El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana se encuentra ingresado desde el pasado lunes en el Hospital La Fe de Valencia. Detenido en el marco de la denominada operación Erial, el exministro de Trabajo fue trasladado al centro sanitario desde la cárcel de Picassent, donde se encuentra en prisión preventiva, aquejado de una enfermedad de injerto contra huésped, una afección provocada por el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al que se sometió para hacer frente a la leucemia que padece desde el año 2015. Con las defensas cada vez más bajas, tanto su médico como numerosas personalidades políticas han pedido la puesta en libertad del que fuera peso pesado del PP para que pueda tratarse fuera de prisión. Una medida de carácter excepcional que, según los juristas consultados por infoLibre, está contemplada para todos aquellos internos que se encuentran “en situación de extrema gravedad” y siempre y cuando así puedan acreditarlo “con certificaciones médicas”.
La excarcelación por enfermedad de presos con condena firme está recogida en el Código Penal. Por un lado, en su artículo 80.4, la norma establece que jueces y tribunales podrán “otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno” cuando el penado “esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”. Por otro, recoge en su artículo 90.3 que se puede conceder la libertad condicional a un interno y acordar la suspensión del resto de pena que le quede por cumplir si, a causa de su enfermedad, “el peligro para la vida” del preso “fuera patente” y así lo acreditase “el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario”. Esta libertad por “motivos humanitarios”, insiste Concepción Rodríguez, portavoz de Foro Judicial Independiente, debe estar perfectamente respaldada “con certificaciones médicas”.
¿Y en prisión preventiva?
Pero sobre el exministro de Trabajo no pesa, por el momento, sentencia firme. Zaplana se encuentra desde el pasado mes de mayo en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. En este caso, y con la investigación Erial todavía en marcha, la jueza encargada de la instrucción deberá determinar a la hora de analizar la petición de excarcelación “si existe riesgo de fuga, de ocultación o destrucción de pruebas y de reiteración delictiva”, explica Celso Rodríguez, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que añade que a la hora de hacer esta valoración “no es equiparable el caso de una persona aquejada de una enfermedad terminal que el de otra que puede disfrutar de esa libertad en plenitud”. “A la luz de estos criterios, y si no se aprecia ningún riesgo en relación con ellos, entonces habrá que ver si hay alguna alternativa a la prisión”, completa el magistrado.
Porque, al igual que pasa con los internos condenados, la legislación española también contempla la excarcelación de presos preventivos por motivos sanitarios. “El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el investigado o encausado salga de su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia precisa”, fija el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Preguntados por las medidas que deberían adoptarse en este caso, ambos juristas apuntan a “la retirada del pasaporte” o la “obligación de comparecencias periódicas”. “El dispositivo de localización está reservado para delitos como lesiones, violencia de género, homicidio o contra la libertad sexual…”, detalla Celso Rodríguez.
“Una vida totalmente normal”
La defensa del expresidente de la Generalitat ya ha solicitado en varias ocasiones la puesta en libertad de su cliente alegando razones humanitarias. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga la operación Erial, ha rechazado en todo momento la excarcelación. La primera negativa se produjo el pasado 4 de junio, cuando la magistrada Isabel Rodríguez denegó la petición de la defensa de Zaplana alegando que “quien comete presuntamente un delito debe asumir las consecuencias de sus actos” y recordando que las vigilancias a las que se sometió al expresidente de la Generalitat revelan que su vida ha sido “muy activa”, desplazándose “de un sitio a otro sin llevar mascarilla, en un medio hostil donde se puede coger cualquier tipo de virus”. Además, consideró que la petición del exministro de usar el gimnasio de la cárcel evidenciaba “que se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece”.
