Al margen de debates más culturales que reales, la realidad es que la situación del agro español no es buena a día de hoy. Al margen de grandes explotaciones señaladas por las pésimas condiciones de sus empleados, o el impacto desmesurado de las macrogranjas, los pequeños y medianos agricultores están con el agua al cuello. La expresión es irónica porque, precisamente, la falta de recurso hídrico ya palpable y que se podría agravar durante todo el año se suma a otras presiones: la injusticia de la cadena alimentaria, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o el encarecimiento de todas las materias primas.
Las movilizaciones de las organizaciones agrarias confluirán en marzo en Madrid. Para entonces se sabrá si la ausencia de precipitaciones arruina solo la campaña del regadío, salvando los cultivos de secano, o si las pérdidas afectan a las dos modalidades. Mientras tanto, el elefante sigue en la habitación sin que apenas nadie se atreva a mencionarlo: el cambio climático ya está aquí y provoca que, simplemente, haya menos agua de la que se necesita para mantener la actual industria agroalimentaria. La escasez no es puntual.
En Andalucía ya lo saben, aunque la postura del Gobierno autonómico amenace espacios especialmente vulnerables a la sequía, como Doñana. La cuenca del Guadalquivir ha visto durante los últimos meses cómo se agravaba una situación que, como reconoce la propia confederación hidrográfica, se remonta a 2012. Desde entonces llueve menos de lo normal. La sequía meteorológica –ausencia de precipitaciones– en el sur ya fue advertida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace meses, y un otoño seco junto a un enero más seco aún solo han profundizado la herida. En una autonomía donde más del 80% de la demanda se la lleva la agricultura, la sequía hidrológica –falta de agua para todos los usos–es la que realmente pone contra las cuerdas al sector primario.
En Andalucía lleva años lloviendo por debajo de la media, un efecto más de la crisis climática: lo que antes era episódico se convierte en estructural. Pero la situación en Extremadura ilustra a la perfección que no solo se trata de la ausencia de precipitaciones, sino de las consecuencias de la sobredemanda. La región no lleva años con menos lluvias de las normales: la escasez solo se percibe en el último año, según los registros de la Aemet. Suficiente para que los regantes de la cuenca del Guadiana pidan a la Junta y al Gobierno que decrete medidas extraordinarias de compensación y auguren un 2022 complicado. El Ejecutivo autonómico reconoce el problema y el exceso de hectáreas que necesitan del recurso, prometiendo mejoras en la "eficiencia", pero a la vez asegura que los nuevos regadíos planteados no están en riesgo porque la sequía es ocasional.
En todo caso, enero ha sido extraordinariamente seco en todo el país, según el balance de la Aemet hecho público este lunes; lo que ha llevado a otras regiones que no estaban muy preocupadas por las precipitaciones a levantar la ceja, como Galicia o Cataluña, ya en estadio de prealerta. El problema es que la ventana de oportunidad para recuperar una cierta normalidad hidrológica se está cerrando. Aquí lo explica el meteorólogo del Estado Juan Jesús González: "Lo más probable es que no vayan a afectarnos lluvias generalizadas en febrero, por tanto, deberíamos tener un marzo-abril muy muy (casi imposible) lluvioso" para no pasarlo mal en verano.
La confederación hidrográfica del Guadalquivir, la cuenca más afectada, asegura que el suministro para la población está garantizado durante dos años. Para el campo no. Javier Alejandre, responsable de Seguros Agrarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), coincide con las previsiones de González: es demasiado tarde para un año normal, sobre todo en lo que se refiere al regadío, que tendrá que evitar siembras que necesiten demasiada agua en verano y que, a la espera de saber el recurso con el que cuentan en las zonas más afectadas, tendrán que regar solo los árboles que corren el riesgo de morir si no reciben humedad.
Para los cultivos de secano, explica, la situación es algo más benigna: las próximas semanas marcarán la diferencia entre "pérdidas consolidadas" y la reversión de la situación. "Estamos en un momento clave donde en las próximas semanas se podrían empezar a acumular pérdidas en el secano". En un escenario parecido se encuentra la ganadería extensiva o semiextensiva, que necesita de unos pastos que no brotan. "Los del suroeste están en una situación muy precaria", asegura el técnico de la UPA.
