“Instaurar los pilares firmes de la justicia y los derechos humanos”. Este es, en palabras del actor argentino Juan Diego Botto, el objetivo de la ley propuesta por los participantes en el acto de cierre del Congreso de Justicia Universal, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). David Couso, hermano del cámara de Telecinco asesinado en Iraq; Thubten Wangchen, víctima del genocidio del Tíbet; Buyemaa Mohamed-Moulud Ahmed, víctima del genocidio del Sáhara; Joaquín Vidal Ortiz, representante de las víctimas del terrorsimo; Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11-M; y víctimas del franquismo, en representación de los afectados por la extinción de la justicia universal, formularon una normativa contra “el desamparo que provoca la ausencia de justicia”.
“Cuando un Gobierno cierra sus oídos para no escuchar las voces de las víctimas, tenemos que gritar más fuerte, darnos la mano unos a otros y gritar tanto, tanto hasta que el Gobierno no se haga el sordo. Los gritos de ustedes harán que se despierte el Gobierno de su sueño profundo”. Son las palabras de Shirin Ebadi, abogada iraní y premio Nobel de la Paz, respecto al cerrojazo a la reforma de la justicia universal llevada a cabo por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Para la letrada iraní, “la justicia es el valor más importante que tiene una sociedad, y no puede venderse a cambio de los intereses económicos de un país y un partido político”.
Durante la jornada final del Congreso de Justicia Universal, la premio Nobel reivindicó el papel de los estados democráticos en la lucha contra la impunidad y la defensa y protección de los derechos humanos. “¿No sienten ninguna responsabilidad ustedes, los países democráticos, si ocurre un delito contra la humanidad en cualquier parte del mundo? ¿No despierta sus conciencias?”, preguntó Ebadi. Así mismo, la letrada iraní apeló a la “responsabilidad” de los Estados a la hora de “seguir con la justicia universal” mientras existan países como Irán, donde los tribunales “han perdido su independencia, para convertirse en marionetas en manos del gobierno y sus oficiales”.
La premio Nobel de la Paz recalcó que en materia de justicia universal “España tiene un historial increíble, y puede sentirse orgullosa de haber dictado órdenes contra dictadores”. A pesar de la casi extinción de la jurisdicción universal, la letrada iraní aseguró que aún tiene “esperanza en que la situación cambie y España vuelva a levantar la cabeza y sea pionero de nuevo en hacer justicia en el mundo”. En este contexto, penalistas de prestigio internacional y defensores de los derechos humanos proclamaron una ley alternativa en defensa de “la verdad, la justicia y la reparación”, explicó David Couso, hermano de José Couso, cámara asesinado en un ataque estadounidense en Irak, y protagonista de una de las 12 causas que debe ser sobreseída tras la reforma de la justicia universal.
“En este momento en el que nos están quitando todo”, señaló Couso, hay que defender “la jurisdicción universal como un instrumento eficaz contra los crímenes internacionales y la impunidad de sus perpetradores”. Tras este preámbulo, se presentaron “principios para abrir ventanas al futuro, para que se haga justicia y para que ninguna barbarie quede impune”, recalcó el actor argentino Juan Diego Botto, víctima de la represión argentina.
“Con independencia del lugar donde se haya producido el crimen y de la nacionalidad de las víctimas, siempre que los hechos no hayan sido juzgados por otro tribunal nacional competente, la jurisdicción universal será aplicable a delitos graves a nivel internacional”, reza uno de los capítulos de la propuesta. La “cooperación y coordinación entre los Estados”, la inclusión de la “jurisdicción universal en la legislación interna de los países”, o la “complementariedad de la Corte Penal Internacional”, son otros de los puntos recogidos en esta ley alternativa.
Que los “crímenes más atroces” lleguen hasta “los tribunales internacionales para criminalizarlos” es, para Benjamin Ferencz, fiscal de los Juicios de Núremberg, el objetivo del congreso organizado por FIBGAR y, por tanto, de la propuesta que él mismo apoyó durante la jornada de este viernes. Frente al “retroceso gravísimo” que supone la reforma de la justicia universal “en lo que respecta a protección de víctimas y ciudadanos de España, así como víctimas de otras nacionalidades”, el magistrado Baltasar Garzón apeló “a las conciencias de algunos que están sordos y ciegos respecto a los valores esenciales: la justicia y la reparación”. Que son, a su parecer, “elementos esenciales para evitar la repetición de lo que ya hemos sufrido”.
