La campaña antisindical eleva el tono y la ambición. No ha sido suficiente con programar una intensa y sostenida agenda de descalificación mediática a manos, fundamentalmente, del aparato conservador. La infantería de combate activada por algunos poderes económicos y políticos contra el movimiento sindical se extiende ahora al poder judicial en un intento de criminalizar a los sindicatos y lanzar una ofensiva penal contra el derecho de huelga. No conocen límites.
Llegados a esta situación hemos de ser contundentes. El sindicalismo es consustancial a la democracia; es parte esencial del modelo constitucional; y es una herramienta innegociable para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Los sindicatos, en este tiempo de liberalismo a ultranza y de capitalismo de casino, constituyen una barrera infranqueable frente a los intentos repetidos de demoler el estado social y acabar con el derecho del trabajo.
Somos conscientes de que un poderoso sector de la derecha económica y política española, lejos todavía de la madurez democrática de otras derechas europeas, ha visto la oportunidad de asestar un duro golpe -ellos dirían, un ‘golpe de gracia’- al movimiento sindical, aprovechando la incertidumbre que genera la crisis económica y financiera que ellos mismos alumbraron. La profunda involución legislativa en todo lo que afecta al mundo del trabajo, el creciente recurso al decreto como forma de gobernar y la masiva destrucción de empleo incentivan las dudas en la población asalariada acerca de la utilidad de los sindicatos. En ese contexto, cabe explicarse la interminable campaña de acoso y derribo que vienen practicando varios medios de comunicación, sin que por ello ignoremos algunos errores nuestros.
Y no olvidemos que las políticas autoritarias en tiempos de crisis no solo se concretan en los derechos laborales, afectan a derechos de ciudadanía, como la Ley de Seguridad o la Ley del aborto que vienen a cerrar el círculo de un proyecto de sociedad, el que impulsa el Gobierno de Rajoy, de acusado sesgo conservador.
Pero ahora, asistimos a una nueva vuelta de tuerca, una lluvia fina de sanciones y procesos abiertos a dirigentes y representantes sindicales –fundamentalmente de CCOO, aunque también de UGT y otros–, que van desde desproporcionadas sanciones económicas a peticiones fiscales de cárcel por el mero hecho de animar y convocar una huelga general. Es el Gobierno directamente, a través del Ministerio Fiscal, el que ha recrudecido el ataque a los sindicatos, retorciendo el ordenamiento jurídico para encausar a cientos de sindicalistas. Pocos han levantado la voz, los grandes medios de comunicación guardan silencio y solo algunos digitales progresistas se hacen eco de la situación en que se encuentran los representantes sindicales.
¿Puede alguien explicar en democracia las razones que llevan al fiscal a solicitar 8 años de cárcel para los integrantes de un piquete que animaron a la huelga general de septiembre de 2010 en Airbus? ¿O la burda acusación contra la secretaria general de CCOO de les Illes Balears de romper el cristal de un bus, hechos que niegan todos los testigos, y por los que le piden 4 años y medio de cárcel? Y no hablo de meras conjeturas. La semana pasada ingresaron en la cárcel dos integrantes de un piquete que llamaron a participar en la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada, para los cuales CCOO ha exigido su inmediata puesta en libertad.
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Nadie debe confundirse. Estas conductas autoritarias, debidamente amparadas por las sucesivas contrarreformas del ministro Gallardón, son un acicate para el movimiento sindical, para CCOO. Nos enorgullece a quienes ejercemos la actividad sindical; hace que nos sintamos más fuertes, más útiles, más imprescindibles. El tiempo de “sindicatos a la carta” o impuestos por decreto pasó a la historia. Si es necesario, seremos intransigentes en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Es una exigencia democrática.
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Fernando Lezcano es secretario de Organización y Comunicación de CCOO
La campaña antisindical eleva el tono y la ambición. No ha sido suficiente con programar una intensa y sostenida agenda de descalificación mediática a manos, fundamentalmente, del aparato conservador. La infantería de combate activada por algunos poderes económicos y políticos contra el movimiento sindical se extiende ahora al poder judicial en un intento de criminalizar a los sindicatos y lanzar una ofensiva penal contra el derecho de huelga. No conocen límites.