Resumen del año
Siete asuntos políticos que coparán la atención en 2018
El nuevo Govern en Cataluña, los juicios por la corrupción del PP y por los ERE de Andalucía o la reforma de la Constitución que cumple 40 años centrarán la atención ciudadana en España. Entre las noticias internacionales destacan en 2018 la más que probable reelección de Putin, la salida del poder de Raúl Castro o la construcción del muro entre Estados Unidos y México.
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Formación del nuevo Govern y crisis en Cataluña
Las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre dejaron un escenario complicado de resolver. Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, fue la candidata vencedora en votos y escaños, pero las formaciones independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) consiguieron conservar la mayoría absoluta que ya alcanzaron en el año 2015.
La fecha para que se constituya el Parlament es el próximo 17 de enero y en un plazo de diez días desde entonces debe celebrarse la primera sesión de investidura. Hasta entonces, los partidos deberán buscar los pactos necesarios para conseguir formar el nuevo Govern, que marcará el camino a seguir en 2018: si se continúa o no con el procés por la vía unilateral. A priori, las formaciones independentistas tienen más fácil formar un nuevo Ejecutivo con un pacto entre ERC y Junts per Catalunya y el apoyo o la abstención de la CUP. De hecho, Arrimadas ha declinado tomar la iniciativa para buscar una mayoría alternativa, consciente de que los números no le dan.
Sinembargo, un total de ocho diputados soberanistas –Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados a Bruselas y los tres encarcelados en Estremera)– pueden tener problemas para asistir al pleno de la investidura. Según informaron fuentes de JxCat a infoLibre, Puigdemont quiere negociar a través de sus abogados un acuerdo con la Fiscalía para pactar su entrega a cambio de que el Ministerio Público no solicite su ingreso en prisión provisional. En caso de no asegurarse esta condición y quedarse en Bruselas, no descartan renunciar a sus actas de diputados para no privar así de los votos necesarios para que los independentistas formen el nuevo Govern. Desde el Gobierno de Rajoy y desde la Fiscalía rechazan cualquier tipo de acuerdo con Puigdemont y aseguran que si regresa a España ingresará en prisión.
Esquerra ya ha confirmado su decisión de apoyar la investidura de Puigdemont, pero si éste renuncia, los republicanos se plantean la hipótesis de proponer la investidura de su líder, Oriol Junqueras. En Junts per Catalunya, sin embargo, no están por la labor y consideran que, si finalmente no es investido Puigdemont, les corresponde a ellos como lista independentista más votada elegir al candidato. Para ese plan B suena con fuerza el nombre de Jordi Sànchez, líder de la ANC encarcelado y que fue de número dos en la lista de Puigdemont.
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La Constitución española cumple 40 años
Con la sombra del eterno debate de su reforma, la Constitución cumple este 6 de diciembre 40 años. El blindaje con la que se aprobó en 1978 complica que, sin un amplio consenso político, se lleven a cabo modificaciones en la Carta Magna. Las condiciones y el procedimiento legal está escrito en los artículos 167 y 168 de la Constitución, donde se determina que para aprobar una reforma constitucional se necesita una mayoría de 3/5 partes del Congreso y el Senado (210 diputados y 160 senadores) si lo que se quiere cambiar no afecta a la definición que la Constitución hace de España y al resto del Título Preliminar, a los derechos y libertades de los españoles o a la Corona. En caso de querer cambiar alguna de esas partes se necesita una mayoría de 2/3 de ambas Cámaras (233 diputados y 177 senadores).
