El 18 de marzo de 2020 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo en el que se establecían los criterios para decidir cuándo una persona enferma de una residencia podía ser trasladada a un hospital o cuándo tenía que permanecer en el geriátrico. Dos días después se dio luz verde a otra versión en la que, directamente, se hablaba de "criterios de exclusión de derivación hospitalaria". Llegó a haber otras dos más, como desveló infoLibre, porque esos criterios llegaron a rebajarse. Pero en síntesis todos los documentos venían a decir lo mismo: los pacientes con mayor grado de dependencia o deterioro cognitivo de los centros de mayores debían permanecer en las residencias, no ser trasladados al hospital. Nadie entonces podía acceder a esos centros, excepto la Policía Municipal, que elaboraba entonces actas con lo que allí se encontraba. Poco contenido se conoce de ellas. Y ahora que van a cumplirse cuatro años de la tragedia la Comunidad de Madrid pretende que así siga siendo.
"Hay muchas cosas que deberíamos conocer y esta en concreto es muy importante. Son muchas las cuestiones que se están tapando de lo que ocurrió". Son palabras de Carmen López, de Marea de Residencias, una de las organizaciones de familiares que batallan desde que se conocieron los llamados Protocolos de la Vergüenza para saber exactamente lo que pasó dentro de los centros de mayores. Los datos son abrumadores: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril de 2020, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños. Y todavía no se han depurado responsabilidades. A pesar de que, además, ex altos cargos del Ejecutivo madrileño y hasta directoras de residencias aseguraron que si no se efectuaban los traslados es porque seguían órdenes.
"Es muy importante la transparencia y necesitamos conocer qué pasó dentro de las residencias. Fue una masacre, murió toda una generación y no se puede quedar ningún cabo suelto, hay que conocer toda la verdad y analizarla", subraya López. Lo dice después de que este lunes la Cadena Ser publicara que el propio Ejecutivo madrileño maniobra en los tribunales para que esas actas policiales no salgan a la luz. Al menos las que todavía no han sido publicadas. Desde la Consejería de de Presidencia, Justicia y Administración Local confirman a infoLibre que la Comunidad interpuso en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia competente para no efectuar la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al equipo de Ayuso a hacer públicos todos esos documentos. La razón: habría que reelaborar un gran volumen de información.
Todo partió de un particular. Como publica la Cadena Ser, en febrero de 2022 pidió conocer todas las actas policiales elaboradas en residencias entre el 1 de marzo y el 1 de agosto de 2020. La Viceconsejería de Interior rechazó la petición. Y acudió al Consejo de Transparencia en abril, que admitió la reclamación. Ya en junio, la Comunidad volvió a negarse alegando que se trataba de un "elevado volumen de información", que los documentos contienen datos "de carácter personal" y que no disponen de una "aplicación informática avanzada" que permita unificar aquellos textos digitalizados de los elaborados a mano por el agente que realizó la visita al centro en cuestión. En resumen: que hay que reelaborar la información.
"¿Qué le preocupa?": la oposición prepara una batería de preguntas
"Están haciendo un ejercicio de ocultación de lo que ocurrió. Temen que se derive algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa", opina por su parte Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare. Habla de una estrategia muy concreta. Como recuerda, la Comunidad de Madrid ya sacó adelante el pasado mes de diciembre la modificación, precisamente, del Consejo de Transparencia, cuyo órgano de Gobierno, en lugar de ser escogido por tres quintos de la Asamblea, lo será a partir de ahora por consejeros nombrados "a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia". Actualmente Miguel Ángel García.
Desde la oposición apuntan en la misma dirección. "Una supuestamente liberal como ella [como Ayuso] se dedica a eliminar este Consejo de la Transparencia y a impugnar y recurrir las resoluciones que hasta ahora obligaban a que se conocieran, por ejemplo, los datos de estos informes policiales", denunció este mismo lunes el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato. "Ya lo dijimos en diciembre, ¿qué le preocupa? [...] ¿Qué pasa, que en esos informes se dice por ejemplo que el personal de los centros le trasladaba a la policía que la Comunidad ha obligado a que no vayan las personas mayores a los hospitales? Pues tenemos que saber la verdad", añadió.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Manuela Bergerot, criticó también este lunes que "el Gobierno de Ayuso está litigando contra el Consejo para esconder su responsabilidad en la pandemia". "Los madrileños tenemos derecho a conocer la verdad sobre lo que sucedió con 7.291 personas fallecidas, y sus familias tienen derecho a conocer la verdad", lanzó, añadiendo que registrarán "una batería de medidas para que el Gobierno dé explicaciones en sede parlamentaria sobre por qué le hurta a la ciudadanía el derecho a la información". En este mismo sentido, desde el PSOE anuncian que el jueves preguntarán a la presidenta madrileña por este asunto durante el Pleno.
