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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) conocida este jueves sobre Doñana se veía venir. España, y donde dice España se refiere a Gobierno estatal y Junta de Andalucía, "debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana". El parque nacional, con más de 54.000 hectáreas, es una de las mayores reservas ecológicas del continente. Junto al parque natural que la rodea es un santuario de la biodiversidad, a caballo entre dos mares, tres provincias y dos continentes que se está muriendo. Más bien la están matando. Todo el mundo sabe que el ecosistema no puede soportar más presión hídrica. Desde hace años, las medidas son insuficientes y el "punto de no retorno" está cada vez más cerca.
¿Por qué se muere Doñana? Por sus aguas superficiales y subterráneas que extrae tanto el abastecimiento como, sobre todo, los cultivos de regadío de fresa y arroz que se implantaron en la zona a principios del siglo XXI. Según cálculos de WWF, cuya delegación española nació hace décadas bajo el nombre de Adena al calor del conflicto en la marisma, hay 1.600 hectáreas de consumo hídrico intensivo que son ilegales, porque carecen de permisos, y cientos de pozos fuera de la normativa. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha redoblado esfuerzos para cerrar extracciones, a pesar de las amenazas y las agresiones sufridas por los agentes encargados. Los ecologistas valoran los avances, pero consideran que es necesaria una actuación contundente e integral.
"Lamentablemente hemos tenido que llegar a esta sentencia. Ojalá hubieran cumplido sus obligaciones antes", asegura el responsable de Doñana de WWF, Juanjo Carmona. "Hablo de la Junta y el Gobierno, aunque la responsabilidad es casi más de la Junta de Andalucía", gobernada por PP y Cs con el apoyo en la investidura de Vox. La sensación de los activistas es de resignación y de bochorno ante el varapalo de la justicia europea, que ha constatado una realidad evidente. "Hay que entender de vez por todas que tenemos un recurso finito", ataca. "No podemos estirar más el chicle. Cada día que pasa tenemos menos margen. Nos acercamos a un punto de no retorno".
El cambio climático juega su papel. Hace casi una década que llueve menos de lo normal en Doñana, por lo que la regeneración del agua se complica. En las próximas décadas va a ser igual... o peor. "Hemos tenido nueve años consecutivos sin un año húmedo. 2021, probablemente, sea igual. Esto no permite que el acuífero tome fuerzas", señala el activista de WWF.
Javier Castroviejo es un biólogo gallego, presidente de la asociación Amigos de Doñana y durante 14 años director de la Estación Biológica del parque. Tiene un discurso simple, pero que entraña complejidad y contundencia. A su juicio, el problema que evidencia ahora el TUE pero que está claro desde hace más de dos décadas es uno: ni se cumplen las leyes ni se quieren cumplir. "Doñana esta así, en estado crítico, por el incumplimiento generalizado de las leyes", asegura. "Todos esos planes que dicen que van a hacer... no tienen la mayor importancia", dado que hay decretos vigentes desde el siglo XX que siguen esperando su cumplimiento. Las consecuencias en forma de multa de Bruselas, recuerda, las pagaremos todos.
No se trata de una transformación natural, recuerda Carmona. El equilibrio entre agua dulce y salada y la convivencia entre biotopos distintos está continuamente sujeto a modificaciones. "Los romanos no conocieron la marisma", asegura: hace dos siglos, todo el territorio estaba inundado por el mar. Pero esos cambios se suceden durante mucho tiempo, permiten la adaptación de su flora y de su fauna. La llegada del regadío sin límites condujo a Doñana a tomar la senda de la desertización. Los ecologistas no solamente defienden la marisma: recuerdan que, si se agota el agua, la actividad económica tampoco podrá subsistir. Es un acelerón suicida, un tiro en el pie.
Las medidas planteadas hasta 2027
Esta semana, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó los nuevos planes hidrológicos, que regirán el destino de las masas de agua del país de 2022 a 2027. Son, consideran los expertos, mejores que los del anterior ciclo: más actividades, menos manga ancha con las actividades extractivas, más respeto por los ecosistemas y, por primera vez, la consideración seria de los efectos del cambio climático. Entrarán en vigor una vez incluyan las aportaciones de la sociedad civil mediante el periodo de participación pública. En el borrador conocido el pasado lunes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se plantea una serie de medidas que, consideran, logrará mejorar el estado de las masas de agua del entorno natural.
