La revista Time la situó en 2017 como una de las cien personas más influyentes del mundo. Pero seis años después, Thelma Aldana (Gualán, 1959) ni siquiera puede regresar a su Guatemala natal. La ex fiscal general y expresidenta de la Corte Suprema del país centroamericano se encuentra, en estos momentos, exiliada en Estados Unidos. No es, cuenta, la única que se encuentra en una situación similar. "En total, somos 42 jueces y fiscales Anticorrupción los que nos encontramos fuera del país", explica la abogada, contra la que se han llegado a cursar órdenes de detención por parte de las autoridades guatemaltecas. Es el precio a pagar por luchar contra la podredumbre. Una batalla que daría una y mil veces más: "Vale la pena cuando ves que están robando a un pueblo que tiene hambre".
Aldana recibe a infoLibre en uno de los amplios salones de la Casa de América, en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que durante la semana reunirá en la capital a expolíticos, escritores, poetas o dramaturgos. Durante media hora, la ex fiscal general guatemalteca habla sobre la lucha contra el machismo –una de sus prioridades cuando estaba al frente del Ministerio Público–, la memoria histórica o el futuro de las democracias. Y también sobre la corrupción en su país. Un asunto, este último, que conoce al dedillo. Durante su etapa como jefa de la Fiscalía, se llevaron a cabo las investigaciones más importantes en esta materia, procesos que terminarían salpicando a expresidentes como Otto Pérez Molina o Álvaro Colom.
Cuando estuvo al frente del Ministerio Público de Guatemala, una de sus grandes batallas fue contra la corrupción. Cinco años después, ¿continúa incrustada en las estructuras de poder de su país?
Con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) se consiguió fortalecer el sistema de justicia. Y durante mi mandato como fiscal general, se impulsaron los casos más importantes de corrupción contra esas estructuras criminales que habían estado incrustadas en el Estado guatemalteco durante mucho tiempo. Logramos llegar a ellas y las hicimos tambalearse. Pero con la salida del Cicig y la llegada de la fiscal general Consuelo Porras, se han recompuesto y ahora están más fuertes.
Cuanto más tiempo haya de impunidad, más difícil es romper con todas esas estructuras podridas dentro del sistema.
Claro. Y, además, están dispuestas a todo.
¿A qué se refiere con "todo"?
El presidente electo ya ha tenido amenazas de muerte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que otorgarle medidas de seguridad. Son capaces de todo.
¿Pero estamos hablando de organizaciones criminales ajenas al propio Estado?
No, se entremezclan. Pensemos en el caso La Línea. Había, por un lado, una estructura interna de tres niveles: el más alto, dirigido por el presidente de la República, Otto Pérez Molina; uno medio al que pertenecía mucha gente; y el más bajo, que incluía a quienes trabajaban en las aduanas, que cobraban las coimas –los sobornos– y que no sabían que el jefe de esa estructura era el presidente. Y, por otro, una estructura externa, igualmente poderosa, donde estaba el teniente Jerez, en la que estaban involucrados operadores de las aduanas que no eran trabajadores del Estado. Por eso digo que se entremezclan.
Hay un nexo muy grande entre la corrupción y la desigualdad
¿Qué consecuencias personales ha tenido para usted investigar la corrupción en su país?
El exilio, amenazas de muerte...
¿A día de hoy las sigue sufriendo?
Sí. Y, de hecho, tengo las medidas de seguridad decretadas por la CIDH. En las redes sociales me persiguen y me amenazan, la fiscal general me sigue criminalizando. En total, somos 42 jueces y fiscales Anticorrupción los que nos encontramos fuera del país, en lugares como Estados Unidos, España, Costa Rica, México... Todos los que estuvimos al frente de la lucha contra la corrupción estamos amenazados y en el exilio.
¿Y merece la pena correr esos riesgos?
Claro que vale la pena pelear cuando ves cómo están robando a un pueblo que tiene hambre. Es una lucha por el Estado de Derecho, por la ley.
¿Cómo erosiona la corrupción una democracia?