Intereses comerciales y venganza
“La derogación de la jurisdicción universal en España no es una reforma de la ley orgánica del poder judicial –apuntó Gaspar Llamazares, diputado de IU y secretario general de Izquierda Plural-, es simple y llanamente la derogación de la jurisdicción universal”. El diputado señaló, además, que para justificar esta reforma “hasta ahora nos hemos fijado únicamente en la deuda, en la relación comercial con China y Estados Unidos, en el comercio frente a la justicia”. Sin embargo, “nos hemos olvidado de la venganza, es la ocasión para la mayoría del Gobierno de darle punto y final no sólo a la jurisdicción penal internacional, sino también de cerrar la posibilidad de reparar a las víctimas de franquismo”.
Para Llamazares, tras la justicia transicional “aparece un dilema ético y político” que “sólo se puede solucionar a través de la deliberación publica, de la participación democrática, y del respeto a la ley y la Constitución”. Además, el diputado de IU denunció el proceso por el que se llevó a cabo la “derogación” de la justicia universal: “sin deliberación, sin debate público, de lectura única y sin enmiendas”. En este sentido, apuntó que la nueva normativa no sólo es “claramente inconstitucional”, sino que, además, supone un “escarnio con las víctimas cuando deja abierta la vía en relación con el terrorismo, y cierra la vía en relación con el genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Para Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, el problema que se plantea en torno a la reforma de la justica universal es “la vigencia del derecho internacional, de si los derechos humanos son de verdad universales como se declara”. “Estamos hablando de qué tipo de comunidad internacional queremos, basada en la paz o basada en una comunidad en la que los únicos sujetos son los grandes estados que quieren actuar al margen del derecho”, remarcó durante su intervención.
Baltasar Garzón: "El límite de la justicia universal tiene un motivo: se llama China"
Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional no sólo se han negado a cerrar las causas que dejan de estar amparadas por la justicia universal tras su modificación el pasado 14 de marzo, sino que, además, cinco de los seis magistrados que configuran el órgano judicial han condenado públicamente la reforma. La rebelión de los letrados es “una imagen periodística”, apuntó Sáez, “pero lo que está pasando es un conflicto jurídico, unas normas que están sobre la mesa en conflicto y es el juez quien decide cual tiene prioridad”. En este caso, la prioridad reside en “el derecho internacional y la Constitución”, enfatizó.
En lo que respecta a crímenes de carácter internacional, España, como parte firmante del Tratado de Roma, “tiene la obligación de investigarlos y enjuiciar a sus responsables”, explicó el magistrado de la Audiencia Nacional. “¿Queremos y quieren que la prohibición de los grandes crímenes estén vigentes o no?”, se interrogó Sáez, “si queremos que dejen de estar vigentes, los Estados tienen que cumplir con su deber de aplicar el derecho penal internacional en su persecución”. Respecto a las víctimas del franquismo y la improductiva ley de memoria histórica, el magistrado reconoció que “la emergencia de las víctimas nos ha obligado a reconocer que hubo grandes crímenes durante la dictadura”. Por este motivo, “el deber del Estado es investigar y enjuiciar esas responsabilidades delictivas”.
Las víctimas del franquismo tuvieron un lugar especial en la jornada de este viernes. La jueza argentina María Servini se encuentra estos días en España para investigar la querella contra los crímenes del franquismo en el proceso abierto en Buenos Aires. En este ámbito, Ana Messuti, abogada integrante del equipo jurídico de la causa del franquismo en Argentina, recalcó que “estamos en una carrera contra el tiempo, pero no el judicial, sino el humano, los querellantes se van muriendo, silenciando por problemas físicos”. “Las personas que han sido imputadas, y cuya extradición se ha negado, tienen un lugar de refugio que es España”, apuntó la letrada en relación a la extradición de dos presuntos torturadores del franquismo, llamados por la Justicia argentina pero cuya extradición fue denegada por España. “Lo ideal sería que el Estado asuma su soberanía jurisdiccional y juzgue esos crímenes”, sentenció al respecto.
“Instaurar los pilares firmes de la justicia y los derechos humanos”. Este es, en palabras del actor argentino Juan Diego Botto, el objetivo de la ley propuesta por los participantes en el acto de cierre del Congreso de Justicia Universal, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). David Couso, hermano del cámara de Telecinco asesinado en Iraq; Thubten Wangchen, víctima del genocidio del Tíbet; Buyemaa Mohamed-Moulud Ahmed, víctima del genocidio del Sáhara; Joaquín Vidal Ortiz, representante de las víctimas del terrorsimo; Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11-M; y víctimas del franquismo, en representación de los afectados por la extinción de la justicia universal, formularon una normativa contra “el desamparo que provoca la ausencia de justicia”.