SUP, el sindicato policial de origen progresista que se dejó seducir por los ultras de Desokupa
Sevilla, 28 de febrero de 1978. Poco más de dos años después de la muerte del dictador, cinco agentes con inquietudes políticas de izquierdas –Guillermo Gómez, José Osorno, José López, Manuel Tapada y Carlos Jiménez– se reúnen en un piso de la calle Madreselva para conformar una célula clandestina que reivindique la desmilitarización y la democratización de la Policía desde dentro. Es el germen del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que sería legalizado seis años después, en el otoño de 1984. Una organización policial a la que históricamente se situó en la órbita progresista y que acaba de sucumbir a los cantos de sirena de Club Desokupa, la firma vinculada al ultra de Desokupa Daniel Esteve, con quien acaba de firmar un acuerdo para la formación en defensa personal de sus afiliados.
"Ha provocado una indignación total, tanto dentro como fuera del sindicato. Es una barbaridad que no se puede aceptar de ninguna de las maneras", desliza al otro lado del teléfono un viejo agente. Él estuvo, durante años, vinculado a este colectivo policial que en noviembre cumplirá cuatro décadas de vida. Un sindicato que desde su nacimiento se había regido por "principios progresistas y democráticos". Algo que, asegura, se mantuvo hasta hace más o menos una década, cuando Mónica Gracia cogió las riendas de la organización. "A partir de entonces, el SUP empezó a cambiar", sostiene el agente, que se desvinculó del sindicato hace años. Ahora bien, completa, "no creo que nadie esperase" que fuera a vincularse con un "grupo de extrema derecha".
Algunas voces dentro del cuerpo interpretan este movimiento como parte del pulso que se mantiene por la hegemonía del sindicalismo policial. Durante décadas, la había tenido el Sindicato Unificado de Policía. Pero de pronto, y al calor de las protestas por la equiparación salarial, nació Jupol, la marca electoral de Jusapol, a quien la derecha y la ultraderecha no han dudado en utilizar para agitar la calle contra el Gobierno. Y en las elecciones de 2019 se hizo con ocho de los catorce puestos del Consejo de la Policía, convirtiéndose en el sindicato mayoritario. Ahora, cinco años después, las fuerzas en el órgano colegiado de participación de los funcionarios del Cuerpo se han equilibrado: tanto el SUP como Jupol tienen cuatro vocales cada uno.
Es en medio de esta pugna interna cuando el Sindicato Unificado de Policía, el mismo que mantiene un acuerdo de colaboración con CCOO, acaba de apostar por Club Desokupa para la formación en defensa personal de sus afiliados. La compañía está liderada por Daniel Esteve, habitual difusor en redes sociales de los postulados de la extrema derecha y jefe de Desokupa, la plataforma ultraderechista dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas que a pocos días de las elecciones generales del 23J desplegó una lona gigante en el centro de Madrid incitando a expulsar a Marruecos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hay mucha gente que quiere hacer cursos voluntariamente. Yo no le he preguntado a este hombre por su ideología", sostenía Gracia a El Confidencial.
"Un problema en las calles"
La firma del acuerdo se difundió a través de un vídeo en redes sociales. "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros están cada vez más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros", apuntaba la secretaria general del sindicato. Pero, ¿cuánto hay de cierto en dicha afirmación? En 2023, según los datos recogidos en los Balances de Ciminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 953.495 delitos de diez tipos –homicidios, lesiones, secuestros, contra la libertad sexual, robos con violencia, robos con fuerza en domicilios y establecimientos, hurtos, sustracciones de vehículos o tráfico de drogas–. Una cifra que un lustro antes se situaba, para esas mismas infracciones, en el millón.
Han disminuido en comparación con 2018 los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que han pasado de 150.579 a 122.444. También se han reducido los hurtos: de 705.249 a 663.370. Y ligeramente las sustracciones de vehículos. Mientras, los robos con violencia e intimidación se han incrementado ligeramente –unos cuatro mil más en todo el país–. Un aumento que sí resulta más pronunciado, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual –quizá porque ahora se denuncian más que antes– o los homicidios: los consumados han pasado de 289 a 336 y aquellos en grado de tentativa casi se han duplicado respecto a los datos registrados hace un lustro.
No obstante, los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2022, tampoco indican que nuestro país soporte una tasa de asesinatos descontrolada: 0,69 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente al 0,72 de Portugal, 0,74 de Alemania, 0,76 de Grecia, 0,81 de Países Bajos, 0,87 de Irlanda o 1,21 de Francia. Y lo mismo ocurre con los robos: 383,04 de España frente a los 1.254,1 de los germanos, los 1.431,39 de los italianos o los 1.964,18 de los galos.
Sindicatos en contra y CCOO se replantea su acuerdo de colaboración
El SUP ha intentado atajar este lunes la polémica. Carlos Prieto, su portavoz y secretario de riesgos laborales, ha asegurado que la formación no la impartirán "matones", sino agentes de la Policía y la Guardia Civil en activo. "No queremos manchar la imagen de la Policía ni que se piense que son policías formados por matones. Son policías que forman a policías a los que pretendemos darles formación complementaria a la ya muy buena de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de Policía", ha aseverado Prieto, quien ha incidido en que las técnicas que se impartirán "respetan el ordenamiento jurídico y los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza" y en que ellos no avalan "técnicas ilegales".
Cuando anunciaron el acuerdo, tanto el SUP como el propio Esteve aseguraron que el curso que se pretende impartir sería "homologado y baremable". Sin embargo, desde Interior no tardaron en desmentir dicho extremo. "La formación impartida en el marco de ese acuerdo no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía", apuntó la DGP, al tiempo que recordó que es la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía la que dirige "la formación para el ingreso, la promoción y la especialización" de los agentes. Interior, además, ya ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y estudiar si el mismo "conculca los valores democráticos".
Un acuerdo contra el que también han cargado el resto de sindicatos policiales. "No necesitamos a nadie de fuera que nos enseñe a hacer nuestro trabajo. Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran porteros buscando negocio", han señalado desde la Confederación Española de Policía. "La formación es algo muy serio. No es un juego, es nuestro prestigio policial", han dicho desde la UFP. Desde la Agrupación Reformista de Policías, por su parte, han deslizado que la "formación" a través de una "organización de extrema derecha" puede "introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial" y han criticado la "bipolar acción sindical" de un SUP creado en su día por "valientes y abnegados policías defensores de la libertad".
El movimiento tampoco ha gustado en CCOO, que tiene desde 2015 un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía. Aunque desde la organización que lidera Unai Sordo aseguran que en los últimos años dicho convenio se encuentra "prácticamente inactivo", reconocen que se están replanteando la continuidad del mismo en el futuro. "El acuerdo con Desokupa nos parece muy peligroso porque en democracia no se puede tontear con grupos escuadristas", señalan a infoLibre fuentes del sindicato.
