Al menos siete investigados por blanqueo en la operación Púnica se acogieron a la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno en 2012, y así consta en la información del sumario que hasta ahora permanecía secreta.
Al margen de si también se benefició o no de la amnistía el imputado más importante, Francisco Granados, extremo que aún sigue en la zona de penumbra del caso, entre esos siete figuran el intermediario financiero del hasta 2015 senador del PP y su socio David Marjaliza, así como varios empresarios y una prima del anterior rey, Inés de Borbón.
Las dudas sobre Granados se sustentan en un factor clave: la amnistía aprobada por Cristóbal Montoro permitía que los defraudadores se acogieran a ella como personas físicas o a través de sus empresas. Dado la panoplia de compañías con las que Granados operaba y de las que era propietario o copropietario real, resulta más difícil confirmar o descartar si también él se benefició de aquella "regularización extraordinaria".
Los siete investigados lo son en el sentido literal del término pero no todos en el de la nueva terminología aplicada para definir a los imputados. De hecho, uno de ellos, el empresario Jesús Roa Baltar, falleció el mismo año de 2012. Y otras dos mujeres, una de ellas esposa del empresario Amadeo Semper y otra, cuñada del intermediario financiero Michael Langdon, no consta que hayan ido a declarar en calidad de investigadas/imputadas.
Ahora bien, los siete figuran en varios informes incorporados a la causa y que, emitidos bien por Hacienda bien por la Guardia Civil, detallan los nexos que unen a los siete: todos ellos participaron en lo que el argot policial conoce como "operaciones de compensación", un viejo sistema de blanqueo utilizado por reputadas tramas mafiosas como, por ejemplo, la de Gao Ping y de la que también Granados y Marjaliza se valieron.
En resumen, cada uno de los siete utilizó sus respectivas cuentas suizas para transferir fondos a las que en ese mismo país poseían Granados y Marjaliza. A cambio, obtenían dinero en metálico en España.
Por ejemplo, la mujer de Michael Langdon, un británico nacionalizado español que ejercía de intermediario financiero para Granados y Marjaliza, transfirió a las cuentas del político y su socio 206.000 euros en total. Cuando llegó el momento de acogerse a la amnistía fiscal, su declaración sobre sus bienes en Suiza reflejó "unos rendimientos positivos" de 4.609 euros, con lo que pagó a Hacienda 460, es decir, el 10%. Una carta firmada por ella misma desvela que a 31 de diciembre de 2010 en esa cuenta había más de 300.000 euros procedentes "de una herencia".
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La prima del rey
La prima del rey investigada por el juez Velasco transfirió a Granados y Marjaliza 69.000 euros en total. El 28 de noviembre de 2012, relata Hacienda en uno de sus informes, Inés de Borbón y Borbón presentó su declaración tributaria especial "por importe total o valor de adquisición de los bienes y derechos de 191.243,09 euros, ingresando la cantidad de 19.124,31".
Un párrafo más adelante, la Agencia Tributaria precisa que otra declaración formulada por la aristócrata, la del llamado Modelo 720, refleja 25 bienes localizados en el extranjero. El predominio total era para los valores, seguros o rentas (23 en total), seguidos de los "valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros". Según la Guardia Civil, todos esos bienes sumaban más de tres millones. En 2012, su declaración de IRPF le salió a devolver.
Al menos siete investigados por blanqueo en la operación Púnica se acogieron a la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno en 2012, y así consta en la información del sumario que hasta ahora permanecía secreta.