El último en sumarse a las propuesta ha sido el líder del PP, Pablo Casado. Lo hizo este jueves, durante una visita a Cataluña, donde su partido obtuvo en las últimas elecciones un 4,24% de los votos y que, según algunas encuestas, se asoma al abismo de las formaciones extraparlamentarias. El PP, si gobierna después del 28 de abril, se propone aprobar una “ley de lenguas” para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas y las lenguas cooficiales no sean una exigencia para opositar allí donde se hablan sino sólo un mérito, lo que permitirá “que grandes médicos o profesores o funcionarios vengan a Cataluña aunque desconozcan la lengua cooficial”.
Una ley que, de aprobarse, pasará por alto el derecho de un ciudadano gallego a ser atendido en su lengua en la sanidad pública. O de un vecino de la Comunitat Valenciana a expresarse en la suya cuando se dirija a un funcionario. Y que, en cualquier caso, si alguien quiere aprobarla, deberá encontrar la manera de pasar por encima del artículo 3 de la Constitución, que equipara las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas al castellano y que, al menos hasta ahora, ha servido de fundamento jurídico para que no puedan ser objeto de discriminación.
Casado argumenta que “no es justo que un catalán pueda concursar a una plaza pública en Madrid y que un madrileño tenga dificultad o directamente no pueda concursar a un empleo público en Cataluña”. Y, siguiendo ese razonamiento, quiere además que “la lengua oficial de todos los españoles también se vea en la señalización urbana e interurbana”, lo que equivale a desandar un camino, el de la normalización de la toponimia, que su partido había transitado sin problemas durante años. El líder del PP quiere que Lleida se llame Lérida-Lleida y que Ourense sea rotulada Orense-Ourense.
La batalla entre las lenguas nunca ha gozado de soporte científico, ni por parte de la sociología ni de la lingüística. Sólo la política, normalmente en busca de la simpatía de las comunidades en las que sólo se habla castellano, agita cada cierto tiempo este debate. Y ahora los tres partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, han decidido que ha llegado el momento de sumar voluntades para poner fin a las normas que equiparan el derecho a usar las lenguas cooficiales o que durante años, y con escaso éxito, han intentado mejorar sus porcentajes de uso.
Rivera manipula la Constitución
La propuesta de Casado llega apenas diez días después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se comprometiera a garantizar que el castellano sea lengua vehicular de todos los colegios públicos y concertados del país. Si llega al Gobierno, claro. “Si nosotros gobernamos, el español va a ser la lengua vehicular en todos los colegios de España y a quien no le guste, que se aguante, porque es lo que dice la Constitución”, declaró Rivera en el Congreso ignorando deliberadamente lo que dice el articulo 3 de la Carta Magna.
Rivera sostiene que es una cuestión de valentía, no de leyes ni de derechos lingüísticos de aquellos españoles que se expresan en una lengua distinta del castellano. Los españoles “no se merecen gobiernos que no tengan el coraje de defender el uso del español en todas las escuelas del país”, defiende.
En realidad, es el PP el recién llegado a esta forma de pensar. La formación que ahora dirige Casado fue artífice de las leyes de normalización lingüística que durante años gobernaron por consenso la coexistencia pacífica entre el castellano y el gallego. Alguien tan poco sospechoso como Manuel Fraga fue el responsable de que ese estatus quo se mantuviera, hasta el punto de que el consenso lingüístico en Galicia sólo se empezó a fracturar con la llegada a la Presidencia del actual responsable de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Ciudadanos, en cambio, fiel a su programa recentralizador y a su nacionalismo español, siempre estuvo en el mismo sitio. Igual que Vox, cuyo ideario defiende desde su fundación que el español sea la única lengua vehicular y obligatoria. La formación ultra propone que las lenguas cooficiales pasen a ser opcionales. Y que, por supuesto, dejen de ser tenidas en cuenta a la hora de optar a un empleo público.
