La posición de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, en tiempos considerada una de las figuras ascendentes del PP madrileño y ahora imputada (investigada), empeora a medida que se conocen nuevos datos sobre la trama Púnica. En septiembre, un testigo reconoció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que una de sus empresas, Redytel, cobró a comienzos de 2011 más de 21.000 euros del departamento que dirigía Figar por servicios que "en ningún caso" prestó, lo que significa que la factura era falsa.
Ese trabajo que Redytel jamás hizo fue un "estudio sobre posicionamiento de noticias de la consejería de educación en internet". En realidad -sostuvo su dueño ante la Guardia Civil- lo habría elaborado el conseguidor Alejandro de Pedro. Pero el mismo testigo sostiene que ni su contenido le servía de nada a la Consejería de Educación ni merecía los 21.240 euros que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó por el "estudio" en cuestión.
El testigo, Ananías G., ya poseía empresas especializadas en Internet cuando se asoció con Alejandro de Pedro en Eico, buque insignia del supuesto conseguidor experto en trabajos de "reputación online": es decir, en la tarea de resaltar en internet la faceta positiva de sus clientes, incluso con la entrada en acción de tuiteros pagados, y de ocultar la negativa. Y Lucía Figar, como demuestran los correos electrónicos que ambos se cruzaron y que ya han sido incorporados a la causa, era una de las clientas estelares de Alejandro de Pedro. La investigación apunta a que De Pedro cobró fondos públicos no por potenciar en las redes sociales la acción institucional de la Consejería de Educación sino el perfil político de Figar. Sobre ese punto, Ananías G. se pronunció sin ambages: la reputación personal de un político "no se puede pagar con dinero público".
Siempre según su testimonio, cuando se percató de que De Pedro había entrado "en un mundo muy politizado" y de que su actividad "no le daba un buen pálpito", Ananías G. dice que optó por abandonar Eico. Y como había invertido 66.000 euros en ella, De Pedro le propuso pagarle "con clientes". En otras palabras, con una modalidad de facturas falsas según la cual Redytel y alguna otra empresa de Ananías G. serían las que cobrasen de distintas administraciones por servicios que supuestamente había efectuado Alejandro de Pedro. El Registro Mercantil confirma que Ananías G. salió en marzo de 2012 de los órganos de administración de Eico.
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La mecánica según la cual De Pedro daba un servicio -el testigo dice que cree que lo daba- finalmente cobrado por una tercera empresa se repitió en otras administraciones del PP. Según este mismo declarante, los pagos a alguna de sus empresas por servicios que nunca prestó se libraron también en el madrileño ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo nombre tiene reservado un espacio propio en el caso Gürtel porque de allí salió presuntamente la mayor comisión ilegal que se repartieron Francisco Correa y todavía no se sabe bien quiénes más; y los valencianos de Silla y Benissa.
La Guardia Civil le preguntó a Ananías G. si consideraba que el trabajo por el que Redytel había cobrado 21.240 euros de la Consejería madrileña de Educación era "acorde a lo facturado". Y a renglón seguido le exhibió la documentación aportada por el Gobierno de Madrid. Con los papeles por delante, el testigo ofreció una respuesta inequívoca: "Que no le parece atractivo como producto para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que no le parece una visión clara, que no tiene un enfoque útil para la consejería y es una mera recopilación de datos". El atestado de la UCO muestra cómo remató el empresario: "Que este trabajo no puede tener mucho futuro ni por su contenido ni por su precio". Que su empresa Redytel cobrase por algo que no había hecho fue, admitió en otro momento, "una chapuza administrativa".
Sobre los testigos cuyo grado de involucración con los delitos investigados no está claro pende siempre una doble espada de Damocles: aquella cuya divisa es la obligación inexcusable de decir la verdad y aquella otra que amenaza con desplomarse sobre el declarante en forma de imputación. La transcripción de lo declarado por Ananías G. ante la UCO parece indicar que el empresario era consciente de ambas amenazas. En ese contexto podría explicarse por qué dijo lo siguiente: "Que no sabe cómo ha podido ocurrir esto, que supone que fue una alternativa expuesta por Alejandro de Pedro pero que en ningún caso Redytel ha realizado trabajos para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid"
La posición de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, en tiempos considerada una de las figuras ascendentes del PP madrileño y ahora imputada (investigada), empeora a medida que se conocen nuevos datos sobre la trama Púnica. En septiembre, un testigo reconoció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que una de sus empresas, Redytel, cobró a comienzos de 2011 más de 21.000 euros del departamento que dirigía Figar por servicios que "en ningún caso" prestó, lo que significa que la factura era falsa.