El president de la Generalitat, Quim Torra, cruzó este martes, por primera vez desde que llegó al cargo, la línea del cumplimiento de la legalidad. Su decisión de desacatar las instrucciones de la Junta Electoral que le obligan a retirar de los edificios y dependencias oficiales de la Generalitat lazos amarillos, fotografías de presos, pancartas y banderas independentistas en período electoral le sitúa fuera de la ley y le expone a ser castigado con multas y penas de inhabilitación que, en el peor de los casos, pueden cerrarle la puerta al ejercicio de cargos públicos por un periodo de tiempo de hasta dos años.
Torra intentó este martes ganar tiempo para sortear la orden de retirar los símbolos independentistas y en defensa de los presos y para ello planteó su deseo de pedir opinión al defensor del pueblo catalán —el Síndic de Greuges— y al equipo jurídico de la Generalitat, pero la Junta Electoral se negó a concederle más margen de maniobra.
En un intento de situar la decisión en el ámbito catalán y evitar tener que someterse a una autoridad que se resiste a reconocer, el president había anunciado, a través de la portavoz del Govern, la consellera Elsa Artadi, su disposición a acatar lo que decidiese el Síndic.
La Delegación del Gobierno en Cataluña constató a primera hora de la tarde que la Generalitat no había cumplido la instrucción y así se lo hizo saber a la Junta Electoral. Es este órgano arbitral, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, el que tiene que decidir ahora cómo actúa. Previsiblemente dará traslado de los hechos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que abra diligencias contra Torra por un delito de desobediencia. PP y Ciudadanos ya han presentado sendas denuncias ante el Ministerio Fiscal contra el president catalán por el mismo motivo y las organizaciones Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución anunciaron que lo harán también este jueves.
La Junta Electoral es competente también, según fuentes del Gobierno, para ordenar a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos, una tarea que corresponderá al cuerpo de Mossos d’Esquadra, que es la policía integral desplegada en Cataluña.
El artículo 410 del Código Penal considera delictiva la actuación de “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior”. Y prevé para ellos multas “de tres a doce meses” y penas de “inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. El artículo 411 prevé incluso penas más graves —de hasta tres años de inhabilitación— para aquellas autoridades o funcionarios públicos que insistan en suspender el cumplimiento de una resolución pese haber sido requeridos por segunda vez para cumplir con sus obligaciones legales.
El Govern intentó este lunes diluir la responsabilidad entre los miembros del Consell dejando a cada departamento la decisión última sobre la retirada de los símbolos, pero la orden la Junta Electoral es muy clara y se dirige exclusivamente al president Torra, el único responsable en caso de incumplimiento. Y el primer cargo público autonómico que decide desatender resoluciones judiciales desde los acontecimientos de octubre de 2017 que desencadenaron la suspensión de la autonomía y el procesamiento de la mayor parte de los protagonistas del intento de declarar la independencia de Cataluña.
Los símbolos siguen en las fachadas
La Delegación del Gobierno constató a primera hora de la tarde que los lazos y las banderas independentistas seguían en las fachadas de al menos nueve edificios “representativos”, en expresión del Ejecutivo: el Palau de la Generalitat, sede de la Presidencia, y las consellerias de Governació y Relaciones Institucionales, Cultura, Territorio y Sostenibilidad, Empresa y Ocupación, Interior, Economía y Conocimiento, Agricultura y Salud. Al cabo de unas horas algunos símbolos proscritos por la Junta Ejectoral en las dependencias públicas habían desaparecido de la fachada de la Conselleria de Empresa.
A última hora de la tarde, en torno a un centenar de personas, congregadas a instancias de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), permanecían frente al Palau de la Generalitat con banderas independentistas coreando consignas en contra de la retirada de la pancarta y el lazo amarillo situados en el balcón del edificio.
A la espera de que la Junta Electoral y la Fiscalía tomen medidas contra Torra, PP y Ciudadanos aprovecharon para volver a situar el conflicto catalán en el centro de la campaña electoral. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ponga “todos los mecanismos a su alcance” para que se retiren los lazos amarillos en Cataluña y “se respete la neutralidad del espacio público”. Su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera, también pidió a Sánchez que obligue al president de la Generalitat a “cumplir la ley”.
Directo | El Síndic pide a Torra que acate el acuerdo de la Junta Electoral
Los socialistas también señalaron que a Torra no le queda otra opción que cumplir. La retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos es “un mandato” de la Junta Electoral que “no es” de cumplimiento “voluntario” y que “debe ejecutarse”, subrayó su secretario de Organización, José Luis Ábalos. Y Catalunya en Comú, la formación liderada por la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau, evitó criticar al president pero defendió la decisión de cumplir un requerimiento simular que obligaba a la corporación municipal de la capital a retirar los mismos símbolos.
El escrito que Torra trasladó a la Junta Electoral para no cumplir su requerimiento sostiene, literalmente, que es imposible cumplir sus deseos porque los bienes inmuebles de la Generalitat se gestionan de muy diversos modos y muchos están cedidos a empresas privadas, públicas o entes instrumentales y, como tales, gozan de “autonomía funcional”. “Se trata de edificios en los que el president difícilmente puede ordenar el cumplimiento del requerimiento”, llega a afirmar Torra.
La Junta Electoral, sin embargo, no creyó que el president de la Generalitat carezca de autoridad sobre los edificios bajo su responsabilidad y mantuvo el requerimiento y el plazo límite para cumplirlo. En las próximas horas este órgano arbitral decidirá qué pasos da para obligar a Torra a cumplir sus instrucciones y para exigirle responsabilidades penales por negarse a hacerlo.
El president de la Generalitat, Quim Torra, cruzó este martes, por primera vez desde que llegó al cargo, la línea del cumplimiento de la legalidad. Su decisión de desacatar las instrucciones de la Junta Electoral que le obligan a retirar de los edificios y dependencias oficiales de la Generalitat lazos amarillos, fotografías de presos, pancartas y banderas independentistas en período electoral le sitúa fuera de la ley y le expone a ser castigado con multas y penas de inhabilitación que, en el peor de los casos, pueden cerrarle la puerta al ejercicio de cargos públicos por un periodo de tiempo de hasta dos años.