúan en el 56% de su total, un 24% menos que hace un año
Según cálculos citados por Herrero, el volumen económico necesario para mantener una presa en condiciones asciende a 150.000 euros al año. Teniendo en cuenta las 1.350 existentes, el montante total ascendería a 200 millones de euros anuales. "Viene a ser la tercera parte de lo que se destina al mantenimiento de carreteras", compara el ingeniero. Según cálculos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), la estimación del valor total del agua embalsada en España (para riego, abastecimiento y uso hidroeléctrico) asciende a 4.598 millones de euros. 200 millones es el 4,3% de esa cifra.
A partir de las normas de 1967 y 1996, el Ministerio de Medio Ambiente exige a cada nueva construcción unas normas de protección y unos planes de emergencia a cumplimentar. Según explica Herrero, estos criterios a seguir se han visto beneficiados por un "camino de tecnificación y mejora" que, sin embargo, se ven frenados por "la falta de inversión para la implementación de dichos documentos en las presas".
El ingeniero advierte: "La mayoría tiene más de 50 años. Cuando falle algo, no podemos echarle la culpa al agua". La opinión de González es similar: mejor actuar ahora que actuar a posteriori, "cuando pase algo". Su conclusión es contundente y refleja una sospecha que circula entre los ingenieros, técnicos y demás responsables de la seguridad en la gestión hídrica del país: "Se está haciendo negocio a cambio de que la seguridad sea la del año 67".
Las presas españolas de titularidad privada construidas antes de 1996, el 71% del total, están sujetas en materia de seguridad a una ley elaborada en 1967. Una norma obsoleta que no tiene en cuenta los nuevos avances tecnológicos y que se redactó sin considerar las precipitaciones y el clima actuales. La regulación de 1996, la última aprobada en España de seguridad en presas, no se aplica las de titularidad privada anteriores a esa fecha, que son la mayoría. Expertos en infraestructuras hidráulicas advierten de que no se está haciendo lo suficiente para garantizar que, en caso de un fenómeno climatológico extremo, las presas hidroeléctricas, que mantienen embalses para riego o para abastecimiento no revienten o se desborden, reeditando tragedias como la de Tous (Valencia) en 1982, que se saldó con 25 víctimas mortales.