El plan de "urgencia" acordado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano de poder de los jueces– para reforzar el sistema judicial ante el previsible aumento de demandas por el dinero cobrado de más por los bancos por las cláusulas suelo, que este sábado cumplió un mes desde su entrada en vigor, no está sirviendo para el objetivo principal por el que fue ideado: agilizar las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.
Así lo aseguran sindicatos y representantes de consumidores consultados por infoLibre, que coinciden en que la carencia de medios está provocando que la mayoría de expedientes estén todavía sin incoar, por lo que ya se ha empezado a acumular un retraso que augura "colapsos" inminentes. Un portavoz del CGPJ, sin embargo, sostiene que es "apresurado" hacer este tipo de valoraciones y asegura que los 15 juzgados que ya empezaron a operar desde el 1 de junio sí cuentan con los jueces "comprometidos". Pero los sindicatos se quejan de que el resto de funcionarios extra –gestores, tramitadores y auxilio judicial– o no se están incorporando o lo están haciendo a cuentagotas.
La pieza clave de ese plan es que un único juzgado "especializado" con sede en cada una de las capitales de provincia examine todas las causas relacionadas cuestiones hipotecarias y otros productos bancarios que tengan lugar en esa provincia. Es decir, no sólo cláusulas suelo, sino también vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa...
Consecuencias advertidas
Esta cuestión ya había generado las críticas de los jueces decanos, que en un comunicado advirtieron de las consecuencias de derivar a un único juzgado "los mismos centenares de demandas" que antes se repartían por toda la provincia. Hay que tener en cuenta, además, que estos juzgados son exclusivos pero no excluyentes, por lo que siguen participando en el reparto habitual de asuntos de los juzgados de primera instancia. Sólo en el primer mes de funcionamiento de estos juzgados se presentaron 15.801 demandas a través del sistema online de gestión procesal LexNET en 12 autonomías, según el CGPJ, que estima que podrían ser más de 190.000 el primer año.
De los juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, con 2.803. Le siguen el de Barcelona, con 1.033; y el de Valencia, con 834. En los de otras provincias como Jaén, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Bizkaia se han registrado más de 500 demandas, según datos del CGPJ.
Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), asegura que al contrario que en el resto de juzgados donde la plantilla ya está completa y funcionando, en muchos de los juzgados especializados el juez titular aún no se ha incorporado o las instalaciones no están listas. "Las demandas están sin incoar y ya ha pasado un mes –lo habitual son dos o tres semanas–, así que ya han empezado a acumular retraso. Es un mecanismo disuasorio para los ciudadanos", señala.
Así lo certifican también los representantes de los trabajadores de los juzgados. Luis Calero, secretario general del Sector de Administración de Justicia de CCOO, asegura que en las comunidades en las que el Estado todavía mantiene las competencias en materia judicial –Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia– estos juzgados especializados siguen sin contar con personal funcionario de refuerzo (secretarios judiciales, gestión, tramitación y auxilio judicial), pues el CGPJ únicamente aporta a los jueces. El resto de autonomías sí han ido aportando personal "en mayor o menor medida en expectativa de cómo evolucione la carga de trabajo.
En todo caso, Calero confirma que la tónica general es que, sólo en cuestiones relacionadas con hipotecas, están entrando en estos juzgados el mismo volumen de demandas que de todo el resto de casos. El representante de CCOO recuerda además que hay una previsión de aumento de estas demandas porque estos juzgados también acogerán las reclamaciones de los gastos de constitución de hipoteca, que está todavía empezando a judicializarse y que sí afectan a todos los préstamos hipotecarios.
Vicente Navarro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), también cree que las medidas de refuerzo son "totalmente insuficientes". En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona, al que se ha atribuido esta tarea, ese personal de refuerzo se traduce en una magistrada y dos funcionarios, aunque está previsto que se incorpore un tercero este lunes. "Con este panorama se calcula que hasta el 19 de julio la magistrada no podrá empezar a ver las primeras demandas de las 900 presentadas", asegura. En el juzgado de Madrid, que "nació saturado" según los sindicatos, las demandas presentadas alcanzaban las 1.100 la semana pasada.
Doble efecto
El plan tampoco gusta a los letrados. De hecho, el Consejo General de la Abogacía –el máximo organismo rector de los abogados españoles– presentó el pasado 15 de junio ante el Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del CGPJ que autorizaba un plan que consideran que "agrava" el problema que trata de solucionar. Los letrados también critican el "sobrecoste" que supone para los ciudadanos que viven fuera de las capitales de provincia, que se verán obligados a desplazarse para reclamar en sede judicial el dinero cobrado de más por las entidades financieras por las cláusulas suelo.
Patricia Suárez, de Asufin, también cree que este plan favorece a lo que se ha venido a llamar la 'industria litigiosa' porque centraliza los asuntos en la capitales de provincia. "Así, el consumidor se verá obligado a contratar abogados y procuradores de estas ciudades si quiere reducir costes. Todo esto se contradice con lo que sucedió con las demandas de preferentes, cuando se obligó a los afectados a demandar en su localidad para no colapsar los juzgados de Valencia donde Bankia tenía su sede social", explica.
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A juicio de Calero (CCOO), esta iniciativa del Ministerio de Justicia y el CGPJ va a tener un doble efecto. Por un lado, no se va a atender "con la debida rapidez y eficacia" a los demandantes, lo que supone una ventaja para las entidades financieras, que van a tener más tiempo para formular ofertas más ventajosas para ellas que eviten los pleitos. Y, por otro, los juzgados van a verse "sobrepasados en unos términos insoportables".
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Esta información ha sido actualizada para incluir los datos sobre número de demandas proporcionados por el CGPJ el lunes 3 de julio.
El plan de "urgencia" acordado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano de poder de los jueces– para reforzar el sistema judicial ante el previsible aumento de demandas por el dinero cobrado de más por los bancos por las cláusulas suelo, que este sábado cumplió un mes desde su entrada en vigor, no está sirviendo para el objetivo principal por el que fue ideado: agilizar las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.