“Hoy [Jorge] Fernández Díaz ha vuelto al Congreso de los Diputados reencarnado en Margarita Robles”. La frase no es de Gabriel Rufián (ERC) ni de Mertxe Aizpurúa (EH Bildu), sino de Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. El escándalo del presunto espionaje a líderes independentistas ha situado a la ministra de Defensa en el punto de mira de la formación minoritaria del Gobierno y de los socios parlamentarios. Estos últimos amenazan con tumbar el decreto que despliega las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania si el Gobierno no mueve ficha.
Fuentes de la formación republicana aseguran a infoLibre que dirigentes históricos del partido están reclamando que voten no al decreto, que se vota este jueves. "Tenemos una presión importante, no tanto de Junts (su socio de gobierno en Catalunya) sino de las propias bases del partido", trasladan. Los 13 diputados de ERC se mueven entre votar no o recurrir a la abstención.
"Nuestra apuesta por el diálogo y la negociación es granítica pero, de momento, pídale el teléfono al señor Casero", ironizó desde su escaño el portavoz de ERC, en referencia al diputado del PP que salvó con su voto la reforma laboral el pasado mes de febrero. Más allá fue el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al pedir la dimisión de Robles. Según el dirigente catalán, la ministra de Defensa está “incapacitada políticamente para seguir” en su cargo y para gestionar “el peor escándalo de espionaje de las últimas décadas”.
Otros como Pablo Echenique han sido más sutiles. Sin citarla expresamente, el portavoz de Unidas Podemos ha llamado a “asumir responsabilidades políticas” y ha reclamado que "rueden las cabezas" de los responsables de este espionaje, que afecta también a abogados y activistas además de a representantes públicos. Fuentes de la dirección de la formación morada creen que la caída de Robles contribuiría a destensar las relaciones con sus socios. “Si no se arreglan las cosas, la legislatura está muerta”, han advertido. En Unidas Podemos aseguran que la presencia de Robles en el Ejecutivo les "viene bien" para confrontar con el PSOE, pero insisten en que "nadie es imprescindible": "Hay que garantizar la estabilidad".
Una tesis corroborada por Mertxe Aizpurúa. “Hay una quiebra de confianza que puede abrir un abismo porque las explicaciones ofrecidas son vagas, difusas y confusas", expresó. Un argumento que completó el portavoz del PdeCat, Ferrán Bel, que sí citó a la ministra: “Margarita Robles como responsable del CNI es la que deberá dar más explicaciones y asumir mayores responsabilidades”, señaló el catalán, uno de los dirigentes presuntamente espiados.
El representante del PNV, Aitor Esteban, no reclamó la dimisión pero sí la interpeló directamente este miércoles: “¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era usted? En la comisión de secretos no se va a solucionar nada. Si creen que lo van a solucionar con una mera sesión, dos rondas de preguntas por cada portavoz, están equivocados. Aprueben la comisión de investigación y desclasifiquen los documentos”.
Los socios demandan la creación de una comisión de investigación sobre Pegasus
El día anterior, los partidos soberanistas acompañados de Unidas Podemos, Más País y Compromís leyeron una declaración conjunta en el patio del Congreso contra el espionaje en el que ya apuntaban a la autoría de Robles. “Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos”, señalaba el comunicado.
Con todo, Robles ha garantizado este miércoles que tanto el Gobierno como sus organismos públicos cumplen "escrupulosamente" la ley y ha emplazado a la comisión de Gastos Reservados del Congreso para poder dar todas las explicaciones, ya que las actuaciones del CNI están sujetas a secreto por ley. "A lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido", señaló. En este contexto, Robles preguntó "qué tiene que hacer" un Estado o un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas o "está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania".
En privado, los socios del Gobierno reconocen que Pedro Sánchez no dejará caer a Robles “a no ser que de ello dependa su propia cabeza” y no ven probable que la ministra de Defensa dimita. Sin embargo, sí creen que el Ejecutivo debería tener “gestos de buena voluntad” hacia estas formaciones, como la creación de una comisión de investigación (al margen de la de secretos oficiales) para esclarecer lo ocurrido. Lo que demandan es que el Congreso abra una investigación sobre el "espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".
Lo que piden Unidas Podemos, BNG, EH Bildu, ERC, Junts, CUP, PDeCAT, PNV, Compromís y Más País es que la comisión trabaje como mínimo seis meses para "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado". Demandan, asimismo, que se realicen pesquisas sobre la "responsabilidad" y el "mal uso" de las "estructuras técnicas de los Departamentos de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia y la vinculación de dichas estructura con el espionaje".
También demandan aclarar el coste de los contratos y los pormenores de los procesos de contratación para el desarrollo o la compra de Pegasus y de otras herramientas usadas para el espionaje "por parte de los estamentos oficiales". Además, reclaman plantear "medidas de resarcimiento" a todos los afectos por estas actuaciones. Sin embargo, según trasladan fuentes de diversas formaciones, el PSOE no estaría dispuesto a facilitar la creación dicha comisión.
Bolaños cita a ERC, PdeCat y Cs para salvar el decreto 'in extremis'
UP y los independentistas se unen para señalar al CNI y a Robles como responsables del espionaje
A veinticuatro horas de que se vote en el Congreso el decreto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido con tres formaciones para intentar salvar la votación (Esquerra Republicana, PdeCat y Ciudadanos) y ha mantenido contactos con los portavoces del Partido Popular, EH Bildu y otros de los socios habituales. El objetivo prioritario del Gobierno es que el decreto sume más síes que noes. De lo contrario decaería y ya no se aplicaría la rebaja de la gasolina 20 céntimos por litro, el tope por ley a la subida de los alquileres o la subida del Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.
La preocupación es tal que Pedro Sánchez ha anulado el viaje que tenía previsto hacer a Polonia, confirmado apenas unas horas antes, y programado para este jueves 28 y viernes 29 de abril. En el Ejecutivo temen que se repita el mismo escenario que en la votación de la reforma laboral aunque en este caso, algunas fuentes trasladan que la tensión "no es tan grande" como la vivida entonces.
Según ha podido confirmar este periódico, el Ejecutivo cuenta con los votos favorables del PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), PdeCat (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PRC (1) y Teruel Existe (1): 168 síes en total. Ni ERC ni EH Bildu han trasladado el sentido del voto. "Está todo abierto aún, no hay una decisión tomada. Hasta el discurso de mañana no lo anunciaremos", explican en la formación abertzale. Tampoco el PP lo ha querido despejar. El Gobierno se prepara para otra agónica votación.
“Hoy [Jorge] Fernández Díaz ha vuelto al Congreso de los Diputados reencarnado en Margarita Robles”. La frase no es de Gabriel Rufián (ERC) ni de Mertxe Aizpurúa (EH Bildu), sino de Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. El escándalo del presunto espionaje a líderes independentistas ha situado a la ministra de Defensa en el punto de mira de la formación minoritaria del Gobierno y de los socios parlamentarios. Estos últimos amenazan con tumbar el decreto que despliega las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania si el Gobierno no mueve ficha.