PP, Ciudadanos y Vox abrazan una amplia agenda recentralizadora

El 28 de febrero, apenas cinco días antes de que Pedro Sánchez firmase el decreto de disolución de las Cortes y convocase las elecciones generales, se cumplieron 27 años del pacto autonómico. El entonces presidente, Felipe González, y el líder de la oposición de la época, José María Aznar, estamparon su firma en un documento que abrió la puerta a la generalización del modelo de las autonomías a todo el territorio español. A partir de ese momento, todas las comunidades y no sólo las históricas comenzaron a gestionar, entre otras, competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Los dos grandes partidos que dominaban la vida política española acordaron también el desarrollo del principio de cooperación a través de nuevos mecanismos como las conferencias sectoriales, los programas, los planes conjuntos y los convenios.

Eran tiempos de crecimiento económico y, aunque con la llegada de Aznar a la Moncloa en el año 1996 PP y PSOE no encontraron la manera de completar el modelo creando un sistema estable de financiación autonómica, reformando el Senado y resolviendo el problema de las relaciones entre las comunidades autónomas y la Unión Europea, nadie cuestionaba el modelo.

Ni siquiera Mariano Rajoy, muy combativo con la reforma de un Estatuto de Autonomía de Cataluña que sirvió de modelo a la actualización de los de otras comunidades como Andalucía, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Aragón, Castilla y León, Navarra o Extremadura, se planteó nunca desandar la descentralización autonómica, considerada hasta entonces un modelo de éxito.

La excepción más notable en esos años fue Unión Progreso y Democracia (UPyD), la primera formación que, con escasa fortuna, intentó levantar un discurso recentralizador a escala nacional. Su lugar fue ocupado, a partir de las elecciones de 2014, por Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera como una respuesta catalana al nacionalismo.

La formación naranja monopolizó las propuestas más jacobinas en las instituciones en las elecciones generales de 2015 y en su repetición, un año después, en 2016. El PP, con Mariano Rajoy al frente, se mantuvo inflexible frente a las demandas independentistas catalanas de esos años, impulsadas por Artur Mas, primero, y por Carles Puigdemont, después. Pero sin mirar hacia atrás. Hasta que la moción de censura de junio de 2018 que acabó con sus siete años en la Presidencia cambió el rumbo en el timón del Partido Popular.

Casado entierra el discurso moderado

Pablo Casado se hizo con la Presidencia del PP, enterró el discurso moderado de su antecesor e, inspirado por José María Aznar, tomó como excusa el fallido intento de proclamar la independencia de Cataluña para empezar a incorporar al programa del partido propuestas recentralizadoras. Primero al hilo del conflicto catalán; después empujado por un deseo indisimulado de disputar las banderas de Vox, cuya capacidad de atraer a los votantes más derechistas del PP quedó patente el pasado otoño en un mitin multitudinario celebrado en Madrid.

Este cambio, combinado con el auge de Ciudadanos y de Vox, hace por primera vez viable un programa de rcentralización de competencias sin precedentes desde la creación del Estado autonómico.

El programa más radical es precisamente el de la ultraderecha liderada por Santiago Abascal. Su partido se ha convertido en pieza clave de cualquier gobierno de la derecha y sus ideas han comenzado a contaminar cada vez más los discursos de Albert Rivera y, sobre todo, de Casado.

Vox no es un partido de matices. Quiere la suspensión de la autonomía catalana “hasta la derrota sin paliativos del golpismo” y “transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España”. Y, mientras eso se lleva a cabo, exige la “devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica”.

En su ideario destacan también acabar con la equiparación al español de las lenguas cooficiales allí donde tienen ese reconocimiento estatutario, así como la supresión de la Ertzantza y los Mossos d’Esquadra, el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y lo que considera “estructuras paralelas al Estado”, entre las que incluye las televisiones autonómicas, los defensores del pueblo, los consejos consultivos y otros organismos autonómicos allí donde existan.

Vox quiere que la sanidad y la educación vuelvan a manos de la Administración central. Quieren una tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios idéntica en toda España. Y, por supuesto, que el español sea lengua vehicular obligatoria en todos los tramos educativos. Catalán, gallego y euskera pasarían a ser asignaturas opcionales.

El partido de Abascal quiere también que el acceso a la función pública sea idéntico en toda España y hasta un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice la centralización de la gestión del agua.

El programa de Pablo Casado se parece cada vez más al de Abascal. Es verdad que no propone suprimir el Estado autonómico, pero sí suspender indefinidamente la autonomía catalana nada más llegar al Gobierno. Y que el Estado recupere las competencias educativas, de manera que las comunidades se limiten a gestionar lo que el Gobierno central decida sobre los contenidos de las asignaturas y sobre la lengua de la enseñanza, que el PP también quiere reservar al castellano. Y la creación de un MIR para la educación, un examen nacional que permita a la Administración central controlar quién va a dar clase con independencia del territorio en el que vaya a hacerlo.

Poco a poco ha ido introduciendo propuestas en esta línea, muchas todavía sin concretar, pero que se supone afectarán a la sanidad, la justicia, la política penitenciaria —Cataluña es la única comunidad que la tiene y el País Vasco la tiene reconocida en el Estatuto de Gernika— y la política hidráulica, asuntos que forman parte también del programa de Vox.

En materia sanitaria, declaró hace poco días el número dos del PP, Teodoro García Egea, “debe haber realmente libertad de movimientos y prestaciones comunes y generales para todos, incluida la atención primaria, se venga de la comunidad de donde se venga”.