Afecta al tejido social, porque aunque no sea el único elemento, hay un nexo muy grande entre la corrupción y la desigualdad. Al fin y al cabo, el dinero que tiene que usarse para servicios básicos, como la educación, el transporte o la salud, nunca llega. En Guatemala, los Gobiernos que hemos tenido han saqueado el país y lo han dejado en una situación de pobreza extrema. Y eso provoca que algunos sectores, por ejemplo, se nieguen a pagar impuestos alegando que para qué van a hacerlo si ese dinero se lo van a robar.
¿Y cómo se le pone fin a eso si está tan incrustado en el Estado?
Con contrapesos. El problema es que cuando se designa a una fiscal general que está en la lista Engel de los Estados Unidos por sus acciones corruptas, ese contrapeso desaparece. En Guatemala, el sistema de justicia, que es un pilar de la democracia, está capturado por grupos mafiosos. Es territorio, por tanto, para la impunidad.
Muchos casos de este tipo terminan archivados por prescripción de los delitos. ¿Es usted partidaria de que los delitos vinculados a la corrupción sean imprescriptibles?
Sí, es necesario endurecer en relación con la prescripción. Sin embargo, esa no debe ser la tabla salvavidas de nuestros países. La justicia penal, al fin y al cabo, es la última ratio de una sociedad democrática. Es decir, no podemos empezar a transformar un país desde la justicia penal. Lo primero en una política criminal democrática de un Estado debe ser la prevención.
El sistema de justicia de Guatemala está capturado por grupos mafiosos
En los últimos años hemos visto cómo han ido proliferando de nuevo los discursos machistas. ¿Le preocupa este avance?
Sí. En Guatemala, las mujeres somo más de la mitad de la población. Sin embargo, la violencia contra la mujer sigue escalando y hay pocos esfuerzos desde el sistema de justicia para luchar contra ello. El machismo es un flagelo que hay que combatir con conciencia, educación y haciendo transversalización de género en todos los espacios, públicos y privados.
La lucha contra la violencia machista fue otra de sus prioridades durante su mandato. ¿Cómo está ahora esta cuestión en su país?
Sí, fue algo que estuvo muy presente durante varios años. Las organizaciones de mujeres lograron que se aprobara la Ley Contra el Feminicidio. Y con el apoyo de la Cooperación española creamos tribunales y juzgados especializados en esta materia. Pero Guatemala se encuentra, en este momento, en regresión. Además, la pandemia vino a agudizar la situación de las mujeres, que no podían salir a denunciar, que no contaban con un sistema de justicia que las atendiera. Se incrementaron los casos. Aumentó la impunidad.
En la actualidad, tanto tribunales como autoridades a veces fallan a la hora de proteger a las víctimas de violencia machista. ¿Por qué sigue siendo necesaria la perspectiva de género?
Porque la cultura machista se impone. Es cierto que en los últimos años, la lucha constante de las organizaciones de mujeres nos ha permitido avanzar a pesar de tanto obstáculo. Es más, yo diría que la revolución de las mujeres es una de las más importantes de la historia de la humanidad, sin armas, con ideas, con conciencia y con sufrimiento. Pero hace falta seguir.
El machismo es un flagelo que hay que combatir con conciencia y educación
Y siendo más de la mitad de la población, ¿qué representación femenina hay en las estructuras de poder guatemaltecas?
Es muy baja. En las elecciones de este año, por ejemplo, salieron pocas diputadas y un pequeño porcentaje de alcaldesas. Indudablemente, Guatemala necesita una ley de cuotas, pero los diputados se han opuesto a esta normativa. Y en cuanto a las empresas, aunque haya un alto porcentaje de mujeres en las mismas, la mayoría se sitúan en los puestos más bajos, y la cifra se va reduciendo conforme se va llegando al poder.
En España, aún en la actualidad, hay miles de víctimas de la Guerra Civil desaparecidas. ¿Cree que un Estado democrático puede avanzar sin cerrar esa herida?