Los agricultores reclaman la publicación de un decreto de sequía que, entre otras medidas, apruebe generosas exenciones fiscales, dado que todo apunta a que va a ser un 2022 muy duro. En Andalucía ya se está tramitando; en Extremadura, las organizaciones agrarias han empezado esta semana pasada a reclamarlo con insistencia. Pero es solo la punta del iceberg del descontento del campo con el Gobierno. Se puede comprobar de primera mano en las manifestaciones que estos días recorren varias comunidades autónomas y que prevén confluir en marzo en la capital, Madrid.
Hay una mezcla de reivindicaciones concretas y difusas en la movilización del campo español. Alejandre repite en conversación con infoLibre una acusación que se suele repetir en las protestas: la ciudad, los urbanitas, no entienden las preocupaciones ni las necesidades del rural. Y el ministro del ramo, Luis Planas, es de los primeros. También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusado por una malinterpretación de sus palabras sobre la ganadería intensiva que replicó durante semanas la derecha con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León. Evidentemente, el Ejecutivo no puede hacer que llueva; pero, a juicio de las organizaciones, puede acelerar unos cambios que no terminan de llegar o puede frenar reformas que consideran perjudiciales.
Los cambios en los criterios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que dicta Bruselas y ha asumido Planas, que se aplicarán a partir de 2023, benefician a las grandes explotaciones y perjudican a los agricultores medianos y pequeños, considera la patronal y muchos de los que les acompañan en las movilizaciones. Y una cadena de producción perversa provoca que los que siembran el tomate y lo recogen tengan que vender el alimento por debajo de lo que les cuesta cultivarlo. A ello se le suma el aumento de los precios de la energía (gas, electricidad, gasolina) y de materias primas como fertilizantes o piensos.
Por un gestión inteligente de la sequía en España (y II)
Sin embargo, Planas ya está preparando una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para asegurar que ningún eslabón recibe un precio por verduras, frutas u hortalizas por debajo de los costes de producción. ¿Por qué entonces la hostilidad con el Ejecutivo? "Para los agricultores y los ganaderos acuciados por el día a día, eso no es una respuesta", asegura Alejandre: llevan pidiendo actuaciones desde hace dos años. Si la sequía termina rematando tanto al regadío como al secano, "será un factor de presión muy importante" en las movilizaciones contra la "tormenta perfecta" que acucia al sector, defiende el técnico de UPA.
Las organizaciones agrarias, por otro lado, acusan al Gobierno de ejecutar un "ecologismo radical" que les atenaza: aunque el Ejecutivo central no ha tomado ninguna medida ecologista que dañe especialmente al sector. Sí ha hecho que se cumpla la ley en el trasvase Tajo-Segura, cumpliendo el caudal ecológico (el mínimo de agua que necesita un río para mantenerse sano) que exige la Unión Europea; y ha apretado las tuercas contra las extracciones ilegales de agua en los entornos de Doñana y el Mar Menor, ecosistemas en estado crítico por culpa, entre otras razones, de la agricultura y la ganadería intensiva.
Los ecologistas reclaman una transición justa para el regadío español, que consideran sobredimensionado y culpable del desastre ecológico en demasiadas zonas de la Península: no solo una actuación decidida contra los agricultores que se saltan la norma y que le hacen la competencia desleal a los que la siguen, sino una reducción del tamaño del sector primario ante la evidencia de que cada vez va a haber menos agua. Por ahora, y a diferencia de otros negocios que han cerrado sus puertas por la acción climática como las centrales de carbón, ni las organizaciones, ni las autonomías, ni el Gobierno se plantean este escenario, ni siquiera de manera teórica. El campo sigue teniendo fuerza y capacidad de movilización. Pero no será la última sequía, ni la más grave.
Al margen de debates más culturales que reales, la realidad es que la situación del agro español no es buena a día de hoy. Al margen de grandes explotaciones señaladas por las pésimas condiciones de sus empleados, o el impacto desmesurado de las macrogranjas, los pequeños y medianos agricultores están con el agua al cuello. La expresión es irónica porque, precisamente, la falta de recurso hídrico ya palpable y que se podría agravar durante todo el año se suma a otras presiones: la injusticia de la cadena alimentaria, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o el encarecimiento de todas las materias primas.