La crisis sanitaria estalló mientras ellas, las trabajadoras del hogar, se encargaban de sostener los cuidados. La emergencia llegó a sus vidas y las señaló como esenciales. Pero mientras seguían trabajando sin descanso, las ayudas no llegaban. El Gobierno de Pedro Sánchez diseñó, con el fin de abordar las especificidades del sector, un paquete de medidas destinado a solventar los problemas de las trabajadoras domésticas. Desde este martes, las empleadas pueden acogerse a las ayudas. Pero lo hacen en medio de la incertidumbre: qué pasa con la economía sumergida, con las compañeras sin papeles y por qué ha tenido que pasar más de un mes hasta lanzar el salvavidas.
La prestación asistencial de desempleo para empleadas domésticas está dirigida a aquellas trabajadoras que hayan sido despedidas a consecuencia del covid-19. También podrán percibirla quienes hayan visto reducida su carga de trabajo o aquellas trabajadoras cuya actividad profesional ha sido suspendida por el empleador. Los requisitos, estar dada de alta en la Seguridad Social, antes del 14 de marzo. Y poder acreditar los perjuicios generados por la crisis.
En el momento de descolgar el teléfono, Paola Verdejo está rellenando el formulario para acceder a las ayudas y recabando la documentación necesaria. Todavía no es la hora de comer, así que pausa su actividad para hablar unos minutos con este periódico. Llegó de Chile hace doce años, los mismos que lleva trabajando como empleada del hogar. No tiene otra opción dice: la imposibilidad de acceder a una prestación por desempleo le impide formarse. Si pierde un trabajo, al día siguiente tiene que estar buscando otro.
Desde hace cinco años y medio trabajaba para una familia. Cuidar a los niños, limpiar la casa y hacer los recados. Sus empleadores la despidieron como consecuencia de la crisis del covid-19, aunque lo hicieron a través de la figura del desestimiento. Este instrumento permite al empleador rescindir el contrato sin necesidad de alegar causa alguna. Verdejo tiene muchas dudas respecto al subsidio. "Es un 70% de la base cotizada, pero yo trabajaba diez horas al día aunque sólo cotizaba por ocho", comenta.
Los tiempos también han hecho mella en las trabajadoras. "Dicen que el SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] tiene un plazo de tres meses para resolver, pero llevamos casi dos meses de confinamiento", recuerda la empleada. Las cuentas son claras: cinco meses sin ingresos. "Si teníamos algo, ahora mismo no hay manera de seguir subsistiendo".
Verdejo vive en Madrid, sostiene a una familia monomarental y se encarga también de cuidar a su madre. Las horas de más le permitían rozar los mil euros. Para llegar a fin de mes, compaginaba su trabajo principal con otros cuatro más. "Pero sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajando en negro", explica. Normalmente salía de su casa, expone, a las 6:45 horas y según el día podía estar de vuelta bien entrada la noche, a las 23:00 horas. Los sábados también trabajaba. "No sé cómo lo hacía, me las ingeniaba y me llegaba para combinar todo", reflexiona.
Ella se considera afortunada por poder acceder a las ayudas, pero recuerda que no todas sus compañeras corren la misma suerte. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió ya en 2016 del amplio número de empleadas del hogar trabajando sin contrato. Cifraba ese dato en un 30% del total. Las últimas estadísticas oficiales revelan que 393.358 empleadas del hogar están dadas de alta en la Seguridad Social, pero la última Encuesta de Población Activa (EPA), relativa el primer trimestre del año, muestra a un total de 576.000 empleadas que dicen trabajar en el servicio doméstico. Por tanto, el 31,7% formaría parte de la economía sumergida.
Carolina Elías preside la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). "¿Si se murió mi jefe?, ¿si no tengo carta de despido?, ¿si no tengo papeles, no tengo derechos?". Son algunas de las preguntas que ha ido abordando estos días, con el anuncio de las ayudas. "Hay compañeras que están trabajando por horas, cotizando en un sitio mientras en otro no les quieren dar el alta", describe al otro lado del teléfono. Ocurre, además, que buena parte de quienes sobreviven en la economía sumergida son mujeres migrantes sin papeles. "Son todas ellas las que no van a poder acceder a los subsidios".