El rechazo de la instructora se produjo después de estudiar el informe médico forense encargado por el juzgado. Un documento en el que se señalaba que, aunque el control en la cárcel es “totalmente correcto”, la estancia en prisión “incide de forma muy negativa en la patología que sufre”. Tras la primera negativa, la defensa presentó una nueva petición con su propio informe médico. Sin embargo, la jueza señaló que dicho diagnóstico aportado giraba en torno a “un futurible que no tiene por qué suceder” y recordó que el exministro siempre ha llevado “una vida totalmente normal”, incluso en escenarios donde “el riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad es mucho mayor” que en el entorno de “una enfermería con un equipo que controla diariamente el estado de salud del preso preventivo, y que le suministra los medicamentos y la alimentación que le está prescrita en su tratamiento y que lo lleva a sus controles programados y ante la mínima duda lo traslada al Centro Hospitalario”.
A comienzos de agosto, la magistrada volvió a denegar la libertad a Zaplana, una solicitud formulada por la defensa del exministro después de conocer un nuevo informe médico que aseveraba que la probabilidad de que el expresidente de la Generalitat presentase “una infección grave con riesgo vital” en los próximos tres meses era “cercana al 100%”. Después de este nuevo rechazo, el caso se llevó ante la Audiencia Provincial de Valencia, que también se negó a ponerle en libertad. En su auto, la Sección Quinta del órgano judicial dio por válidos los argumentos esgrimidos hasta la fecha por la instructora de la operación Erial –“la intensa actividad tanto profesional como social que desarrollaba”– y señaló que existía riesgo de que el exministro de Trabajo pudiera fugarse “a países con igual o mejor sanidad” para eludir la acción de la Justicia. “Con su salida de España no tendría siquiera por qué verse interrumpido su tratamiento ni la atención médica que recibe”, sentenció la Audiencia.
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Los políticos piden su puesta en libertad
A finales de noviembre, el doctor Guillermo Sanz, jefe del servicio de Hematología del Hospital La Fe, se pronunció al respecto en redes sociales: “Los médicos no entienden de Derecho y los jueces no entienden de Medicina y menos de leucemia o trasplante. Sin embargo, todos deberían entender de humanidad. Y lo de Eduardo Zaplana es inhumano”. Y esta semana, tras su ingreso en el centro sanitario, el debate se ha trasladado a la arena política. El melón lo abrió el Partido Popular, que desde su cuenta oficial de Twitter apuntó que la vida del que fuera en su momento peso pesado de la formación política “está en serio peligro” y pedía “un poco de humanidad” para que el exministro “siga tratándose su enfermedad desde un hospital y no desde un centro penitenciario”. Un mensaje que consiguió poner de acuerdo a buena parte del arco parlamentario.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró de acuerdo con la petición de la formación conservadora porque “cualquier preso, haya hecho lo que haya hecho, merece que se respete su dignidad si sufre una enfermedad como la de Zaplana” y señaló que “la humanidad engrandece la democracia”. En la misma línea se pronunciaron el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el senador de la coalición abertzale Jon Iñarritu. También el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados destacó que la prisión preventiva “se tiene que aplicar sólo en casos muy determinados” y apuntó que, “desde el punto de vista humanitario”, no es adecuado que el exministro se encuentre con su enfermedad en prisión porque “hay medidas para preservar” que Zaplana no pueda cometer nuevos delitos cuando esté en libertad.
El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana se encuentra ingresado desde el pasado lunes en el Hospital La Fe de Valencia. Detenido en el marco de la denominada operación Erial, el exministro de Trabajo fue trasladado al centro sanitario desde la cárcel de Picassent, donde se encuentra en prisión preventiva, aquejado de una enfermedad de injerto contra huésped, una afección provocada por el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al que se sometió para hacer frente a la leucemia que padece desde el año 2015. Con las defensas cada vez más bajas, tanto su médico como numerosas personalidades políticas han pedido la puesta en libertad del que fuera peso pesado del PP para que pueda tratarse fuera de prisión. Una medida de carácter excepcional que, según los juristas consultados por infoLibre, está contemplada para todos aquellos internos que se encuentran “en situación de extrema gravedad” y siempre y cuando así puedan acreditarlo “con certificaciones médicas”.