Es difícil, no se puede avanzar en la lucha contra la impunidad del presente si no se lucha contra la impunidad del pasado. En Guatemala, el caso Sepur Zarco, que se llevó a cabo durante mi etapa como fiscal general, nos muestra la necesidad de cerrar las heridas del pasado. Las mujeres de Sepur Zarco, aunque tuvieron que esperar décadas, al final obtuvieron justicia con una sentencia que es un ejemplo a nivel mundial y que deja claro que si se produjera una nueva guerra en el país las mujeres no pueden ser tratadas como un botín por parte de los combatientes.
Aquí aún no se han juzgado los crímenes de la Guerra Civil o la dictadura. De hecho, algunas familias se han tenido que ir a Argentina buscando esa justicia que se les niega.
La justicia tiene que hacerse en el país, da igual que sea Guatemala o cualquier otro que haya sufrido una guerra donde la población civil no combatiente haya sido torturada, asesinada o desaparecida. La población civil no combatiente no se toca.
No se puede avanzar en la lucha contra la impunidad del presente si no se lucha contra la impunidad del pasado
¿Cree que el Estado español tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a todas las víctimas desaparecidas?
No quiero hablar concretamente de la situación de España porque la conozco superficialmente. En Guatemala se han hecho esfuerzos para encontrar e identificar a las personas que fueron enterradas en fosas comunes, permitiendo así a sus parientes darles entierro y cerrar el círculo. Es un esfuerzo que hay que hacer, aunque no sea fácil por los años transcurridos. Hay víctimas que merecen saber la verdad. Es un deber democrático.
Hace no mucho, un barómetro del Open Society Foundations deslizaba que los jóvenes habían perdido confianza en la democracia. Un 42% de los menores de 36 años, según aquel sondeo que se hizo sobre varios países, consideraban que una dictadura militar sería un buen sistema. ¿Cómo lo ve?
En Guatemala acabamos de tener una experiencia que indica lo contrario. Para muchos, que Bernardo Arévalo –líder del partido Semilla– llegara al balotaje, a la segunda vuelta, fue toda una sorpresa. Sin embargo, cuando se revisan los resultados uno se da cuenta de que fueron las y los jóvenes quienes lo llevaron allí y luego le hicieron presidente. Mi experiencia, por tanto, es que en Guatemala la juventud cree en el voto, en la democracia y está en las calles luchando ante el pacto de corruptos que hay en el país.
Pero en los últimos años hemos visto también el ascenso de personajes como Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos. ¿Le preocupa que haya una especie de ola reaccionaria?
El 'sí se puede' de Guatemala: el triunfo de la izquierda que promete luchar contra la corrupción
No creo que haya una ola reaccionaria. Lo que veo, más bien, es que hay poblaciones que se cansan del sistema y que, cuando agotados por la corrupción o las desigualdades, se les presenta otra opción, sea la que sea, se inclinan hacia ella y esto puede terminar derivando en un Gobierno autoritario. Creo que, en general, las democracias están fallando. Por eso hay que fortalecer el modelo democrático y no escatimar esfuerzos en ello, porque si la gente se cansa del mismo, no sé hacia dónde nos dirigimos...
La medicina para combatir este mal pasaría, por tanto, por un Estado que funcionase bien y en el que hubiese una mayor igualdad social.
Por supuesto.
La revista Time la situó en 2017 como una de las cien personas más influyentes del mundo. Pero seis años después, Thelma Aldana (Gualán, 1959) ni siquiera puede regresar a su Guatemala natal. La ex fiscal general y expresidenta de la Corte Suprema del país centroamericano se encuentra, en estos momentos, exiliada en Estados Unidos. No es, cuenta, la única que se encuentra en una situación similar. "En total, somos 42 jueces y fiscales Anticorrupción los que nos encontramos fuera del país", explica la abogada, contra la que se han llegado a cursar órdenes de detención por parte de las autoridades guatemaltecas. Es el precio a pagar por luchar contra la podredumbre. Una batalla que daría una y mil veces más: "Vale la pena cuando ves que están robando a un pueblo que tiene hambre".