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Algunos creyeron que a la tercera iba a ser la vencida, tras los intentos fallidos en Bélgica y Alemania, pero el Tribunal Supremo ha naufragado en Italia en su tercer intento por poner a Carles Puigdemont ante el juez. Al menos, de momento. La Justicia italiana ha suspendido sine die el procedimiento judicial abierto tras la detención del expresident el pasado 23 de septiembre en Cerdeña al asumir en parte los argumentos de la defensa de éste, que desde el principio sostuvo que el arresto no se debió haber producido. Los jueces del Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) concluyen sencillamente que ahora no es el momento de abordar el fondo de la cuestión, esto es, los motivos por los que el magistrado Pablo Llarena reclama la entrega de Puigdemont, pues no sólo una, sino dos instancias superiores, el Tribunal General de la UE (TUE) y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), aún tienen pendientes pronunciamientos derivados de la causa del procés.
La consecuencia inmediata es que Puigdemont mantiene su libertad de movimiento en Europa por razón de su cargo como europarlamentario y, para su defensa, la decisión de la Justicia italiana agota, al menos temporalmente, las opciones del Supremo de que el expresident sea detenido en cualquier otro país.
Cuando Puigdemont fue detenido en el aeropuerto de Alguer, en el oeste de Cerdeña, desde el alto tribunal se transmitió que las órdenes europeas de detención y entrega (OED) contra el expresident y sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí nunca se desactivaron a pesar de la cuestión prejudicial planteada por el propio Llarena ante el TJUE. El magistrado, por tanto, mantiene que aunque el tribunal con sede en Luxemburgo aún está pendiente de resolver esa consulta acerca del alcance de las OED en Bélgica, eso no impide que los procesados huidos puedan ser detenidos en cualquier otro país europeo.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, sostiene lo contrario y así se lo ha transmitido al tribunal de Sassari, según fuentes jurídicas, en la vista celebrada este lunes por la mañana. Sustenta su argumento, entre otras cosas, en que otros países se han opuesto a su entrega y en un auto de la Justicia europea del pasado 30 de julio que afirmaba que "autoridades españolas" –la Abogacía del Estado– habían dicho "expresamente" que las órdenes de detención europeas estaban suspendidas. En resumen, que no se habían retirado, pero hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, no se pueden ejecutar. Y esto es lo que han concluido los magistrados italianos Salvatore Marinaro, Maria Teresa Lupino y Plinia Azzena, según consta en la resolución que han dictado este lunes y a la que ha tenido acceso infoLibre.
La Fiscalía también opta por esperar
Además, la Fiscalía sarda, que en teoría es la que defiende los intereses del Tribunal Supremo ante la Justicia italiana, también defendió en la vista de este lunes mantener a Puigdemont en libertad mientras el procedimiento esté suspendido, esto es, hasta que se pronuncien tanto el TUE como el TJUE. Tras escuchar a las partes y al propio expresident, el tribunal de Sassari ha deliberado, pero su decisión no se ha hecho esperar demasiado.
"Considerando, por tanto, que las conclusiones de las partes merecen ser aceptadas, debe disponerse la suspensión de este procedimiento hasta que se tomen las decisiones sobre los aspectos destacados anteriormente" en la Justicia europea, explican los tres magistrados en su resolución.
De nada ha servido la documentación que envió el juez Llarena a Cerdeña tras serle comunicada oficialmente la detención de Puigdemont. Aparte de enviar la OED que dictó en su momento por delitos de sedición y malversación, así como la cuestión prejudicial ante el TJUE, apuntaba en un oficio que la orden de detención y entrega está "actualmente en vigor". Los jueces italianos tampoco han atendido su petición de detener a Comín y Ponsatí, que han acompañado este lunes al expresident en Sassari y sobre los que también se dictaron sendas órdenes de detención. Pero si la OED está suspendida para Puigdemont, en opinión de la Justicia italiana, también lo está para los exconsellers.
La decisión final, en unos meses
La Fiscalía italiana considera que los delitos por los que el TS reclama a Puigdemont tendrían encaje en su legislación
No obstante, la decisión de los magistrados de Sassari no es una victoria completa para Puigdemont, porque el procedimiento judicial en Italia no ha terminado. Los jueces no lo han cerrado porque, tal y como explican, no pueden entrar en el fondo del asunto mientras no se resuelva esa cuestión prejudicial ante el TJUE. Tampoco mientras el TUE no se pronuncie sobre las cautelares solicitadas por Puigdemont el pasado 1 de octubre para tratar de que se le devuelva la inmunidad como eurodiputado. Una vez se resuelvan estas dos cuestiones, sean en el sentido que sean, el tribunal italiano volvería a revisar el caso para decidir si le compete mantenerlo abierto y proceder a estudiar el fondo –la petición de entrega por sedición y malversación– o cerrarlo definitivamente.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el TUE podría resolver sobre las cautelares en una o dos semanas. Como lo que ha planteado la defensa de Puigdemont es que se le devuelva la inmunidad parlamentaria de manera cautelar hasta terminar el proceso en Cerdeña, el TUE ha dado traslado tanto al Parlamento Europeo como a la Abogacía del Estado para que presenten alegaciones. Cuando tenga los argumentos de todos, tomará una decisión. En cuanto al TJUE y la cuestión prejudicial planteada por Llarena el pasado mes de marzo, las fuentes consultadas explican que puede demorarse hasta un año.
Nada más salir del tribunal de Sassari, Puigdemont decía sentirse "molto contento" (muy contento) por la decisión. Más tarde, en rueda de prensa, iba más allá: "Es momento de decirle a España, basta. ¡Basta! Basta de seguir un camino que no le da ha dado ningún resultado positivo, un camino que dificulta una resolución política de un conflicto político, el conflicto entre Cataluña y España, que consiste en negar a los catalanes el derecho a decidir su futuro, a ejercer el derecho a la autodeterminación".
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