Casilla de salida
Para Verdejo, "ha llegado el momento de hacer las cosas bien". Brota entonces una retahíla de tareas pendientes, precedida por una irrenunciable: la ratificación del Convenio 189 de la OIT. El tratado, firmado por países como Portugal, Italia o Alemania, otorga protección específica a las trabajadoras domésticas, con el objetivo de su equiparación al resto de asalariados.
Las empleadas del hogar pertenecen al Sistema Especial del Régimen General, de manera que no pueden acceder a derechos como la prestación por desempleo y tampoco cotizan por su salario real, sino en base a distintos tramos. Cuando se incluyó a este colectivo en el apartado especial, se acordó un periodo para su incorporación total al Régimen General. Sin embargo, el plazo fijado en un inicio se ha ido postergando de manera sistemática –gracias a la enmienda 6777–. A finales de febrero, la ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó su voluntad de ratificar el convenio internacional. En ese compromiso se detienen las trabajadoras y piden ambición.
"Celebramos la medida, pero llega tarde", expresa Elías, quien lo achaca a un "claro acto discriminatorio contra el sector". En ese sentido, reclama que toda medida pensada para ellas se torne definitiva y permanente. "Supuestamente estamos dentro del Régimen General, pero seguimos en un sistema especial que nos mantiene en desigualdad", clama. Sus demandas pasan por "acceder al paro como el resto y regularización para todas aquellas mujeres que están trabajando".
Elena Blasco Martín, secretaria de Mujeres en Comisiones Obreras, comulga con la necesidad de "corregir la desigualdad y discriminación histórica" que arrastran las trabajadoras del hogar, tanto aquellas que forman parte de la economía sumergida como quienes sí están dadas de alta. La desigualdad de la que habla Blasco Martín se ha acentuado, sostiene, con la crisis del coronavirus. Especialmente teniendo en cuenta que, hasta ahora, "no tenían permiso de desempleo ni acceso a los protocolos de seguridad para evitar los contagios".
La sindicalista entiende que es urgente un cambio normativo que conlleve la regularización de este colectivo. "Entre otras cosas porque quedan expuestas a situaciones de abuso, tanto laboral como sexual", lo que a fin de cuentas "alimenta esa informalidad". Por eso defiende no sólo la firma del Convenio 189 de la OIT, sino también del 190, relativo a la violencia y el acoso sexual en el trabajo.
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Blasco Martín se detiene también en los domicilios como espacios de trabajo y los riesgos que esta particularidad entraña. "Hay una impunidad en el domicilio porque la Inspección de Trabajo no puede acceder a él para revisar la salud, la seguridad y la relación laboral". Por eso el sindicato insiste en el papel clave de la negociación colectiva para "reclamar la plena equiparación". Sin embargo, la herida sindical supura en el seno del colectivo. "Es muy difícil llegar a ellas", reconoce la portavoz, "no existe comunicación entre las trabajadoras y la propia relación laboral, vinculada al domicilio, hace que queden mucho más aisladas". Todo ello, matiza, respecto a quienes sí tienen contrato. "Las que no tienen una relación laboral legal o se encuentran internas, no sólo tienen dificultades de acceder a información sindical, sino también a una vida social normal".
Blasco Martín confía en que las medidas trazadas por el Ministerio de Trabajo se configuren como la casilla de salida hacia "un camino de trabajo para la dignificación plena del sector". Un colectivo, incide, que ahora "ha demostrado lo esencial que es, pero que siempre ha sido imprescindible".
Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan, en respuesta a infoLibre, al Ingreso Mínimo Vital como fórmula para cubrir a "aquellas personas trabajadoras que están en los márgenes y que no pueden ser cubiertas con los mecanismos habituales del desempleo". Igualmente, las mismas fuentes reconocen el valor y la urgencia de la equiparación entre las trabajadoras del hogar y el resto de personas asalariadas, "tanto en condiciones de trabajo –incluyendo la protección por despido– como en cobertura de Seguridad Social –para incluir el desempleo–". Es, dicen, un objetivo del ministerio, que insiste en su compromiso en torno al Convenio 189 de la OIT como fórmula de reparación principal.