Terrorismo yihadista: los jueces reclaman mayor cooperación y coordinación en lugar de reformar el Código Penal

Tras el doble atentado yihadista sucedido en Cataluña el pasado mes de agosto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó la posibilidad de reformar el Código Penal "en el futuro" para "combatir las nuevas formas de terrorismo". Sin embargo, las asociaciones mayoritarias de jueces coinciden en que el régimen penal en materia de terrorismo es suficiente y que su renovación no es la solución para incrementar la eficacia de la lucha antiterrorista. Para ello, sostienen, debe reforzarse la cooperación internacional y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

"Endurecer el Código Penal no serviría para erradicar el terrorismo. Lo que menos le importa a un terrorista, que es capaz de inmolarse, es que se endurezca o no se endurezca", sostiene el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado. "El terrorismo excede fronteras, por lo que la prevención en materia de cooperación policial y de países es fundamental", mantiene.

Además, el portavoz arguye que "jurídicamente, el terrorismo tiene una cobertura y un régimen penal suficiente". "En materia penal no hay mucho que inventar, lo que sí se debería hacer es potenciar ideas novedosas para evitar este tipo de captación", defiende. Precísamente, la reforma del Código Penal emprendida en 2015 tipificó el acceso de forma habitual a servicios de comunicación vía internet o electrónica cuyos contenidos sean "idóneos para incitar a la incorporación a organizaciones o grupos terroristas o a colaborar con cualquiera de ellos o sus fines".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, reconoce que, aunque "es posible endurecer el Código Penal en algunas figuras relacionadas con los delitos de terrorismo" elevando las penas —las más graves, recuerda, están ya penadas con prisión permanente revisable, la sanción "máxima" que se podría imponer en España de acuerdo con la función resociabilizadora establecida por la Constitución—, esa no sería "la opción prioritaria". "La dimensión de las penas es suficiente y lo que debe es reforzarse todo lo relativo a la investigación del terrorismo", arguye.

Para ello, dado que el terrorismo yihadista es "una cuestión global" que tiene "implicaciones internacionales", expone, es necesario "incrementar los mecanismos de información, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)". Además, también considera imprescindible la "coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas", que las informaciones sean "compartidas y analizadas conjuntamente", con la "participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y con la colaboración también de las policías autonómicas y locales".

Siguiendo la línea de la propuesta del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de crear "un FBI europeo", Rodríguez advierte de que "la única forma de que se incremente la eficacia de la lucha contra el terrorismo y puedan hacerse seguimientos más detallados de esa información es bajo una coordinación única", para la que se requiere "un incremento de los medios de los que actualmente disponen las fuerzas policiales", argumenta el portavoz . "La reforma del Código Penal no es la solución", concluye.

Hacia la misma dirección apunta también la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que conviene en que el terrorismo yihadista es "más un problema de prevención que de mayor castigo". "La policía debe estar especializada y debe haber una mayor coordinación entre las policías nacionales y autonómicas", asegura.

Cooperación y coordinación cuestionadas

Una vez desarticulada la célula terrorista detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils, estalló un debate público acerca de la supuesta falta de coordinación existente entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre la necesidad de mejorar la cooperación entre países, las dos medidas que los jueces consideran clave para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista.

Por un lado, se cuestionó el papel del Estado en la gestión del 17-A, después de que las autoridades catalanas llevaran el peso de la gestión de los atentados. Situación que se hizo patente en hechos como la intervención de los Mossos para contradecir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que había anunciado el fin de la célula cuando el responsable del atropello de La Rambla seguía huido o que los rostros más visibles en todo momento fueran los del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el propio president, Carles Puigdemont. Fueron precisamente ellos los que anunciaron que Younes Abouyaaqoub había sido abatido.

En este sentido, la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) llegaron a denunciar a través de un comunicado la "exclusión dolosa" y el "aislamiento" sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado, si bien mostraron su apoyo a los Mossos. Los sindicatos señalaron que "la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos" permitió a los responsables catalanes "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán autosuficienteautosuficiente, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública". No obstante, el portavoz del sindicato de la policía catalana calificó de "extraño" e incluso "miserable" el comunicado de la AUGC y del SUP y manifestó que generar una "polémica artificial" que "no ha existido" era de una "gran irresponsabilidad".

Otra cuestión que retornó al foco del debate fue el reclamo de la Generalitat de que los Mossos tengan acceso directo —sin mediación del Estado español— a Europol. La cuestión se había visto agravada el pasado mes de junio cuando el Gobierno y el Ejecutivo vasco alcanzaron un acuerdo para integrar la Ertzaintza en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) —del que forman parte la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI— y en las bases de información europeas, justo después de que el PNV apoyara al PP en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. 

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El pasado 10 de julio, la Junta de Seguridad de Cataluña dio luz verde a que la policía autonómica catalana pasara a formar parte del CITCO, así como a la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista que evalúa los grados de alerta. Sin embargo, quedó pendiente la integración de los Mossos en el sistema Siena de Europol. El pasado mes de agosto, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó el acuerdo con la Generalitat para que la policía catalana acceda directamente a Europol este mes: "Los Mossos d'Esquadra tendrán información de la Europol de forma directa a partir de septiembre. A estas alturas ya lo hacen, pero a través del Estado", afirmó.

Esta semana, Millo explicó que "en estos momentos la Ertzaintza tiene ya una pasarela establecida de acceso directo a la información", y que este mismo mes de septiembre se pondrá en marcha un grupo de trabajo para "acabar de acordar" el mecanismo de acceso para los Mossos, ya que la policía catalana habría rechazado la conexión directa con Europol por no estar de acuerdo con el mecanismo propuesto por el Gobierno. Sobre la misma cuestión, el delegado ya había expresado con anterioridad que era "imposible, porque el reglamento de Europol no lo permite, que la Generalitat pretenda tener un estatus en Europol como si fuera un Estado miembro".

Pero además, la cooperación internacional quedó en duda tras descubrirse los lazos de los terroristas con el extranjero, fundamentalmente con Francia, Bélgica y Marruecos, y tras la información publicada por El Periódico de que la CIA había avisado en mayo a los Mossos del riesgo de atentado en Barcelona. La policía catalana negó haber sido informado por la CIA, pero reconoció haber recibido alertas de otras fuentes a las que no se dio credibilidad. De hecho, el acta de la Junta Local de Seguridad de Barcelona que se celebró el pasado 28 de junio expone que no existían "amenazas concretas" contra Cataluña ni, concretamente, contra la Ciudad Condal.