"No hubiera habido tantos fallecimientos"
Se desconoce todo el contenido de las actas, pero algunas publicadas por infoLibre son claras: los Protocolos de la Vergüenza del Gobierno fueron determinantes en el número de fallecidos. Así se deriva de un documento policial al que tuvo acceso este periódico en el mes de junio de 2020. Se trata de las inspecciones realizadas en dos geriátricos los días 7 y 9 de abril, cuando la orden de no derivación llevaba tres semanas en vigor. Según los agentes que firmaron el texto, la directora de Geriasa, un geriátrico localizado en la calle Doctor Esquerdo de la capital, llegó a afirmar que "si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos".
Todavía hubo más. Otros trabajadores que visitaron el centro un mes más tarde dejaron por escrito: "La directora manifiesta su estado de frustración debido a que no les dejaron derivar residentes en plena crisis hasta que el 08/04/2020 les permitieron la derivación de una forma selectiva y bajo los Protocolos establecidos por el centro de referencia que es el Hospital de la Princesa". "Solicitan urgentemente apoyo psicológico debido al abandono que han sufrido por parte de las Administraciones Públicas", se leía en el acta.
Apenas dos días antes la Policía Municipal firmó otra. "Las derivaciones al hospital de referencia (Hosp. 12 de Octubre) no se admiten para personas con síntomas por Covid", se leía en aquella, correspondiente al centro de Amavir en el barrio de Usera.
"En una sociedad democrática todo tiene que ser transparente. Mi deducción es que algo iba muy mal, así que no quieren que se sepa. Es muy grave", lamenta López.
Dos reaperturas para investigar la responsabilidad de Ayuso
Madrid, Galicia y Murcia se niegan a cambiar su modelo de residencias tres años después de la tragedia
En cualquier caso, este no es el único frente que el Gobierno de Ayuso tiene abierto en relación a su gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. El pasado mes de octubre la Audiencia Provincial pidió que el Juzgado de Instrucción número 50 investigue si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene alguna responsabilidad penal en el fallecimiento en residencias de mayores que no pudieron ser trasladados al hospital. Además, también solicitó investigar a dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López.
El caso se refiere, concretamente, a la muerte de siete residentes de Amavir Ciudad Lineal que habrían fallecido sin haber sido trasladados al Hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro. Las familias apuntan a la posible comisión de cuatro delitos: uno de homicidio y lesiones imprudentes, otro de omisión del deber de socorro, otro de trato degradante y otro de prevaricación. La defensa de las familias, según informó infoLibre, no ha descartado todavía pedir la declaración de Ayuso como testigo en esta causa, para la que también ha solicitado la comparecencia del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos, a la exdirectora de salud pública de la Comunidad Yolanda Fuentes y al presidente de la patronal de residencias, Carlos Rus.
Los dos primeros, precisamente, ya estuvieron frente al juez el pasado 7 de noviembre en el marco de otra reapertura realizada en este caso por el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba también por orden de la Audiencia Provincial. En este caso se trata del recurso interpuesto por una familia de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores.
El 18 de marzo de 2020 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo en el que se establecían los criterios para decidir cuándo una persona enferma de una residencia podía ser trasladada a un hospital o cuándo tenía que permanecer en el geriátrico. Dos días después se dio luz verde a otra versión en la que, directamente, se hablaba de "criterios de exclusión de derivación hospitalaria". Llegó a haber otras dos más, como desveló infoLibre, porque esos criterios llegaron a rebajarse. Pero en síntesis todos los documentos venían a decir lo mismo: los pacientes con mayor grado de dependencia o deterioro cognitivo de los centros de mayores debían permanecer en las residencias, no ser trasladados al hospital. Nadie entonces podía acceder a esos centros, excepto la Policía Municipal, que elaboraba entonces actas con lo que allí se encontraba. Poco contenido se conoce de ellas. Y ahora que van a cumplirse cuatro años de la tragedia la Comunidad de Madrid pretende que así siga siendo.