Que la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la séptima que regulará este ámbito en democracia, da un giro hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos es un mantra que docentes, padres y alumnos de la escuela pública llevan defendiendo desde que se conoció el primer borrador. El proyecto que salió del Ministerio de Educación ya contenía algunos aspectos que sugerían un giro hacia la remodelación neoliberal de la enseñanza que inició Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Ahora, tras su paso por el Congreso y el Senado, el texto que será refrendado en la Cámara baja apuntala determinados aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo, las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada o la renovación de conciertos. infoLibre resume las principales concesiones a la escuela privada que prevé la reforma educativa:
01. Demanda social
La batalla entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales– ha sido uno de los puntos de conflicto tradicionales entre izquierda y derecha en el terreno educativo. No obstante, fueron los socialistas los que en 1985 implantaron la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Ahora, la nueva legislación educativa que se aprobará en el Congreso incluye el concepto de "demanda social" a la hora de programar las plazas.
Es decir, señala que la preferencia de los padres estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública y que la creación de centros concertados no será una decisión del Gobierno de cada comunidad en función de su planificación y sus necesidades sino que por ley cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado.
Por otra parte, la ley actual, de 2006, señala que “las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. El nuevo texto, sin embargo, no precisa si estas nuevas plazas tienen que ser concertadas y públicas y se limita a reseñar que se deberá asegurar la existencia de "plazas suficientes".
02. Enseñanza en castellano
La ley Wert también fortalece la apuesta por la enseñanza en castellano en todas las comunidades. En este sentido, señala que "la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular".
Aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz se dirige a Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en una escuela pública es practicamente imposible. Lo que realmente quiere decir este punto es que el Ministerio de Educación anticipará los fondos para pagar colegios privados con clases en castellano para las familias que lo soliciten y no vean satisfecha su demanda en centros públicos o concertados.
03. Segregación por sexos
El proyecto de reforma educativa que el Gobierno remitió a Las Cortes ya contemplaba el blindaje a la financiación pública de los centros que segregan por sexo. Se recogía que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y añadía que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". Sin embargo, el PP, en su paso por el Senado, aceptó dos enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) encaminadas a beneficiar la educación separada por sexos.
Gracias a la primera de ellas la reforma incluirá una disposición transitoria por la que permitirá volver a solicitar el concierto a los centros a los que se les denegó en 2013 por el "único motivo" de tener un modelo segregador y que en principio estaba vetados para volver a solicitarlos hasta 2017, pues los conciertos se suelen suscribir cada cuatro años. Se trata de 17 centros –ubicados en Andalucía y Galicia– que rechazaron ser mixtos y a los que ambas impidieron la entrada de nuevos estudiantes con patrocinio público. Varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) no permite que se financien con dinero público. En estas se cuestiona no el modelo, sino que sea financiado con dinero público. La segunda enmienda hará que estos colegios no tengan que justificar su proyecto para suscribir el concierto.
La protección a estos conciertos en la nueva ley no es de extrañar si se tiene en cuenta que su principal impulsor, el ministro de Educación José Ignacio Wert, se ha referido a la escuela que separa por sexos como "una opción de libertad"
04. docentes
En su tramitación en el Congreso también se incluyó una enmienda del PP para que los profeores de la privada puedan corregir las reválidas que el Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Es decir, corregirán los exámenes que decidirán si un estudiante pasa de ESO a Bachillerato o de este a la Universidad. Hasta ahora, la tarea de corregir los exámenes de Selectividad –que desaperecerá dentro de tres cursos– estaba destinada únicamente a funcionarios.
En un informe no vinculante, el Consejo de Estado ya cuestionó que el proyecto de ley no especificara si la correción de esas evaluaciones "se va a ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por empresas privadas". El PP enmendó el texto en este sentido para permitir que agentes externos puedan hacer esa tarea.
05. Renovación conciertos
La reforma del ministro Wert también dará mayor seguridad jurídica a los centros concertados, tal y como venía reclamando la patronal del centros privados. Y lo hará aumentando el número máximo de años para renovar los conciertos, una fórmula que, hasta esta reforma, se regía por un real decreto que no ha cambiado de manera sustancial desde 1985. Ahora, en Primaria se pasa de un periodo máximo de cuatro años a un mínimo de seis. En Secundaria el mínimo también serán cuatro. Al eliminar el establecimiento de un tope máximo se facilita la renovación automática siempre que se cumplan las condiciones.
Es decir, los centros que tengan alumnado suficiente y pidan el patrocinio público podrán ampararse en esta norma a pesar de que la Administración pueda determinar que no es necesario porque en la zona hay plazas públicas suficientes.
06. Participación
La que será la séptima norma que regulará la educación en democracia también cambia las atribuciones de los consejos escolares. Pasarán a ser órganos meramente consultivos que no decidirán ni aprobarán nada. Se limitarán a informar y evaluar. Los centros concertados también están obligados a tener un órgano de estas características, algo que las patronales de la escuela privada subvencionada consideran una injerencia en sus competencias. Mas aún desde la LOE, porque esa reforma incluyó entre sus miembros a un “concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro”. Ahora la LOMCE elimina esta figura.
El PP impone sin un solo apoyo su reforma educativa
07. Religión
La llamada ley Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.
Estas modificaciones también puede interpretarse como un giro hacia la enseñanza concertada, pues los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso.
Que la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la séptima que regulará este ámbito en democracia, da un giro hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos es un mantra que docentes, padres y alumnos de la escuela pública llevan defendiendo desde que se conoció el primer borrador. El proyecto que salió del Ministerio de Educación ya contenía algunos aspectos que sugerían un giro hacia la remodelación neoliberal de la enseñanza que inició Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.