"Las pensiones son un pilar básico del Estado del bienestar que sirve de sustento a toda la clase trabajadora, por eso hay que defenderlas. Este es un problema que afecta a toda la sociedad". La que habla es Victoria Portas, abogada laboralista en ejercicio y una de las portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), el movimiento social al margen de partidos y sindicatos que sacó este jueves a miles de personas a la calle en noventa ciudades.
Portas ronda la cuarentena pero es una de las caras más visibles del colectivo que ha vuelto a poner encima de la mesa el recurrente debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. El hecho de que una de sus portavoces sea una trabajadora en activo pone de manifiesto la transversalidad que pretende alcanzar el colectivo. "No solo reivindicamos que nuestras pensiones no pierdan poder adquisitivo, que también; sino que los jóvenes de hoy puedan cobrar una pensión pública y digna en el futuro", señala Domiciano Sandoval, él si jubilado tras haber pasado parte de su vida trabajando de chófer de cargos de la Generalitat de Cataluña. Ahora tiene 67 años.
No obstante, tras las concurridas protestas de este jueves asumen que su gran asignatura pendiente es movilizar a sus hijos y, especialmente, a sus nietos. "El discurso hegemónico ha ganado la batalla y en las nuevas generaciones ha calado la idea de que el sistema no es sostenible y no merece la pena luchar por él. Nosotros insistimos en que no habrá pensiones dignas sin empleo y salarios dignos", dice Manuel Cabello, de 65 años, exempleado de una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social y activista en Sevilla.
"Nuestro objetivo es encontrar una solución real para el sistema y no que algo tan relevante se negocie de espaldas a nosotros. Estamos luchando por el futuro. El Gobierno ha planteado el tema del sistema de pensiones a cara de perro porque ha pensado que no iba a encontrar una gran oposición ni por parte de los jubilados, que al no haberse desmadrado el IPC estos años no han notado tanta pérdida de poder adquisitivo; ni de los jóvenes, que ya tienen asumido que no tendrán pensiones públicas. Esta es la situación que queremos cambiar", ilustra Sandoval, activista de Barcelona.
Para empezar, estarán en las movilizaciones previstas en torno a la huelga feminista del próximo 8 de marzo, pues quieren llamar la atención sobre las desiguales pensiones que reciben hombres y mujeres. Según datos de un informe de UGT, la brecha de género tras la jubilación se eleva hasta el 37%, lo que se explica por la mayor temporalidad e inestabilidad en el empleo que sufren las mujeres y su repercusión en las cotizaciones. "Poner el foco sobre esta discriminación para nosotros es vital", señala Sandoval. Además, también está sobre la mesa la idea de preparar una gran movilización en Madrid.
Activismo
Coinciden en que el camino que han transitado hasta llegar al éxito de las últimas convocatorias no ha sido fácil. En Cataluña varios activistas empezaron a reunirse hace cinco años, en 2013, cuando el Gobierno del PP aprobó la reforma que desligó la revalorización de las pensiones del IPC. Después fueron sumándose otras autonomías como Galicia, Andalucía o Madrid, donde se juntaron en septiembre de 2016 en una asamblea que supuso el germen de la coordinadora. "Sabíamos que si queríamos tener más impacto nos teníamos que mover a nivel estatal", señala Portas. Este jueves lograron sacar gente a la calle en noventa ciudades.
A partir de ahí comenzó un trabajo en dos frentes. Por un lado, en el ámbito institucional intentando que los partidos con representación parlamentaria llevaran al Congreso sus principales propuestas: jubilación a los 65 años, acabar con el factor de sostenibilidad o indexar de nuevo las pensiones al IPC. Unidos Podemos las plasmó en una proposición de ley que permanece vetada por la mayoría de PP y Ciudadanos. También el PSOE pidió en una proposición no de ley que las pensiones se adecuaran de nuevo a la subida de los precios. Esta iniciativa sí fue aprobada, pero no tiene valor legislativo.
"A pesar de que no creemos en la Comisión del Pacto de Toledo [donde se negocia una reforma del sistema de pensiones públicas], sabemos que ahí se está hablando del futuro del país y queremos estar. Es la negociación del mayor convenio colectivo de la historia", señala Portas, que defiende que las últimas convocatorias "demuestran" que la coordinadora sí tiene poder de movilización y que, en consecuencia, debería ser invitada a hacer sus propuestas en el Congreso.
La otra pata de su trabajo ha sido llevar a cabo una labor pedagógica y de difusión con charlas en locales sociales, centros de la tercera edad... Entre los impulsores de estas protestas hay activistas como Portas o Cabello que sí están o han estado vinculados al sector de la Seguridad Social, pero también otros como Sandoval que se han formado para poder dar estos talleres. Muchos de ellos vienen también del ámbito político o sindical, aunque otros han encontrado la conciencia crítica "con la edad". "Hemos leído y nos hemos informado mucho en los últimos años. No queremos que nos engañen más", dice este último.
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"En las conferencias explicamos cómo funciona el sistema, qué problemas tiene y de dónde surgen y cuáles creemos nosotros que son las soluciones: desde la propia transformación del sistema a la necesidad de hacer una reforma fiscal más progresiva o luchar contra la evasión en el pago de impuestos. La gente, que se suele quedar muy sorprendida, suele estar luego absolutamente receptiva", dice Cabello. "La banca está presionando tanto con el hecho de que hay que hacerse planes privados que se ha gestado un miedo que ha derivado en ganas de movilización al margen de partidos y sindicatos, que están aletargados", añade Sandoval.
El grupo es muy crítico con lo que presenta como la gran esperanza blanca para el futuro: los planes de pensiones privados. Precisamente el Gobierno anunció recientemente una rebaja en las comisiones de gestión de estos planes como una medida para "estimular" el ahorro y beneficiar a ocho millones de españoles. Sin embargo, las estadísticas de la Agencia Tributaria muestran que sólo el 9,5% de quienes ingresan menos de 30.000 euros anuales tiene un plan privado, pues son inasequibles para las rentas más bajas, que carecen de capacidad de ahorro, e incluso para las rentas medias, que dedican la mayoría de sus ingresos a la vivienda.
Cuando se les pregunta si con estas protestas se ha puesto la semilla de lo que podría ser el 15M de los jubilados, prefieren ser cautelosos. "Ojalá, trabajaremos para ello. Lo importante es que queremos hacer una lucha global por los derechos. Este tiene que ser un movimiento de solidaridad de ida y vuelta entre jóvenes y mayores", sentencia Sandoval.
"Las pensiones son un pilar básico del Estado del bienestar que sirve de sustento a toda la clase trabajadora, por eso hay que defenderlas. Este es un problema que afecta a toda la sociedad". La que habla es Victoria Portas, abogada laboralista en ejercicio y una de las portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP), el movimiento social al margen de partidos y sindicatos que sacó este jueves a miles de personas a la calle en noventa ciudades.