¿Cuántas trabajadoras —la mayoría son mujeres— son necesarias para ofrecer una atención de calidad en las residencias de mayores? Es la eterna pregunta desde que la pandemia de covid-19 dejó alrededor de 30.000 usuarios fallecidos. Pero no hay respuestas claras. Ni las había antes de la crisis sanitaria ni se ha llegado a un consenso todavía, cuatro años después. Las normativas no son más que acuerdos entre las partes implicadas y casi nunca se adaptan a las necesidades reales que manifiestan las profesionales del sector y los familiares de los residentes. Por eso han sido ellos los que han tratado de dar una respuesta. Y la conclusión a la que han llegado es que hacen falta plantillas de 132 gerocultoras —personal de atención directa— por cada 100 residentes para poder ofrecer una "vida digna" en residencias. Un número, a la luz de los datos, muy alejado de la realidad.
"No nos hemos inventado la cifra, hemos llegado a ella a través de un estudio científico riguroso", expresó este lunes por la mañana el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO, Manuel Rodríguez, durante la presentación del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, un trabajo realizado durante casi nueve meses junto a UGT, la plataforma de familiares Pladigmare y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). El dato, claro, se enmarca en la realidad de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, pero puede extrapolarse al resto del mapa. Porque las necesidades de los residentes son las mismas en toda la geografía, aunque la normativa refleje supuestas realidades diferentes.
Durante la presentación del documento los representantes de los sindicatos y de la organización de familiares expresaron que llegar a un consenso sobre las ratios mínimas necesarias es una cuestión de justicia. "Se lo debemos a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias madrileñas", lamentó Miguez Vázquez, presidente de Pladigmare. Si hubiera habido más personal, aseguró, no hubiera pasado. "No es verdad que no se pudo evitar", añadió. Por eso insiste en que hay que actuar ahora, para evitar que pueda volver a suceder.
Esa afirmación, de hecho, fue un consenso político y social que se alcanzó en cuanto pudo controlarse la situación y las peores semanas de la pandemia pasaron. Muestra de ello son los distintos pasos que ha dado el Gobierno para cambiar la realidad de las residencias. El último, la aprobación de la Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que no incluye ninguna referencia al número deseable de gerocultoras en residencias porque se basa en la necesidad de ampliar la atención a domicilio y en la comunidad sobre los ingresos en los geriátricos.
La única cifra, por tanto, de la que disponemos como ideal es la consensuada por los sindicatos, Paldigmare y la SEGG. Pero, ¿cómo han llegado hasta ella? Teniendo en cuenta varios parámetros. Para entenderlo, no obstante, es necesario realizar una primera aclaración. Y es que esas 132 trabajadoras son un número de plantilla equivalente, es decir, de gerocultoras contratadas. Es lo que sería necesario para garantizar una "presencia física" de 83 por cada 100 residentes los 365 días del año y las 24 horas del día —teniendo en cuenta, en este caso, que puede haber trabajadoras de vacaciones, de baja o con algún tipo de permiso. Se dividirían de la siguiente manera: 37 para el turno de mañana (el que cuenta con una mayor carga de trabajo), 34 para el de tarde y 12 para el de noche.
Se ha establecido así teniendo en cuenta que el convenio de aplicación decreta que la jornada diaria es de 7,5 horas y, sobre todo, realizando un cálculo del tiempo necesario para realizar cada tarea. Por ejemplo, el estudio concluye que son necesarios 20 minutos para levantar, duchar y vestir a un mayor "colaborador", pero 30 o hasta 40 si tiene un mayor grado de dependencia. Otro ejemplo: dar de desayunar a un residente no dependiente puede llevar cinco minutos, pero hacerlo con otro con problemas conductuales puede elevar ese tiempo hasta los 20 minutos. Ahora bien, esos son los tiempos necesarios, no de los que se dispone, según lamentó en la rueda de prensa de este lunes Juani Peñafiel, responsable en CCOO de Residencias y Centros de Día Privados y Concertados de la Comunidad de Madrid. Por un lado porque no siempre se cumplen y por otro porque las normativas obligan a esas plantillas, no a esas presencias físicas.
Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana... tantas normativas como autonomías
Una vez conocida la teoría, ¿cuál es la práctica? Pues depende de la normativa de la autonomía en cuestión. En este ámbito, a nivel nacional sólo puede haber acuerdos de mínimos, y en este sentido el Gobierno firmó con las comunidades hace ahora dos años el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que estableció para 2024 33 gerocultoras por cada 100 residentes, un número que para 2030 se amplía hasta las 43 trabajadoras y que a juicio de los sindicatos es muy insuficiente.
