La tragedia de Badalona destapa la situación límite en la que viven medio millón de personas en España

Tres muertos y 17 heridos, dos en estado crítico y cuatro de carácter grave. Ese es el balance provisional que dejó este jueves el incendio desatado en la noche del miércoles en una nave industrial abandonada de Badalona (Barcelona) en la que vivían hacinadas unas 140 personas. Se desconoce el motivo que ocasionó las llamas, así que los Mossos d'Esquadra trabajan ya para saber si fue provocado o fruto de un accidente. Lo que sí se sabe es que muchos de los moradores escaparon por el tejado y antes de que llegaran las autoridades ya habían huido del lugar. Según El Periódico, la mayor parte eran inmigrantes subsaharianos, sobre todo senegaleses. Y en situación irregular. Por eso huyeron sin esperar siquiera a recibir atención por parte de los servicios médicos.

Detrás de este suceso puntual se esconde un problema que no lo es tanto. Y que afecta a muchas más personas. Concretamente, a 554.000. Según Thomas Ubrich, miembro del equipo de estudios de Cáritas, medio millón de personas en España se ven obligadas a habitar una vivienda o un espacio inadecuado e inseguro. Sólo en Cataluña lo hacen 160.000.

El resultado de la tragedia podría empeorar. El jefe del operativo de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ya avanzó este jueves que cuentan con la posibilidad de encontrar más cadáveres cuando consigan acceder al interior del edificio, abandonado desde hace 15 años, cuando cerró la empresa que operaba en él. Fue entonces cuando se convirtió en un hogar improvisado. Pero el dueño nunca lo denunció. Sí fue motivo de disputa entre los vecinos, que se quejaron del estado en el que se encontraba la nave, algo que achacaban a las personas que allí vivían. No constan, sin embargo, denuncias por robos, tráfico de drogas o violencia, según el diario.

Aun así, el alcalde de la localidad, el conservador Xabier García Albiol, conocido por sus declaraciones xenófobas y racistas, no perdió la oportunidad de ideologizar el suceso destacando, poco después de originarse las llamas, que el edificio afectado era una nave "okupada ilegalmente". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentaron la "tragedia". Lo hicieron, todos ellos, a través de las redes sociales, el mismo escenario que escogieron algunos miembros de Podemos, de En Comú Podem u organizaciones para lamentar un suceso que, aseguran, está íntimamente ligado con el problema de la falta de vivienda digna. "Sucesos como el de Badalona nos siguen demostrando que la vivienda es un derecho humano y que no tener hogar mata", lamentó José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí.

Hay otro caso reciente que refleja, aunque con diferencias, la misma problemática. El domingo, hace apenas cinco días, un hombre de 59 años y algunas patologías previas falleció en la calle. Vivía allí, aunque era atendido por algunos servicios sociales. Como él, dice Ubrich, hay otras 40.000 personas en España. Hogar Sí estima en 33.000 el número de personas que no viven bajo un techo. No obstante, hacerlo no es garantía de nada. Según detalla Ubrich, "hay dos dimensiones de la exclusión residencial" que afecta al 24% de la población en general, según el informe de la Fundación Foessa que lleva por título Focus. Vulneración de derechos: vivienda.

Una de esas dimensiones es la de la vivienda insegura, definida en el informe como aquella situación que implica "vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento, etc.), con notificación legal de abandono de la vivienda, vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja, etc.". Los habitantes de la nave de Badalona, abandonada, no contaban con ese "título legal". La otra es la de la vivienda inadecuada, que significa "vivir en estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas, etc., sin acceso adecuado a suministros públicos (como agua, electricidad o gas), vivir en situaciones de hacinamiento, vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal, etc.". Según Ubrich, las 140 personas que vivían, según distintos medios, hacinadas en la nave, por tanto, también sufrirían este modo de exclusión residencial. 

