El Gobierno de Italia, liderado por Mario Draghi, anunció este lunes que aumentaba su tasa sobre los "beneficios extraordinarios" de las empresas del 10% al 25% para financiar las medidas de respuesta a la guerra de Ucrania, como el reparto de un cheque de 200 euros a las familias con menos ingresos y los descuentos en la tarifa eléctrica y los combustibles. Poco sospechoso de izquierdista radical, el Ejecutivo transalpino se mantiene en el selecto grupo de gobiernos europeos que han tomado medidas similares para acotar y recuperar para el Estado las ganancias que están obteniendo algunas compañías del episodio de subida de precios del gas, la luz y el petróleo. Junto a Rumanía y a España.
Sin embargo, la medida de Draghi y la elaborada y remendada hasta en dos ocasiones por la ministra española para la Transición Energética, Teresa Ribera, se parecen casi únicamente en la meta a alcanzar. Para empezar, la actuación italiana se basa en un impuesto, que afecta a todas las empresas energéticas, también las que hacen negocio con el gas natural o el petróleo: lo de España es una minoración, una intervención en el mercado mayorista de la electricidad –exclusivamente– para reducir los llamados "beneficios caídos del cielo", lo que perciben las empresas generadoras por el diseño del sistema, cobrando como si tuvieran que comprar gas sin necesidad de comprarlo.
El Gobierno español entiende que se trata de un mecanismo injusto y que, por tanto, esas ganancias no están justificadas. Sin embargo, la tasa italiana no funciona bajo las mismas lógicas: se trata de un gravamen solidaristico (solidario), como se explica en el decreto del pasado 21 de marzo, que recauda para el Estado un 25% de los beneficios que se obtuvieran de diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior, siempre que sea superior a los cinco millones de euros. El cálculo se hace sobre los beneficios de la compañía, no sobre el funcionamiento del mercado eléctrico; y sin meterse en lo adecuado del modelo, sino sustentando la norma en la necesidad de arrimar el hombro.
Con este diseño, el Gobierno de Italia incluye no solo a las empresas generadoras de energía eléctrica, sino también a petroleras y gasistas; y se ahorra el embrollo normativo que la minoración del gas ha protagonizado en tierras españolas. En un primer momento, el decreto incluyó a los contratos bilaterales firmados entre generadoras y comercializadoras, a largo plazo y con precios más bajos de lo que marca el pool, y ante la ira del sector, una modificación de finales de octubre los eximió, siempre que no internalizaran lo que marca la subasta mayorista.
A finales de marzo, en el decreto de respuesta a la guerra, estos contratos se volvieron a incluir en el cálculo, aunque solo con los que se firmaran o actualizaran de abril en adelante y a partir de 67 euros el MWh. Entiende el Gobierno que si bien estos acuerdos son más bajos que los 200 euros que suele marcar el mercado spot, son más altos que los que se firmaban antes de la crisis, aunque los costes de tecnologías como las renovables, la hidráulica o la nuclear sean parecidos.
Italia sube al 25% el impuesto a los beneficios de las eléctricas
Italia se ha ahorrado todos esos problemas, al aplicar un impuesto a los beneficios finales de las empresas, sin atender a la procedencia de los ingresos. El Gobierno calcula que se percibirán alrededor de 6.000 millones de euros. El cálculo inicial de Ribera era de 2.000 millones de euros, pero se negó a actualizar la cifra conforme iba cambiando la norma, aduciendo dificultades para estimar el comportamiento de las compañías ante las diversas modificaciones. El Gobierno de Draghi, además, utilizará al regulador de la competencia, la CNMC del país, para vigilar durante todo 2022 qué gastan estas compañías en sus operaciones, para evitar que enmascaren los costes, eviten la aplicación del impuesto o suban las tarifas a los consumidores, puntualiza el decreto.
Sin embargo, aún no está claro si el diseño del impuesto italiano casa con las indicaciones para aplicarlo que dio la Comisión Europea, que pidió que la detracción no fuera retroactiva y que se identificaran claramente las actividades que se sometían al gravamen. En todo caso, las compañías del país aseguran que el impacto en sus cuentas no será demasiado grande, porque la mayoría de sus contratos son a largo plazo, firmados antes de la invasión y del aumento de precios, por lo que no han disfrutado de tantas ganancias extraordinarias: "unos cientos de millones de euros", calculó el pasado viernes el director financiero de EMI, la gran petrolera del país. Un argumento similar esgrimió la eléctrica Enel, rebajando mucho más el impacto: entre 5 y 10 millones de euros, utilizando el 10% inicial.
En lo que sí coinciden España e Italia es en el rechazo de las grandes empresas energéticas a la medida. El alboroto es menor allí, eso sí; los directivos no llevan meses en una gira para denunciar la inseguridad jurídica a la que les somete el Gobierno, como está haciendo Iberdrola. Pero sí que están trabajando para denunciar ante los tribunales el hachazo, ya que entienden que el decreto de Draghi es inconstitucional.
El Gobierno de Italia, liderado por Mario Draghi, anunció este lunes que aumentaba su tasa sobre los "beneficios extraordinarios" de las empresas del 10% al 25% para financiar las medidas de respuesta a la guerra de Ucrania, como el reparto de un cheque de 200 euros a las familias con menos ingresos y los descuentos en la tarifa eléctrica y los combustibles. Poco sospechoso de izquierdista radical, el Ejecutivo transalpino se mantiene en el selecto grupo de gobiernos europeos que han tomado medidas similares para acotar y recuperar para el Estado las ganancias que están obteniendo algunas compañías del episodio de subida de precios del gas, la luz y el petróleo. Junto a Rumanía y a España.