Si usted es una persona física que tiene 60.000 euros en Alemania tiene la obligación legal de informar a Hacienda mediante el conocido como “modelo 720”, y si no lo hace será sancionado con dureza. Pero si es usted el dueño de una sociedad que dispone de 7,5 millones de euros en una cartera de valores en Andorra no es necesario que le diga nada a la Agencia Tributaria, siempre que esos bienes figuren registrados en la contabilidad de la compañía. Parece una broma, pero eso es exactamente lo que dice la normativa española aprobada por el Ministerio de Hacienda en 2012, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del departamento.
Como desveló este martes infoLibre, Adolfo Suárez Illana es dueño de una empresa con sede en Madrid pero con su negocio en Andorra desde el año 2011. En el Principado tiene una cartera de valores de 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones. Tanto los bienes como el crédito estuvieron primero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y ahora se encuentran en Vall Banc.
Este periódico preguntó al dirigente del PP –número dos en la lista de Pablo Casado por Madrid y ahora miembro de la Mesa del Congreso– si su empresa había presentado ante Hacienda el modelo 720 y la respuesta de su portavoz fue la siguiente: “No, porque las personas jurídicas residentes en España están exentas de informar a Hacienda de los bienes y derechos en el extranjero si los tienen correctamente registrados en su contabilidad. Y la empresa de Suárez los tiene en su contabilidad”.
La obligación de informar sobre los bienes en el extranjero se aprobó en el contexto de la polémica amnistía fiscal que permitió el Gobierno de Mariano Rajoy, poco después de llegar al poder con mayoría absoluta. El ministro Montoro resumió en el Congreso la política del Ejecutivo con una frase que se hizo famosa: “Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida. Eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro país” [puedes ver en este vídeo la intervención de Montoro, el 20 de junio de 2012]. La “zanahoria” era permitir a los defraudadores fiscales regularizar su situación a cambio de pagar un 10% de los fondos aflorados –en la práctica terminó siendo de media el 3%–, mientras que el palo eran las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre ellas estaba la obligación de declarar los bienes en el extranjero.
El plazo para acogerse a la amnistía terminó el 30 de noviembre de 2012 y de ella se beneficiaron 31.000 contribuyentes, entre ellos destacados políticos del PP implicados en casos de corrupción como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados. El ministro Montoro aseguró que el Gobierno recaudaría 2.500 millones de euros y apenas ingresó 1.200 millones. En medio de ese proceso se aprobó, el 29 de octubre de aquel año, una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. Se realiza a través del modelo 720, que se debe presentar antes del 31 de marzo de cada año. El primer año en que se exigió dicha declaración fue 2013.
Tienen que informar a Hacienda los contribuyentes que posean en el extranjero bienes valorados en más de 50.000 euros. Sin embargo, el equipo de Montoro –experto en la materia ya que fue dueño en su día de un despacho de fiscalistas– creó una excepción para las personas jurídicas, que están exentas de declarar si tienen registrada en su contabilidad “de forma individualizada” las cuentas, los valores o los inmuebles que poseen fuera de España (tal y como se recoge en los artículos 42.bis.b, 42.ter.c y 54.bis.6.b del Reglamento General de inspección tributaria).
En otras palabras: si eres una persona física estás obligado a informar a la Agencia Tributaria, pero si eres una sociedad no tienes que informar de nada siempre que lo registres en tu contabilidad, y sólo si Hacienda realiza una inspección a la empresa podrá comprobar si están debidamente contabilizados esos bienes en el extranjero. En España hay más de 3,3 millones de empresas y la Agencia Tributaria inspecciona a unas pocas miles cada año. Como es obvio, los defraudadores que ocultan bienes en el extranjero suelen hacerlo a través de sociedades, no tienen tendencia a poner el dinero, las acciones o los inmuebles directamente a su nombre.
"El modelo 720 es un queso gruyère. Lo lógico es que declare todo el mundo, sin excepciones. Pero especialmente las personas jurídicas, que como todos sabemos se utilizan en ocasiones para encubrir actividades ilícitas", explica a este periódico un inspector de Hacienda.
La contabilidad de Suárez
¿Cumple la empresa de Suárez con la obligación de tener correctamente contabilizados sus bienes y préstamos en el extranjero?
Un portavoz del político del PP mostró, a petición de infoLibre, la contabilidad del año 2018 de Suárez & Illana Inversiones SL. Las referencias u omisiones en relación con Andorra son las siguientes:
1) En la cuenta 540 de la contabilidad, dedicada a las "inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio", figuran los fondos en los que está invertido el dinero, pero no consta ningún dato sobre la cuenta de Andorra donde están dichos valores.
2) En el apartado de "deudas a largo plazo" se menciona “un crédito de Vall Banc” y se indica un número de cuenta con 18 cifras. No figura el IBAN, el código de 24 caracteres que identifica una cuenta bancaria determinada en cualquier lugar del mundo y que empieza por las letras asignadas al país donde está la entidad (ES en el caso de España o AD en el de Andorra). Tampoco se realiza ninguna referencia explícita a que el préstamo está en Andorra.
3) En el apartado de "tesorería" figura una cuenta que a finales de 2018 tenía 500 euros, abierta en Valbanc y en este caso sí figura correctamente el IBAN de la cuenta en el banco andorrano.
