Stop Desahucios paraliza el desalojo de una mujer y su hija de ocho años en una localidad zaragozana

El desalojo de una mujer y su hija de ocho años de su vivienda en Tarazona (Zaragoza) quedó paralizado este viernes por decisión de la comisión judicial, que al llegar al piso se encontró a numerosos miembros de la plataforma Stop Desahucios y vecinos de la localidad zaragozana.

La casa de la que iba a ser lanzada era propiedad de su exmarido. El hombre había presentado una reclamación de desahucio por la ocupación ilegal de su casa.

Por su parte, la mujer había presentado previamente una denuncia por malos tratos, que ha conllevado una orden de alejamiento para el marido; una demanda de divorcio y, asimismo, el hombre había planteado una denuncia contra la mujer por amenazas serias. Todos estos procedimientos continúan pendientes de resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón explicó, en una nota de prensa, que este desahucio no puede ser contemplado dentro de los supuestos establecidos en el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios Comarcas y Provincias, acuerdo que establece su aplicación para casos de desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler.

Ninguno de estos supuestos hace referencia a la situación que afecta a esta mujer, llamada Rogia, ya que el juzgado de Tarazona no ha dictado ninguna resolución otorgándole el uso y disfrute de la vivienda, propiedad de su exmarido, ni ha establecido cantidad alguna que ella deba abonar por vivir en la casa, por lo que el desalojo no responde a un impago de rentas.

Este lanzamiento, jurídicamente denominado desahucio en precario, fue ordenado por la jueza ya que la mujer ocupa la casa sin autorización legal alguna. Éste es el tercer lanzamiento ordenado judicialmente, habiéndose suspendido hasta el momento los tres (19 de septiembre, 28 de noviembre y 12 de diciembre).

Denuncia por supuestos malos tratos

Respecto a la denuncia que consta en el juzgado, presentada por la mujer, sobre supuestos malos tratos, el TSJA detalló que la jueza dictó en 2013 una medida cautelar de protección, acordando una orden de alejamiento del marido.

En el momento en que se adoptó esta medida la niña menor de edad residía en Sudán, por lo que en la diligencia judicial no se hacía referencia a la hija del matrimonio, ni se adjudicaba la vivienda a la madre, ni se estipulaba la posibilidad de pensión alguna, ni para la madre ni para la hija.

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Además, el TSJA recordó que la orden de protección a víctimas de malos tratos supone que la víctima tiene la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio de residencia para poder llevar a cabo con efectividad la mencionada orden de alejamiento. Sin embargo, "no consta que la mujer pusiera en conocimiento del juzgado de Tarazona su intención de ausentarse o de abandonar la localidad".

Durante el tiempo que permaneció fuera de España, la jueza de Tarazona cursó varias citaciones a la mujer para que se personara en el juzgado a fin de seguir adelante con el procedimiento de desahucio. Ante la no comparecencia de esta persona, e ignorando su paradero, fue puesta en rebeldía y las notificaciones fueron realizadas por edictos, según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por esta razón, la mujer no compareció ni pudo solicitar asistencia jurídica gratuita, petición que sí realizó en el mes de noviembre, cuando habían finalizado los plazos legalmente establecidos para ello, apuntó el TSJA.