La opacidad que denuncian los grupos de la oposición al Partido Popular en las Corts de la Comunidad Valenciana en lo que tiene que ver con el aeropuerto de Castellón, una infraestructura por la que no circula un solo avión, ha vuelto a ser puesta de manifiesto en el último informe de la Sindicatura de Comptes.
El documento, que estudia el ejercicio de 2012 y al que ha tenido acceso infoLibre, considera que a lo largo de este año ha habido "incumplimientos significativos de la normativa aplicable al Aeropuerto de Castellón SL (ACSL) en la gestión de los fondos públicos". El análisis es preciso. Y pone el foco en lo relacionado "con el área de contratación".
Se trata de una irregularidad no corregida en el tiempo y que viene de lejos. A finales de 2013, este diario informó de que a lo largo de 2009 la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón concedió cuatro contratos calificados de "menores" con precios comprendidos entre los 21.139 y 34.800 euros, IVA incluido. Se trata de cantidades muy por encima de la fijada en la Ley de Contratos que, en su modificación de 2007, puso el techo a este tipo de contratos en los 18.000 euros, IVA exluido. Hasta esta modificación, el límite había sido los 12.000 euros.
El máximo responsable de estas adjudicaciones 'a dedo' fue Carlos Fabra. Hasta marzo de 2013, el expresidente de la Diputación de Castellón, ejerció como presidente de este proyecto que lleva años consumiendo dinero público sin prestar servicio alguno. A finales del pasado año, Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública tras un largo proceso en los tribunales.
El último informe de la Sindicatura de Cuentas critica en primer lugar, no tener constancia de que el órgano de contratación de ACSL "haya aprobado los pliegos de condiciones con carácter previo a la licitación [de los contratos], ni que se sometan a informe jurídico".
Además, subraya que "en los expedientes revisados [los correspondientes a 2012] no hay constancia documental en la que se justifique la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato". Un argumento más que refuerza las críticas de opacidad de partidos como Esquerra Unida. Esquerra Unida
Respecto a este mismo tema, la sindicatura denuncia la existencia de contratos que modificaron sus elementos esenciales y en los que echa de menos que se abriera una nueva licitación. Y contratos en los que no está clara la fórmula de pago de cada una de las fases.
Adjudicaciones millonarias para una infraestructura sin aviones
Este diario adelantó en exclusiva a mediados de noviembre que la empresa de control de tráfico aéreo Saerco ha recibido más de un millón de euros de Aerocas. Se da la circunstancia de que Aerocas pertenece a Ildefonso de Miguel, un hombre próximo al PP. De Miguel era uno de los hombres fuertes de Ignacio González, ahora presidente de la Comunidad de Madrid, hasta que el 29 de julio de 2009 presentó su dimisión como gerente del Canal de Isabel II rodeado de polémicas adjudicaciones.
Firmado en Castellón el 1 de junio de 2012, por Carlos Fabra de una parte e Ildefonso de Miguel de otra, el contrato de prestación de servicios de tránsito aéreo en la torre de control de este aeropuerto, contempla dos fases. La primera denominada "fase pre-opening" y la segunda, "fase de operación".
Fuentes de la Generalitat confirmaron a infoLibre que, hasta la fecha, se han pagado a Saerco los 905.829 euros de la primera etapa de la fase pre-opening. "El pago se ha satisfecho por la fase pre-opening de designación y preparación del servicio en la torre de control", sostienen las citadas fuentes, que precisan que se trata de algo "preceptivo en cualquier aeropuerto que vaya a abrirse".
De los 600.000 euros presupuestados para la etapa pre-opening 2, fase concreta en la que se encuentra el aeropuerto, ya se han abonado 120.000 euros en concepto de "vuelos de calibración y revisión de equipos requeridos en el proceso". En total, la empresa de De Miguel se ha embolsado 1.025.829 euros por el contrato que firmó con el entonces presidente de Aerocas.
Tras revisar este contrato, la Sindicatura de Cuentas sostiene lo siguiente: "En la fase de iniciación de la contratación, no hay constancia documental en la que se justifique adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato".
También hace este informe hincapié en que la comunicación de este contrato al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat "se ha producido con un retraso de un año sobre el plazo legal" y en que "no se ha enviado el anuncio del contrato adjudicado a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas".
Inexperiencia
En los últimos años, Saerco se ha hecho con los contratos de prestación de servicios de tránsito aéreo en las torres de control de varios aeropuertos españoles. Saerco es una marca comercial de la empresa Spanish Airways SL, constituida en marzo de 2011 y cuyo objeto social es "la prestación de servicios de gestión, consultoría, formación, promoción, representación, mantenimiento, asesoramiento y apoyo técnico, legal y fiscal en el ámbito aeronaútico nacional e internacional". Su administrador único es la sociedad Zubenelgenubi SL y su representante Ildefonso de Miguel. Spanish Airways SL fue creada con un capital de 702.000 euros. Y Zubenelgenubi SL fue constituida en septiembre de 2009, pocos meses después de que el exhombre fuerte de Ignacio González abandonara el Canal.
Algunas de las adjudicaciones a Saerco en aeropuertos españoles han sido vistas con malestar en el sector de los controladores aéreos. El grueso de las críticas se dirigían a su supuesta inexperiencia. Para suplir esta carencia, la firma se alió con la compañía checa ANS CR.
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Opacidad sobre el destino del dinero público
Conocer el coste real de esta infraestructura desde que se iniciaron las obras hasta el día de hoy es una demanda permanente de los grupos de la oposición en Les Corts. No obstante, siempre se topan con la mayoría absoluta de los conservadores. Precisamente, el PP rechazó a finales de 2013 en el pleno de la Cámara autonómica crear una comisión de investigación sobre el coste de construcción y explotación del aeropuerto como pedía Compromís.
Con esta propuesta, respaldada por toda la oposición, la coalición de izquierdas pretendía también tener datos sobre "las condiciones de resolución del contrato entre Aerocas y Consesiones Aeroportuarias (Conaer)".
La opacidad que denuncian los grupos de la oposición al Partido Popular en las Corts de la Comunidad Valenciana en lo que tiene que ver con el aeropuerto de Castellón, una infraestructura por la que no circula un solo avión, ha vuelto a ser puesta de manifiesto en el último informe de la Sindicatura de Comptes.