Anticipo
Hace sólo unos días, Vox-Baleares exigía la derogación de la Ley de Normalización Lingüística de 1986 de esta comunidad como “requisito indispensable” para cualquier pacto tras las elecciones autonómicas de mayo, lo que anticipa que sus demandas lingüísticas formarán parte también de su lista de exigencias a escala nacional si después del 28 de abril sus escaños son decisivos para un Gobierno de la derecha.
El líder balear de Vox, el ultra Jorge Campos, pedía entonces que PP y Ciudadanos tomasen posición. Ya lo han hecho. Y la coincidencia no puede ser mayor.
Frente a la tesis que defienden al unísono los tres partidos de la derecha, lo cierto es que el supuesto problema del que hablan no se corresponde con una realidad de opresión lingüistica. Después de décadas de legislación activa a favor del catalán, tratando de normalizar el uso y el conocimiento de la lengua, sólo uno de cada tres catalanes (36,3%) lo usan como lengua habitual. la mitad de la población (50,7%) tiene el castellano como lengua habitual y un 6,8% asegura que utiliza por igual ambos idiomas, según datos oficiales.
En Galicia, las estadísticas demuestran que las políticas aplicadas en las últimas décadas, en especial los últimos diez años de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, han hecho retroceder el uso del gallego como lengua principal a sus cotas más bajas, ya por debajo del 50%, mientras el porcentaje de monolingües es castellano no para de creer. Y al euskera no le va mejor: su uso en las calles de Euskadi, Navarra y País Vasco francés decrece en los últimos años, del 13,7% registrado en 2006 al 12,6% de 2016. Por territorios, ha disminuido en Bizkaia (8,8%), Gipuzkoa (31,1%) y País Vasco francés (5,3%), mientras que en Araba (4,6%) y Navarra (6,7%) ha aumentado respecto a anteriores mediciones.
Defensa de las lenguas
Frente a la derecha, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus homólogos de Cataluña, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Navarra y Euskadi mantiene una defensa activa de las lenguas de las Comunidades Autónomas, allí donde son oficiales. También en Galicia, donde gobierna el PP, al menos de momento. La ministra de Educación, Isabel Celaá, recordó este viernes a Casado que “el castellano ya es lengua vehicular en las escuelas españolas”. “En la escuela vasca, y en Cataluña también, porque se estudia en catalán pero también el castellano es lengua vehicular en algunas materias y algunos niveles”. El castellano no está siendo “discriminado”, aseguró Celaá a Europa Press. “Es la lengua prevalente en la vida económica, social y artística de España. Lo hablan 580 millones de personas en todo el mundo. No está en ningún riesgo de exclusión o discriminación”, recordó.
PP, Ciudadanos y Vox abrazan una amplia agenda recentralizadora
Si alguien quiere cambiar el estatus que protege las lenguas españolas “habrá que pensar en la Constitución, en los Estatutos de autonomía, que son bloque constitucional, en la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias y en la legislación educativa”, advirtió la ministra.
El pasado mes de diciembre, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, afirmó el compromiso del actual Gobierno con “la riqueza” que supone la pluralidad lingüística del país y apostó por dar “un impulso decidido a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a poder hacer uso”, en sus relaciones con la Administración, de la lengua oficial que elijan. Lo hizo durante la quinta reunión del Consejo de Lenguas Oficiales, reunido en Bilbao por primera vez fuera de Madrid desde su creación en el año 2007.
El Consejo de Europa ya ha llamado la atención a España en alguna ocasión sobre la necesidad de hacer un mayor uso de todas las lenguas oficiales que conviven en su territorio, especialmente en ámbitos como el jurídico, el educativo o el sanitario.
El último en sumarse a las propuesta ha sido el líder del PP, Pablo Casado. Lo hizo este jueves, durante una visita a Cataluña, donde su partido obtuvo en las últimas elecciones un 4,24% de los votos y que, según algunas encuestas, se asoma al abismo de las formaciones extraparlamentarias. El PP, si gobierna después del 28 de abril, se propone aprobar una “ley de lenguas” para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas y las lenguas cooficiales no sean una exigencia para opositar allí donde se hablan sino sólo un mérito, lo que permitirá “que grandes médicos o profesores o funcionarios vengan a Cataluña aunque desconozcan la lengua cooficial”.