El sindicato de técnicos de enfermería SAE quiere que se investigue en los tribunales si en la cadena de errores que llevó al contagio por ébola de Teresa Romero pudo haber algún delito. Con este fin, la organización profesional presentó el pasado viernes 10 de octubre ante la Fiscalía de Madrid una denuncia en la que reclama al Ministerio Público que investigue la posible comisión de los delitos 316 y 317 del Código Penal, que incluyen penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses para los que "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aseguró este lunes a Europa Press que había incorporado este escrito a la investigación que tiene abierta sobre el contagio de Romero. No obstante, señaló que la investigación está todavía en "un estado muy primario". En la denuncia –a la que ha tenido acceso infoLibre– el sindicato no apunta a ningún responsable; lo que hace es una descripción de los hechos desde la muerte del religioso Manuel García Viejo el pasado 25 de octubre. Califica de "inexplicable" que la profesional sanitaria fuera trasladada el 6 de octubre al Hospital de Alcorcón, "que no tiene un protocolo específico para estos casos", en lugar de al Carlos III. Y utiliza el mismo calificativo para apreciar el hecho de que los sanitarios, entre ellos la contagiada, "no contasen con más preparación o entrenamiento para la atención de estos pacientes de altísimo riesgo que una explicación de apenas 20 minutos".
Asimismo, en el texto se describe que la ambulancia que acudió a buscar a Romero a su domicilio prestó a continuación servicio durante 12 horas sin ser desinfectada, tiempo en el que atendió a otros siete pacientes y que los sanitarios que se trasladaron a su casa "no contaban con medidas de protección específicas ante el virus". También se alude al traslado entre el Hospital de Alcorcón y el Carlos III, para el que la paciente "tuvo que esperar ocho horas" a la ambulancia. Y a que el médico que la atendió en el primero de esos centros sanitarios, el doctor Juan Manuel Parra, "tuvo que ponerse más de doce veces el traje de protección desajustado durante las 16 horas que se ocupó de la paciente".
Por todo ello, el sindicato reclama que quede interpuesta denuncia "contra las personas que resulten directamente responsables" e instan la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Responsabilidad
Siete lecciones sobre la crisis del virus del Ébola
Romero, técnico de enfermería interina, había firmado su contrato de trabajo con el complejos hospitalario La Paz-Carlos III, integrado en el Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, como personalidad jurídica, sería la última responsable desde el punto de vista penal. No obstante, señalan fuentes jurídicas consultadas por este periódico, a esta institución —de probarse la negligencia— se le podría atribuir una responsabilidad civil subsidiaria como el pago de una indemnización a Romero e incluso al resto de personas que están aisladas si denunciaran y un juez dictaminara que ha habido algún tipo de infracción. Al ser una administración pública no podría ser objeto de una multa.
Las mismas fuentes ven "poco probable" que pudiera llegar a demostrarse la responsabilidad penal de personas físicas de las más altas instancias como podría ser el consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez. "La Comunidad de Madrid tendría una defensa relativamente fácil cargando las tintas contra la persona que directamente no monitorizó a la técnica sanitaria en el momento de ponerse y quitarse la protección. En este caso, lo más posible es que apunte contra el responsable del Servicio de Prevención del centro sanitario", detalla un experto en prevención de riesgos laborales que prefiere no ser citado.
No obstante, hay otras cuestiones sobre las que Justicia podría llegar a tener que pronunciarse. Entre ellas está saber si pudieron cometerse infracciones en la protección colectiva de los trabajadores si se demuestra que la formación no fue la adecuada o si las esclusas, el lugar donde los sanitarios se visten y desvisten antes de entrar y salir de la habitación del paciente, no tienen el tamaño que requiere la envergadura de estos equipos de protección individual cuya retirada es tan compleja.
El sindicato de técnicos de enfermería SAE quiere que se investigue en los tribunales si en la cadena de errores que llevó al contagio por ébola de Teresa Romero pudo haber algún delito. Con este fin, la organización profesional presentó el pasado viernes 10 de octubre ante la Fiscalía de Madrid una denuncia en la que reclama al Ministerio Público que investigue la posible comisión de los delitos 316 y 317 del Código Penal, que incluyen penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses para los que "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".