Y que además comunidades como Madrid, Galicia o Murcia se niegan a cumplir por no haber dado su visto bueno en ningún momento a ese documento. En la primera, y según el informe presentado este lunes, hay de hecho un completo "maremágnum" de normas que hacen que las residencias, en función de su titularidad y gestión, tengan unas u otras obligaciones. Así por ejemplo sigue habiendo 271 que se rigen por una norma de 1990 —no adaptada a los criterios de la Ley de Dependencia de 2008— que establece que debe haber 25 gerocultoras por cada 100 residentes no dependientes y 35 para los asistidos; otras que exigen 33 y otras que hablan de 37. "No tiene ningún sentido", se quejó Vázquez durante la rueda de prensa.
En Galicia, otra de las comunidades disidentes, la situación no es mucho mejor. Según informa Paulino Campos, presidente de la plataforma de familiares REDE, precisamente este mes de julio terminó el plazo para la exposición pública de la reforma de las normativas de ratios de personal en las residencias que estaban vigentes, y sin cambios, desde hace 28 años. Y previsiblemente nada va a mejorar, puesto que se establece la obligatoriedad de no más de 35 trabajadoras por cada 100 residentes, un número además que incluye a todo el personal de atención directa —en el que hay también por ejemplo personal sanitario y terapeuta— y que supone un "nuevo fraude" a la sociedad gallega, según critica Campos.
"Esta es la lamentable principal reforma que el Gobierno gallego del PP prepara en 30 años para hacer frente a la palpable falta de personal que hipoteca el futuro de los cuidados y atención a las personas mayores en las residencias gallega, donde durante la pandemia han fallecido 1.000 personas. REDE ya indicó en su momento que la cifra mínimamente aceptable de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) había que situarlo en 56 cuidadores presenciales (el Acuerdo del Consejo Territorial exige 31 para 2024, y 43 para 2030), que es "el número adecuado para atender suficientemente a las unidades de convivencia de 15 usuarias cada una, que es adonde deberíamos llegar como objetivo prioritario e imprescindible para dignificar la atención en las residencias", añade el presidente de REDE.
Por su parte, en la Comunitat Valenciana, señala ReCoVa, esos números se sitúan en 33 trabajadoras por cada 100 usuarios, un número que en Cataluña, informa la Coordinadora 5+1, se eleva hasta las 42 empleadas de atención directa —donde se engloban no sólo a las gerocultoras— y que en el País Vasco, detalla Babestu Bizkaia, se mueve entre 58 y 68 trabajadoras de atención directa —contando aquí además de gerocultoras a profesionales sanitarios y psicosociales—, dependiendo del grado de dependencia de los usuarios.
La media nacional, la mitad de lo necesario
Sindicatos y familias piden duplicar las plantillas de las residencias de Madrid: "No hay una atención digna"
El pasado mes de abril el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó el Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España, un análisis estadístico elaborado por el Imserso con el objetivo, precisamente, de "mejorar las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales". Según sus datos, la media nacional de gerocultoras por cada 100 residentes se sitúa en 59 trabajadoras, un número que, al igual que ocurre en Madrid y constató el informe presentado este lunes, varía en función de la titularidad y la gestión de los geriátricos en cuestión.
En este sentido, son los centros completamente públicos los que mejores datos tienen, con una ratio de 71 gerocultoras por cada 100 residentes. En la otra cara de la moneda, los geriátricos completamente privados son los que ofrecen la peor ratio: 43 trabajadoras de atención directa de primer nivel por cada centenar de mayores usuarios.
Y a nivel internacional, ¿cuál es la situación? Un estudio del Servicio de Información e Investigación Social constató que por ejemplo los números en Alemania son homologables a los de nuestro país, pues las ratios se sitúan en 35 trabajadoras de atención directa por cada 100 personas usuarias, un número que en algunas regiones asciende hasta las 42. En Francia por su parte, la cifra se situaría en 57,2 trabajadoras, aunque aquí se considera a todo el personal de atención directa y al que realiza actividades administrativas o de gestión.
¿Cuántas trabajadoras —la mayoría son mujeres— son necesarias para ofrecer una atención de calidad en las residencias de mayores? Es la eterna pregunta desde que la pandemia de covid-19 dejó alrededor de 30.000 usuarios fallecidos. Pero no hay respuestas claras. Ni las había antes de la crisis sanitaria ni se ha llegado a un consenso todavía, cuatro años después. Las normativas no son más que acuerdos entre las partes implicadas y casi nunca se adaptan a las necesidades reales que manifiestan las profesionales del sector y los familiares de los residentes. Por eso han sido ellos los que han tratado de dar una respuesta. Y la conclusión a la que han llegado es que hacen falta plantillas de 132 gerocultoras —personal de atención directa— por cada 100 residentes para poder ofrecer una "vida digna" en residencias. Un número, a la luz de los datos, muy alejado de la realidad.