2,1 millones de personas en viviendas inseguras y 4,6 en inadecuadas

¿Cuántas personas se encuentran en esta situación? Según el informe Foessa, hay 800.000 hogares y 2,1 millones de personas que sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. En proporción, son 4 de cada 100 hogares en España. Por su parte, hay alrededor de un millón 300.000 hogares y 4,6 millones de personas que sufren inadecuación en la vivienda. Son 7 de cada 100 familias las que, por tanto, soportan una situación "de falta de confort y de condiciones adecuadas para residir". 

La combinación entre ambas situaciones es más peculiar. La sufren, según el informe, 150.000 hogares y 554.000 de personas, algo más de medio millón que soporta, por tanto, "exclusión residencial severa". Casi todas estas personas se encuentran en Cataluña, donde viven 160.000 individuos en esta situación. Donde menos hay es en La Rioja, con 1.400 personas.

Albiol y la nave "okupada ilegalmente"

Este problema no ha sido ni siquiera mencionado por el alcalde de la localidad en la que ha tenido lugar el incendio. Albiol aseguró primero que la nave había sido "okupada ilegalmente". Y después acusó a las 140 personas que vivían allí de cometer distintos delitos como robos, por ejemplo. Y eso fue objeto de críticas de la oposición. Àlex Montornès, portavoz de la sección local de ERC, afirmó que este "no es momento de hacer partidismo ni reproches". "Es un error hacer un discurso que culpabilice a las víctimas", añadió, palabras que también hizo suyas Rubén Guijarro, del PSC, que aseguró que su partido se opondrá radicalmente a "quien quiera criminalizar a las víctimas". "Me parece una vergüenza que el alcalde de una ciudad tan importante como Badalona, en el día en que nos enteramos que ha habido al menos tres muertos,esté focalizando y criminalizando a las propias víctimas", añadió Aïda Llauradó (Badalona en Comú Podem). 

En cualquier caso, el incendio ha servido a los conservadores para sacar de nuevo a colación un tema que han abanderado durante todo el verano, junto con el resto de la derecha política y mediática, que alimentaron un mito de la okupación que nunca tuvo el alcance que se planteaban. Lo dicen los datos. Las denuncias aumentaron solo un 5% en el primer semestre de 2020 y sólo han crecido en cinco de las 17 autonomías, según los datos del Ministerio del Interior. Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 hubo 6.028 condenas judiciales por usurpación —okupación de casas vacías— y 285 por allanamiento, el delito que castiga los supuestos que más aparecen en medios de comunicación y publicidad, es decir, la okupación de viviendas de particulares. 

La vivienda social: la solución

Al menos tres muertos y 17 heridos en el incendio en una nave abandonada de Badalona (Barcelona)

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¿Cómo evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir? Según la organización Provivienda, impedir que situaciones como las de Badalona vuelvan a producirse pasa, necesariamente, por prevenir. "Es el primer paso. Hay que prevenir para que no haya personas en situación de infravivienda", critican. ¿Y cómo? A corto plazo, con ayudas a las situaciones de emergencia; a largo, apostando por la vivienda social, una herramienta, según Ubrich, "raquítica" y "casi inexistente" en España. Los datos suscriben sus palabras. Según las cifras facilitadas por Provivienda, España cuenta únicamente con 290.000 viviendas de titularidad pública destinada al alquiler social, que dan cobertura al 1,6% de los hogares españoles. En la Unión Europea, de media, dicho porcentaje de cobertura se sitúa en un 9,3%.

Eso se suma al precio de los alquileres, que no hace nada más que subir. A falta de datos oficiales, el portal Fotocasa indicó el pasado mes de noviembre que los precios aumentaron un 10% interanual en el mes de octubre. Pero la venta no corre otra suerte. Según pisos.com, la vivienda a la venta aumentó su precio un 1,1% en noviembre. 

Y la pandemia no ayuda. Según Ubrich, la crisis sanitaria originada por el covid-19 ha provocado que muchas personas se hayan visto "en situación irregular sobrevenida" que les ha impedido acceder a recursos de acogida. Sobre todo a migrantes, "uno de los colectivos más vulnerables" que, según Provivienda, encuentra "más barreras" para acceder a la vivienda.