Se plantean, principalmente, cuatro grandes actuaciones a nivel de infraestructura: una nueva instalación de depuración de aguas residuales en Matalascañas, el recrecimiento del embalse del Agrio para mejorar su capacidad y la conexión vía transvase de Matalascañas con la depuradora de Palos, para saciar a los alojamientos turísticos que requieren agua potable cada verano, así como otro trasvase para extraer recursos de la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, más desahogada. La Confederación declara en "mal estado" los acuíferos de La Rocina, Almonte y la zona conocida como Marismas, al norte del parque natural. Reconoce que, con lo planteado, nunca se llegará al estado previo a la intervención humana, pero que se logrará remontar la situación.
Los planes hidrológicos se hacen en base a un documento llamado Esquema de Temas Importantes, que elabora un análisis de la situación y propone varias alternativas. En el de la cuenca del Guadalquivir, la propia Confederación reconocía que había un plan posible, calificado como "maximalista", que "tendrían como consecuencia la reversión de la hidrología a un estado similar al previo a la intervención humana a gran escala". La administración propone la eliminación "de todos o mayor parte" de los regadíos que se alimentan de las aguas subterráneas, bien siendo comprados por el Estado o bien siendo abastecidos con aguas superficiales o depuradas. No ha sido, finalmente, la escogida. Se veía venir. ¿La razón? En el propio Esquema de Temas Importantes, se le pone cifra a la acuñada "alternativa 1": 500 millones de euros en seis años. La alternativa 2, el escenario "posibilista" que se ha impuesto, tiene un precio de 150 millones de euros. El documento califica el número como "asequible".
"No son suficientes", zanja Carmona. "Una medida extrema –ironiza– es retirar las 1.600 hectáreas ilegales. Así consigues que el acuífero coja agua. No es una cuestión de ecología, es de economía. Al final, el problema va a ser para todos. El medioambiente cambiará pero el problema seguirá". Celebra con resignación que Matalascañas vaya a dejar de sacar el abastecimiento de la marisma, critica que se vaya a recurrir al agua de otra cuenca hidrográfica, clama por más recursos para vigilar y clausurar pozos y cultivos –el plan dice que mejorará la guardería, pero no detalla cómo– y pide una reconversión del sector que, de nuevo, brilla por su ausencia. "Se pueden hacer muchas cosas con imaginación" para conseguir que los agricultores de la fresa de Doñana sigan ganándose la vida sin esquilmar el ecosistema. Una transición justa.
Las que llevan 20 años sin cumplirse
La Justicia europea sentencia que España no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger el humedal de Doñana
Castroviejo clama por dos medidas que estaban previstas en un decreto ley de 1999 y que no se han ejecutado. 22 años. Se trata de la recuperación de los cauces del Guadiamar y del Caño de la Torre. Se habla mucho de los acuíferos y de su sobreexplotación y contaminación, pero en las marismas faltan aguas superficiales. En la zona este, explica, el suelo de la marisma es arcilloso e impermeable, por lo que el ecosistema se seca si no se nutre de aportes del Guadalquivir. Antes del aterrizaje del regadío "todo este retículo de cauces", con especial protagonismo de los antes mencionados, "actuaban como verdaderos corredores biológicos. Ahora la mayoría están destruidos y canalizados. Lo que era un precioso paraje ahora es un canal que priva del agua a la marisma".
El decreto del 99, elaborado como respuesta al desastre de Aznalcóllar, preveía su recuperación. No se ha hecho. El plan hidrológico reconoce que las aportaciones del Guadiamar son vitales, pero no plantea actuaciones al respecto: se limita a asegurar que la desconexión "ha sido revertida parcialmente en los últimos años con las actuaciones del programa Doñana 2005, que permiten la entrada de caudales a la marisma con crecidas ordinarias". Una vez más, los expertos que llevan 20 años trabajando sobre el terreno consideran que no es suficiente.
A diferencia de otros planes hidrológicos, en esta ocasión no hay un escenario dibujado más allá del periodo de vigencia. Es decir, que la Confederación Hidrográfica no se plantea otra alternativa que no sea recuperar las masas de agua de aquí a 2027. Es un ahora o nunca para recuperar uno de los tesoros naturales del continente europeo.
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