El martes pasado, 9 de julio, el Gobierno central registró su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto andaluz antidesahucios. Hoy jueves, 48 horas después, ya hay una primera respuesta: el Alto Tribunal admite a trámite la impugnación, lo que significa la suspensión cautelar y automática de la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz el pasado abril.
El decreto ley, impulsado desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, controlada por Elena Cortés (IU), autorizaba la expropiación del uso social de la vivienda a bancos, filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos. Desde su entrada en vigor, el pasado 12 de abril, el Gobierno bipartito presidido por el socialista José Antonio Griñán ya había iniciado la tramitación de 12 expedientes de enajenación temporal del uso de pisos embargados por las entidades para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, según datos del departamento de Cortés. La Consejería también había empezado a inspeccionar el parque de inmuebles de Andalucía para detectar aquellas que están vacías e incorporarlas al registro de viviendas deshabitadas, pudiendo sancionar con hasta 9.000 euros a las personas jurídicas que las poseyeran. Y también había recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. Una veintena de ellos ya había contestado y todos habían mostrado "ánimo colaborador", siempre según la Junta.
La suspensión cautelar del decreto no es ninguna sorpresa, con todo, porque si el Gobierno central presenta un recurso al TC y este lo admite a trámite, la paralización es automática, tal y como indica el artículo 161 de la Carta Magna de 1978. El Alto Tribunal, "en un plazo no superior a cinco meses", debe prorrogar la suspensión o levantarla.
La admisión a trámite del TC, por prevista, no deja de tener sus consecuencias. La primera es que los expedientes de expropiación no culminarán ni tampoco podrán acogerse el resto de solicitantes. Ayer mismo, la Junta inició la expropiación del uso de dos viviendas en Málaga para evitar sendos desahucios.
Un millón de viviendas vacías en la comunidad
El Gobierno andaluz siempre ha alegado que tenía razones más que sobradas para aprobar la norma: en la comunidad hay entre 700.000 y un millón de viviendas en vacías y, en paralelo al "descomunal stock" de pisos deshabitados, desde 2007, año de arranque de la crisis, se han producido más de 80.000 desahucios. En Andalucía, según insiste la Junta, hay sólo un 16,9% de porcentaje de alquiler, apenas la mitad que en Europa.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de Mariano Rajoy, anunció tras el Consejo de Ministros de aquel día que el Ejecutivo recurriría el decreto previo informe del Consejo de Estado. Este dictamen llegó el 4 de julio, y en él el máximo órgano consultivo del Gobierno determinó que existían "fundamentos jurídicos" para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Santamaría explicó en aquel momento que el texto andaluz es inconstitucional por "regular el contenido esencial del derecho a la propiedad", cuando es una materia reservada para el Estado. Y también porque el decreto establecía una regulación "contraria al principio de igualdad".
Andalucía paraliza seis nuevas expropiaciones de viviendas tras la decisión del Constitucional
La Junta, a la contra, ha defendido ante Madrid y ante Bruselas –la UE envió una carta al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, advirtiendo de los efectos "negativos" del texto andaluz– que el decreto tiene "legalidad jurídica plena" y respeta el Estatuto de autonomía y la Constitución.
Horas después de que se conociera la admisión a trámite, Griñán dijo a los periodistas que su Gobierno confía en que el Alto Tribunal resuelva pronto el recurso de Rajoy. "Todo esto es un disparate, deberíamos pensar más en las personas y en las familias que pierden la vivienda que en el daño hipotético que se le puede hacer al sector financiero, que no es mucho teniendo en cuenta que hemos puestos los españoles 41.000 millones de euros para salvarlas", indicó, informa Europa Press.
El martes pasado, 9 de julio, el Gobierno central registró su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto andaluz antidesahucios. Hoy jueves, 48 horas después, ya hay una primera respuesta: el Alto Tribunal admite a trámite la impugnación, lo que significa la suspensión cautelar y automática de la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz el pasado abril.