Hace apenas un mes Pablo Casado apuntó su deseo de reformar la Administración para “reforzar la presencia del Estado” en todas los territorios. Hay que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en todas partes porque, según él, “no se puede querer lo que no se ve”. “No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.

Esa reforma, añadió, permitirá concretar las competencias de titularidad estatal y exigir la lealtad debida a las autonomías. Y establecerá una “moratoria de transferencias de competencias mal gestionadas”, para lo cual quiere que el Gobierno “audite y evalúe su cumplimiento” con el fin de “paralizar la cesión de nuevas transferencias si [los Gobierno autonómicos] están siendo desleales”. El plan del nuevo líder del PP pasa por no conceder una transferencia más a las autonomías, ni siquiera las reconocidas en los Estatutos. Tal es el caso, por ejemplo, de las 37 pendientes con Euskadi, que el PP vasco también reclama. Al menos hasta ahora.

Casado también ha propuesto que el nuevo sistema de financiación autonómica permita al Estado “supervisar” que las comunidades “hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles”. Una tutela que, de hacerse realidad, pondría fin a la capacidad de los Gobierno autonómicos de determinar sus prioridades de gasto.

En línea también con Vox, el PP propone ahora que por ley la lengua española sea “vehicular” cuando los funcionarios se dirijan a los ciudadanos. “Cuando gobierne el PP las Administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español” y el conocimiento de las lenguas cooficiales dejará de ser un requisito para obtener una plaza en la función pública allí donde existen lenguas cooficiales.

La última propuesta en esta línea hecha pública por el PP tiene que ver con la seguridad del Estado. Casado quiere establecer la “prevalencia” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, con el argumento de que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado”.

A la espera de que el PP dé a conocer todo su programa, está por ver cómo se proponen llevar a cabo la recentralización de competencias, aunque todo apunta a que quieren hacerlo mediante la aprobación de normas básicas que vacíen de contenido a los Gobiernos autonómicos para limitar su capacidad de hacer política y dejarles únicamente la gestión. Una relectura de la Constitución en toda regla con el objetivo de recentralizar el Estado y poner coto a lo que consideran excesos autonómicos.

Las banderas de Cs

Esta rapidísima evolución del PP y su progresiva adaptación a las propuestas de Vox ha terminado por desdibujar las de Ciudadanos, que en muchos casos reclama la paternidad de las ideas que ahora defiende Pablo Casado. Pero más allá de ese debate sobre quién tuvo primero la idea, lo cierto es que Cs ya no tiene la exclusiva del ideario recentralizador en España.

El combate contra las lenguas cooficiales sigue siendo una de sus banderas, Su portavoz nacional, Inés Arrimadas, lo repite a diario en sus intervenciones, también para criticar al PP anterior a Casado: “El bipartidismo del Partido Popular y PSOE ha permitido que se utilice la educación para adoctrinar e imponer una lengua. Ciudadanos va a ser la garantía de que el español sea lengua vehicular y que a ningún funcionario se le exija una lengua cooficial para poder trabajar”.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido implantar una tarjeta sanitaria única en toda España, “para que nadie niegue a los españoles el derecho a la sanidad por culpa de la burocracia”. Y una ley de custodia compartida idéntica en todo el país “para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. Y un examen único para convertirse en profesor semejante al MIR que da acceso al ejercicio de la medicina en la sanidad pública. Lo mismo que el PP.

Su discurso es el de “la igualdad entre todos los españoles”, con independencia del territorio en el que vivan. Por eso han tenido siempre en el punto de mira el Concierto Vasco y el Convenio Navarro y defienden que ambas comunidades se incorporen al régimen común, aunque en esta elecciones hayan aparcado sus críticas al fuero de Navarra para facilitar una coalición con UPN.

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La formación naranja, como el PP, aún no ha concretado su programa electoral. Pero en el de 2016 ya se comprometían a garantizar “iguales servicios y prestaciones básicas en todas las Comunidades Autónomas para evitar diferencias injustificadas de cobertura”, a coordinar los servicios sociales en toda España y a centralizar “la toma de decisiones en el caso de los medicamentos huérfanos y de uso compasivo para asegurar la igualdad en el acceso a dichos tratamientos”.

Cs quería entonces cerrar el Estado autonómico de “manera definitiva” con una reforma Constitucional que separase y “clarificase” las competencias del Estado para garantizar “condiciones de vida equivalantes en todos el territorio”. “Se establecerá la prevalencia de la legislación del Estado y se suprimirá la posibilidad de ceder o delegar a las Comunidades Autónomas las competencias que la Constitución otorga al Estado”, proponían hace tres años.

Paradójicamente, el ideario recentralizador de las tres derechas no parece corresponderse con un cambio de tendencia en los deseos de la mayoría de los españoles. Es verdad que las tensiones territoriales desatadas por el intento de declaración unilateral de independencia protagonizado hace un año por las formaciones nacionalistas catalanas han provocado un ligero repunte de las cifras de ciudadanos españoles que se declaran partidarios de una reducción de competencias de las Comunidades Autónomas o de su completa desaparición. Pero el porcentaje, sin embargo, sigue todavía muy por debajo del que registró en 2012 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando comenzó a preguntar a los encuestados su opinión acerca del modelo territorial español. En aquellas fechas, los partidarios de la involución autonómica eran la opción mayoritaria y rozaban el 40%, nueve puntos y medio por encima de los registros actuales.