Tensiones en la sanidad privada: los hospitales reclaman al Gobierno que haga pagar también a las aseguradoras

El coronavirus aflora tensiones en la sanidad privada. Los hospitales privados, que han visto drásticamente alterada su actividad por el estado de alarma, ponen el foco en las aseguradoras y reclaman al Gobierno que les haga pagar también parte de la cuenta derivada de la pandemia. La patronal ASPE, que reúne a más del 80% de los hospitales privados de España, ha trasladado al Ejecutivo una petición de ayuda para extender los sacrificios al sector asegurador, según ha podido saber infoLibre. ASPE considera que la intervención del Estado está haciendo a los hospitales cargar con todo el peso y pretende que las aseguradoras hagan un mayor esfuerzo. "No es momento de beneficiarse económicamente de la situación", señala el presidente de ASPE, Carlos Rus, que pretende abrir una "mesa de negociación".

Hay 464 hospitales privados en España. La facturación del sector supera los 6.400 millones de euros al año, según el último informe de la fundación IDIS. Los 13 principales agentes, aquellos que facturaron en 2018 más de 100 millones, concentran el 42% de los hospitales y el 56% de las camas. El líder es Quirón, con una facturación de 2.800 millones. Los siguientes son Vithas, Ribera Salud, HLA-Asisa, HM, Hospiten, Sanitas, Clínica Universitaria de Navarra, Viamed, Pascual y Juaneda, con datos de IDIS de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

El coronavirus ha supuesto un trauma repentino para este sector, que se ha tenido que someter al control del Estado. La sanidad privada es dos cosas a la vez: sanidad y negocio. Pero ahora la parte de negocio está subordinada. Con el estado de alarma, todo el sector ha quedado bajo el mando del Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas del ramo. Y eso tiene consecuencias serias sobre su actividad, como es lógico. Las autoridades sanitarias han ordenado a los hospitales privados la reprogramación de toda la actividad no urgente. Además, el confinamiento ha reducido significativamente la atención a clientes de aseguradoras privadas, con lo que se corta una importante fuente de ingresos de los hospitales. No obstante, los asegurados siguen pagando sus cuotas a las aseguradoras. Ahí está el desequilibrio que ASPE pretende corregir.

Sin contraprestación

La patronal asegura que los hospitales privados no han recibido hasta la fecha ninguna contraprestación por su contribución. El dinero es un tema que se abordará después de la crisis. "No es el momento", señala Carlos Rus, presidente de ASPE. Pero eso no significa que la patronal no haya echado ya sus cuentas, que habrá que aclarar cuando pase la pandemia. Cada día de hospitalización de un enfermo de coronavirus cuesta 250 euros, cifra que sube hasta 700 en la UCI, según las estimaciones manejadas por el sector. La sanidad privada atendía el 2 de abril, último día con datos publicados, a 5.200 hospitalizados con esta enfermedad, 610 en UCI. No hay detalle aún sobre la factura que todo esto supondrá. Pero no será calderilla. Además, todos los recursos dedicados a atender a contagiados de coronavirus no están dedicados a otras actividades, que se van acumulando.

La práctica, tanto de la patronal ASPE como de la organización que actúa como lobby de la sanidad privada –la fundación IDIS–, ha sido no hacer mucho ruido con sus propios problemas. La propia ASPE asume que está en una posición de "tremendo riego reputacional", que se agravaría si los representantes de la sanidad privada aparecieran agitando una factura con el coronavirus matando a cientos de personas al día.

No obstante, ASPE sí ha pedido al Gobierno que ayude a los hospitales privados. Al menos, con medidas paliativas. Para ello la patronal ha dirigido al Ejecutivo una carta explicando su situación y expresando su inquietud por la "gravísima crisis de liquidez" que sufre. La carta fue remitida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en torno al 20 de marzo, explica a este periódico Carlos Rus, presidente de la patronal de hospitales. El envío a Industria, según Rus, se debe a que así se lo indicó el Ministerio de Sanidad. Ahora Industria, a preguntas de infoLibre, señala que ha dado traslado del tema a Sanidad. "La sanidad privada no figura en las áreas competenciales de industria, comercio o turismo", señala el departamento que dirige Reyes Maroto. No es un tema por el que se peleen los ministerios, precisamente.