En estas cuatro décadas se han introducido cambios en la ley fundamental en dos ocasiones. El primero se produjo en 1992, tras la aprobación del tratado de Maastrich, en el marco de la creación de la Unión Europea. El artículo ocho sección B del texto, según afirmó el Tribunal Constitucional, se oponía al artículo 13.2 de la Constitución Española. Este punto especificaba que todo ciudadano de la Comunidad Económica Europea debía poder presentarse a las elecciones municipales en los países miembros si residía en ellos. Por ello, PSOE, PP, Convergencia i Unió, CDS, Izquierda Unida y PNV llegaron a un pacto y sumaron 332 diputados para modificar la Constitución y adaptarla a Maastrich, garantizando el derecho de sufragio pasivo en las municipales de los ciudadanos europeos residentes en España
La segunda modificación tuvo lugar en el año 2011, durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la crisis económica en su punto álgido, desde la Unión Europea se quiso que España aceptara incluir en el artículo 135 el "principio de estabilidad presupuestaria", que impedía a las instituciones públicas superar un déficit concreto, limitando así su gasto. Esta reforma llegó de la mano de un acuerdo entre PSOE y PP que sumaron 321 diputados. El resto de partidos votó en contra, pero los diputados críticos no sumaron el 10% necesario para forzar la celebración de un referéndum de ratificación de la reforma.
Ahora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido con el secretario general del PSOE a abordar una nueva reforma constitucional. O eso es al menos lo que aseguró Pedro Sánchez en el marco de las conversaciones con el Gobierno para aplicar el artículo 155 en Cataluña. Pero son muchos los que dudan de la voluntad real del PP de abordar una reforma de calado. De momento, en enero empezará a funcionar una comisión territorial que debería ser la antesala del debate posterior sobre los cambios constitucionales, pero dicha comisión nace medio muerta ya que ni Podemos ni los partidos nacionalistas asistirán a ella.
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Los juicios pendientes por corrupción
La financiación del Partido Popular lleva años bajo la lupa de los jueces, y 2018 no va a ser la excepción. Hay un total de seis casos abiertos, cinco de los cuales son relativos a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del PP: Púnica, Lezo, Taula, los papeles de Bárcenas, la financiación del PP valenciano y el caso Palma Arena.
Los asuntos judicializados abarcan los últimos 25 años: desde los papeles de Bárcenas, donde se reflejan anotaciones de hasta 1990, hasta el caso Lezo, donde en una pieza se investigan las convocatorias electorales municipales y autonómicas de 2015.
Ninguna de ellas ha sido cerrada y, previsiblemente, su investigación continuará también en el año que entra. Púnica, Lezo –centradas en los manejos del PP madrileño y conectadas entre sí– y TaulaTaula–la vertiente valenciana que alcanzó popularidad por su vertiente del pitufeo o blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades– todavía continúan en la primera fase de instrucción.
Por su parte, la investigación sobre los papeles de Bárcenas ha vuelto de manera parcial a las manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio.
Las dos últimas causas ya tienen la fecha fijada para el inicio de la vista oral: la investigación sobre la financiación del PP valenciano comenzará el próximo 15 de enero en la Audiencia Nacional, mientras que las sesiones del caso Palma Arena arrancarán el 5 de febrero.
Todos estos escándalos de corrupción tienen el mismo detonante común, o al menos los indicios muestran que lo tienen: se basan en el falseo de facturas para camuflar trabajos al partido que, sin embargo, acababan abonando empresarios afines.
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El juicio de los ERE de Andalucía
El pasado 13 de diciembre comenzaba el juicio de la parte política del caso ERE, la pieza más relevante al implicar a quienes ocuparon la presidencia de la Junta de Andalucía durante 23 años: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La jueza María Núñez Bolaños, que sucedió a Mercedes Alaya al frente del caso, tratará de delimitar la legalidad o no de un sistema de reparto de más de 850 millones de euros de ayudas sociolaborales por parte de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011.
Según la investigación llevada a cabo durante la fase de instrucción, ese dinero se destinó, mediante un proceso extraordinario, a agilizar la concesión y pago de subvenciones a empresas para financiar el coste de despidos colectivos o las ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. El auto que cerró esta primera fase situó el punto de partida de este supuesto fraude en la Consejería de Empleo, donde durante casi diez años fue director general de Trabajo Javier Guerrero que, a pesar de no ser "cargo competente", fue el encargado de conceder las ayudas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Chaves diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación mientras que para Griñán pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Las declaraciones judiciales de los procesados se iniciarán en enero y el juicio se prolongará durante meses.