Una vez comprobado lo que figura en la contabilidad de Suárez & Illana Inversiones SL, este periódico preguntó a inspectores de Hacienda si se podía considerar que la empresa había registrado de “forma individualizada” los bienes que posee en Andorra y, por tanto, había cumplido con el requisito que le eximía de presentar el modelo 720. La respuesta fue la siguiente: “En puridad, debería haber hecho constar el IBAN y los datos de la cuenta de Andorra tanto en inversiones financieras a corto plazo como en deudas a largo plazo. Y no lo hace. Ahora bien, si un inspector de Hacienda analiza esa contabilidad, se dará cuenta sin duda de que existen bienes en Andorra. Primero, porque Vall Banc es una entidad financiera que sólo opera en Andorra, y se menciona que el crédito está en esa entidad. Y, segundo, porque se indica que hay una cuenta de tesorería en Andorra. Y aunque sólo tuviera 500 euros a fecha 31 de diciembre de 2018, que es la cifra que se debe consignar en la contabilidad, es evidente que nadie tiene una cuenta en Andorra para tener esa cantidad y que por tanto esa cuenta de tesorería responde a otro tipo de operaciones”.
Los intereses de Suárez en Andorra
Como desveló infoLibre este martes, Adolfo Suárez ocultó al Congreso en su Declaración de Actividades que es administrador único de la empresa que tiene intereses económicos millonarios en Andorra.
Los diputados del Congreso tienen la obligación de presentar dos Declaraciones cuando toman posesión de su cargo: una de Bienes y Rentas, donde figuran sus ingresos, sus propiedades y sus deudas, y otra de Actividades, donde deben incluir cualquier actividad que realicen más allá de la política para que la Cámara decida si es compatible con su puesto de parlamentario.
El dirigente del PP indicó correctamente en su Declaración de Bienes que es socio único de la empresa Suárez & Illana Inversiones SL, pero omitió en la Declaración de Actividades que es administrador único de dicha compañía.
La obligación que tienen los diputados de declarar los cargos empresariales no es un capricho extraño. Esa declaración la analiza luego la Comisión del Estatuto de los Diputados, que emite un dictamen en el que se manifiesta si la actividad es compatible o no con su puesto de parlamentario. Si lo es, puede mantener esas otras actividades más allá de la política, y si es incompatible tiene diez días para renunciar al acta de diputado o poner fin a ese trabajo considerado incompatible por el Congreso.
Este mismo martes, dos horas después de que infoLibre le indicase al portavoz de Suárez que se iba a publicar una información explicando que había ocultado su cargo empresarial en la Declaración de Actividades, el político del PP presentó una ampliación de la misma para incluir el dato que había omitido. Lo hacía, según dicho portavoz, a pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara le habían asegurado que no era “obligatorio”, pero para “dejar claro que no tiene ánimo de ocultar nada”.
Suárez & Illana Inversiones SL es una sociedad constituida en Madrid con un capital de 3.006 euros en febrero de 2005, cuando Suárez estaba alejado de la política y ejercía de empresario y abogado. Un mes después de iniciar su actividad recibió un préstamo de Banco Madrid de 18 millones de euros para realizar inversiones financieras, con la única garantía de la propia cartera de valores. Es decir, el banco prestaba esos 18 millones a la sociedad para que los dedicara a invertir en bonos, fondos y acciones. Pero en 2008 estalló la gran crisis económica y la cartera de valores se desplomó. Cuando llegó el momento de devolver el crédito, en marzo de 2009, la compañía tenía un agujero patrimonial de 3,5 millones. Suárez se negó a devolver el dinero al considerarse víctima de la mala gestión de Banco Madrid e inició una negociación con la entidad financiera que terminó en un acuerdo en noviembre de 2010 por el que le daban a la empresa un nuevo préstamo a 20 años.
La implementación de ese acuerdo, sin embargo, ya no se realizó en Madrid sino en Andorra. Banco Madrid fue adquirido en julio de 2011 por la Banca Privada d'Andorra (BPA) y Suárez aceptó que la cartera de valores y el préstamo que tenía con la entidad se traspasasen desde España a una cuenta numerada en el Principado. En abril de 2016, la cartera de valores y el préstamo migraron a Vall Banc, el banco andorrano heredero de BPA, que había sido intervenido por las autoridades por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de capitales. A 31 de diciembre de 2018, después de varias amortizaciones, los fondos de Suárez & Illana Inversiones SL en Vall Banc sumaban 7,5 millones de euros y el préstamo se había reducido hasta los 9,5 millones.
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Puedes consultar aquí las tres informaciones publicadas por infoLibre sobre el caso:
Ministerios económicos del PP ocultaron al Tribunal de Cuentas el 59% de incidencias en contratos públicos
– 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra
– Los favores (o no) de la banca al cliente Suárez Illana
Si usted es una persona física que tiene 60.000 euros en Alemania tiene la obligación legal de informar a Hacienda mediante el conocido como “modelo 720”, y si no lo hace será sancionado con dureza. Pero si es usted el dueño de una sociedad que dispone de 7,5 millones de euros en una cartera de valores en Andorra no es necesario que le diga nada a la Agencia Tributaria, siempre que esos bienes figuren registrados en la contabilidad de la compañía. Parece una broma, pero eso es exactamente lo que dice la normativa española aprobada por el Ministerio de Hacienda en 2012, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del departamento.