Las mismas cantidades que en 2019

Líos competenciales al margen, lo sustancial del planteamiento de ASPE es el fondo. Buena parte de lo solicitado al Gobierno fue hecho público por ASPE la semana pasada en un comunicado. Pero no todo. Lo que se supo, porque así lo publicó la patronal, es que los hospitales pedían al Ejecutivo beneficios fiscales, acceso a líneas extraordinarias de financiación, créditos blandos y facilidades de pago. Pero la solicitud de ayuda dirigida por ASPE al Gobierno de Pedro Sánchez también muestra a las claras el conflicto existente entre el sector hospitalario y el asegurador.

ASPE señala que un porcentaje muy elevado de la facturación de los centros y hospitales privados depende de contratos con el sector asegurador, incluyendo seguros de salud, de accidente de tráfico o de daño cerebral, entre otros. La patronal pide al Gobierno que asegure la "necesaria colaboración" del sector asegurador en esta crisis. ASPE quiere establecer una "mesa de negociación" con el sector asegurador de salud, para evitar que este se acabe beneficiando de la crisis.ASPE pretende que las aseguradoras abonen a los centros sanitarios privados las mismas cantidades que en el periodo marzo-julio del año pasado. Como contraprestación, la asistencia a pacientes de coronavirus asegurados quedaría incluida en dichos pagos.

"Desplome total"

El presidente de ASPE, en declaraciones a este periódico, señala que el 72% de la facturación de los hospitales viene de los seguros. Suele funcionar así: el asegurado es atendido con su tarjeta en un hospital privado y luego el hospital le cobra a la empresa aseguradora. ¿Qué está ocurriendo ahora? Esa cadena se ha roto. "El número de personas que acuden a los centros sanitarios ha experimentado un desplome total por el confinamiento y por la desprogramación" de toda la actividad salvo la relacionada con la pandemia, señala Rus. "Lo que pedimos es que las aseguradoras, que continúan cobrando sus pólizas [a los asegurados] pero sin pagar siniestros, se avengan a mantener conversaciones con el sector para ser una palanca de ayuda para que el sector no desaparezca", explica Rus, que indica que la siniestralidad ha caído un 85%.

El presidente de ASPE señala como posible interlocutor a la patronal aseguradora Unespa, que representa a más de 200 compañías. En el ámbito sanitario, las cinco primeras empresas, Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros y Mapfre, suman el 72% del mercado en volumen de primas, según el último informe de la fundación IDIS, que estima las primas del sector en 2018 en 8.218 millones de euros, un 5,8% más que en 2017.

Fuentes de Unespa declinaron realizar cualquier comentario: “Unespa no forma parte de este tipo de conversaciones porque corresponde a cada aseguradora negociar con sus proveedores”. La patronal se remitió a lo que pudieran decir las aseguradoras integradas.

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ASPE ha hecho saber al Gobierno la situación delicada en la que se ven los hospitales privados. A pesar de la caída de su actividad lucrativa, "seguimos manteniendo las estructuras en funcionamiento", con "pocas posibilidades de acogernos a medidas laborales tipo ERTE, tanto por requerimiento de la administración, como por el tremendo riesgo reputacional". Por ello, además de beneficios fiscales y ayudas directas, ASPE solicita tener la posibilidad de "incluir en ERTE por fuerza mayor las actividades impactadas por la declaración del estado de emergencia", entre las que cita odontología, rehabilitación y fertilidad.

ASPE también pide que las empresas que no apliquen ERE ni ERTE queden "exoneradas" del 100% del pago de cuotas a la Seguridad Social durante el tiempo que dure la pandemia. Eso supone el 28,6% de la masa salarial de las empresas, según ASPE. "Sería una ayuda directa, generadora de liquidez, y los trabajadores mantendrían sus salarios y sus puestos de trabajo", según la patronal.

El ministerio que dirige Salvador Illa no ha respondido a los requerimientos de información de este periódico sobre las peticiones planteadas por ASPE.

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