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Raúl Castro abandona el gobierno de Cuba
El año 2018 será histórico en Cuba. Raúl Castro, actual presidente del país desde que tomara el relevo a su hermano Fidel en el año 2006, saldrá del Gobierno en el próximo mes de abril. Esto podría significar el primer traspaso de poder desde 1959 a alguien que no pertenezca a la familia Castro.
El Parlamento, en una sesión presidida por Castro –algo poco habitual–, votó el pasado 21 de diciembre a favor de prolongar el mandato de las asambleas provinciales hasta el 25 de marzo y el de la propia Asamblea Nacional hasta el 19 de abril. El proceso electoral arrancó el 26 de noviembre y aún está pendiente la elección de los delegados municipales, primer escalón para elegir después a las asambleas provinciales y finalmente a la Asamblea Nacional. Una vez conformado el nuevo Parlamento, tendrá como primera tarea designar al sucesor de Raúl Castro.
Conforme al cronograma inicial, este relevo de poder debía producirse el 24 de febrero de 2018, por lo que supone estirar unos meses el mandato presidencial de Castro. No obstante, aunque ceda la Presidencia del Consejo de Estado el próximo año, se mantendrá como secretario general del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta 2021.
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Elecciones en Rusia
El 18 de diciembre comenzaba la campaña electoral de las elecciones que se celebrarán en Rusia el próximo 18 de marzo de 2018. Una vez más, y después de la incógnita sobre si presentaría su candidatura, el actual presidente, Vladimir Putin, anunció que será candidato para un nuevo mandato. "Presentaré mi candidatura para el cargo de presidente de la Federación de Rusia", anunció el pasado 6 de diciembre durante un acto en Nizhni Novgorod. A sus 65 años, Putin es presidente de Rusia desde el año 2000, con un breve lapso entre 2008 y 2012 en que fue primer ministro. Todo apunta a que se si se presenta ganará con comodidad, puesto que goza de un amplio respaldo en los sondeos, cercano al 80%.
Sin embargo, los pocos días que lleva el país sumergido en la campaña electoral no han estado exentos de polémica. La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfilova, aseguró el pasado 24 de diciembre que su organismo detecta intentos de injerencia foránea de toda clase en los comicios que se celebran en territorio ruso.
Además, la Comisión Electoral Central (CEC) denegó al opositor Alexei Navalni la posibilidad de registrar un grupo de apoyo a su postulación como candidato independiente para las presidenciales, alegando sus antecedentes penales que todavía no han sido cancelados. En respuesta, el opositor anunció que apelará la decisión y llamó a boicotear las elecciones presidenciales.
Expulsado de la carrera electoral su principal opositor, el camino para la victoria de Putin –que era más que probable incluso con Navalni como candidato– parece completamente despejado.
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Construcción del muro entre Estados Unidos y México
La justicia investiga la financiación ilegal del PP en seis casos de corrupción
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Fue una de sus promesas electorales más polémicas y no parece que se quede únicamente en eso. Finalmente, puede que se convierta en una realidad. Carla Provost, jefa interina de la Patrulla Fronteriza estadounidense, anunció el pasado mes de junio que la intención era que las obras de construcción del muro que separará Estados Unidos y México comenzaran en la primavera de este año recién comenzado. "Estamos trabajando diligentemente para, si recibimos los fondos, poder empezar en marzo o abril de 2018", afirmó.
Desde el mes de septiembre, según publicó El País, comenzó la construcción de ocho prototipos distintos, pertenecientes a cuatro empresas diferentes que aspiran a lograr el contrato para levantar el muro definitivo.
Sin embargo, una vez estén todos listos y se adjudique la obra definitiva, ¿cómo se pagará? El presidente de Estados Unidos todavía no ha conseguido los 22.000 millones de dólares que se estima que cueste el proyecto. De momento, la Cámara de Representantes ha aprobado 1.600 millones de dólares.
