Tres años, un mes y quince días. Ese es el tiempo que el Congreso lleva sin ejercer un control sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno. Se trata de unos fondos que tienen asignados los ministerios de Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores por los que, teóricamente, deben informar semestralmente, tanto al Congreso como al presidente de Gobierno y al del Tribunal de Cuentas. La cantidad que reciben viene fijada anualmente en los Presupuestos Generales y su partida (27,86 millones anuales) no ha variado desde la época de Mariano Rajoy en el Ejecutivo.
La directora del CNI, Paz Esteban, dependiente de Presidencia, también debería comparecer ante esta comisión para rendir cuenta del funcionamiento y las actividades de la agencia. "De estas informaciones se exceptuarán las que procedan de los servicios extranjeros o de organizaciones internacionales", explican desde la Cámara Baja.
El control sobre estos fondos y el CNI le corresponde a la comisión de control de los gastos reservados, más conocida como la Comisión de Secretos Oficiales, que no se reúne desde el 3 de marzo de 2019. Una situación que desde el Gobierno quieren revertir, pese a que hasta la fecha apenas ha habido avances. Así lo aseguró el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, en declaraciones a Europa Press. Según Gómez, la voluntad de su grupo parlamentario es activarla alcanzando “un entendimiento” con todos los grupos, pero “sin vetos cruzados”.
La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece que estas partidas deben estar sujetas al control del Congreso, "a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales". Una directriz que completa la ley que regula el acceso a los secretos oficiales, que data de mayo de 2004. “Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos", puede leerse en el texto de la ley.
Esos 210 votos —los mismos que se necesitan para designar al Consejo General del Poder Judicial y otros organismos constitucionales— deben lograrse en una votación secreta mediante papeleta en urna. Es el mismo sistema empleado para la elección de la Mesa del Congreso. "Si alguno de los designados dejase de pertenecer, en el transcurso de la Legislatura, al grupo parlamentario por el que fue elegido, se procederá a la elección de su sustituto", añade la ley. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.
En Comú Podem —formación integrada en Unidas Podemos— registró en el año 2017 una proposición de ley para que los datos de los gastos reservados del CNI y los distintos ministerios puedan publicarse a los diez años de su utilización. Además, en su iniciativa se eliminaba el requisito de los 210 votos del Pleno y se abogaba por que la comisión estuviera formada al menos por un diputado de cada grupo, sin precisar exigencias. Nunca fue aprobada.
PP, Vox y Ciudadanos vetan la presencia de ERC y Bildu
Hasta hace relativamente poco el consenso imperaba y todos los portavoces votaban al resto, por lo que se alcanzaba fácilmente la cifra de 210 votos. Sin embargo, en la actualidad la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y Ciudadanos, se niega a que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, y la de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, tengan presencia en la comisión. "Los que quieren acabar con el Estado... ¿conociendo los secretos del Estado que quieren destruir? ¿Cómo se come eso?", señalan fuentes de estos grupos a infoLibre.
Por su parte, las fuentes consultadas en la izquierda parlamentaria (PSOE, Unidas Podemos y ERC) aseguran que ellos no vetarían la entrada de nadie, tampoco a la ultraderecha. "Respetamos la entrada de todos los grupos con representación", afirman los primeros. "Nosotros no somos partidarios de vetar a nadie", añaden en el espacio confederal. "Lo de los vetos cruzados es mentira, nosotros no estamos en eso. Tampoco Bildu", zanjan en la dirección de ERC.
Este veto a las formaciones independentistas no es nuevo. Sucedió en la X Legislatura (2011-2015). El Partido Popular vetó, gracias a su mayoría absoluta, la entrada de un representante del Grupo Mixto, integrado por representantes de las formaciones que, habiendo obtenido escaños, no pudieron configurarse en un grupo propio. En esa legislatura, el Grupo Mixto estuvo integrado por Amaiur, ERC, BNG, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Geroa Bai, Compromis-Equo y Foro Asturias. Desde el PP argumentaban que ERC no podía "defender la ruptura del Estado" –es una formación independentista– y al mismo tiempo formar parte de una Comisión pensada para garantizar la "integridad y seguridad" del mismo.
Fueron cuatro las veces que ERC intentó que el pleno del Congreso diese luz verde a la incorporación de uno de sus candidatos a esta Comisión. No fue posible. El PP, desde 2012, lo bloqueó con el argumento de que un partido próximo a Amaiur –formación integrada en parte por miembros de la izquierda abertzale– no debía sentarse en un órgano de la Cámara que maneja asuntos confidenciales.
En la siguiente legislatura, cuando el PP ya no contaba con mayoría absoluta en la Cámara, ya no se opuso a la entrada de los independentistas y Tardà (ERC) y Xuclà (PDeCAT) se sentaron en esta comisión. El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, justificó el aval de su partido a la entrada de las citadas formaciones en aras de la "normalidad institucional". Pero les advirtió de que deben cumplir con la "reserva" y "confidencialidad" que exigen los secretos de Estado. "En clave nacional española", resumió Bermúdez de Castro.
El PNV propone cambiar la Ley de Secretos Oficiales
Sin embargo, en el PP alegan que la celebración del referéndum del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia del año 2017 demuestran predisposición a la "deslealtad" del grupo catalán. "Dijeron que lo volverían a hacer y si les damos acceso a esta comisión podrían utilizarlo en contra de España", argumenta una fuente de la dirección a este periódico. Por su parte, en el PSOE rechazan dejar fuera a representantes como Rufián o Aizpurúa y alegan que tienen "el mismo derecho que el resto".
Más transparencia y control
El pasado mes de diciembre el Congreso aprovechó las conclusiones de la investigación sobre la operación Kitchen para pedir una mejora del control de los fondos reservados. La propuesta fue una recomendación promovida por Unidas Podemos incluida en el documento de conclusiones aprobado en la comisión parlamentaria. El texto salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, mientras que otros partidos como ERC, el PNV y la CUP se decantaron por la abstención, y el PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron.
En concreto, en las conclusiones se estimaba oportuno "una revisión en los procesos y procedimientos sobre el uso y control de los fondos reservados". Según recoge la ley, los diputados miembros de la Comisión pueden acceder a originales o copias de documentación catalogada como secreta o reservada. Tienen la posibilidad de examinarla y tomar notas, pero no pueden hacer copias ni retener los originales. Asimismo, tienen la obligación de mantener el secreto sobre toda la información reservada o secreta a la que han accedido por su pertenencia a esta comisión. Pero no siempre ocurre así. Filtraciones periodísticas permiten que trascienda lo que ocurre puertas adentro de estas reuniones, que han tratado asuntos relacionados con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del rey emérito, el espionaje a políticos catalanes y las investigaciones sobre el caso Nóos.
Tres años, un mes y quince días. Ese es el tiempo que el Congreso lleva sin ejercer un control sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno. Se trata de unos fondos que tienen asignados los ministerios de Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores por los que, teóricamente, deben informar semestralmente, tanto al Congreso como al presidente de Gobierno y al del Tribunal de Cuentas. La cantidad que reciben viene fijada anualmente en los Presupuestos Generales y su partida (27,86 millones anuales) no ha variado desde la época de Mariano Rajoy en el Ejecutivo.