La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en una entrevista en el programa El Hormiguero (Antena 3) a una sola pregunta sobre las residencias de ancianos y las muertes que tuvieron lugar en ellas sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia.
El presentador, Pablo Motos, quiso que explicara porqué el PP, con la ayuda de Vox, se opone a que una comisión de investigación parlamentaria aclare lo sucedido en Madrid, tal y como reclaman las asociaciones que representan a las familias de los fallecidos.
Díaz Ayuso se preguntó: “Abrir eso, ¿de qué sirve? No es cierto que ahí hubo dejación. Es ahondar en un dolor innecesario”. En su respuesta, dejó caer además tres mentiras y una verdad. Son las siguientes:
1. “Lo que pasó en las residencias es lo mismo que pasó en las casas, con la salvedad de que allí los geriatras eran los que decidían las decisiones (sic) que se tomaban”.
Los protocolos de la Comunidad de Madrid que establecieron “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de mayores que vivían en residencias y que en la práctica supusieron la diferencia entre morir y tener una oportunidad de supervivencia en un hospital crearon la figura del “geriatra de enlace”.
El sistema funcionaba del siguiente modo: cuando un anciano enfermaba, la residencia llamaba al geriatra de enlace del hospital para saber si lo podían trasladar. Pero el geriatra no tomaba su decisión libremente: estaba obligado a seguir el protocolo establecido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, si cumplía los criterios “de exclusión” no lo podían trasladar.
Los criterios para no derivar, como desveló en su día infoLibre, se basaban en un alto nivel de dependencia física o de deterioro cognitivo. Sólo había una excepción: quienes tenían seguro privado podían llamar directamente a una ambulancia, también privada, que les llevaba a su hospital privado, donde no existía la figura del “geriatra de enlace”. A ellos no se les aplicó el protocolo de exclusión.
Hay decenas de testimonios de familiares, incluidos en denuncias y querellas, que dejan constancia de que desde el hospital se llegó a rechazar el traslado de residentes.
Existen además dos contundentes narraciones en primera persona que se pudieron escuchar en la comisión de investigación de la pasada legislatura durante tiempo que sí funcionó antes de las elecciones del 4 de mayo: el de una directora de residencia en Madrid que relató cómo el hospital que le correspondía rechazó a sus enfermos durante 27 días y el del ejecutor de la Operación Bicho, según el cual sólo le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitaron en Madrid.
Si una mujer de 80 años que vivía en su domicilio iba al hospital con su hijo, la ingresaban porque no tenía que pasar por el geriatra de enlace. La discriminación que Ayuso niega solo tenía lugar si quien trataba de llevar al enfermo al hospital era una residencia y no un familiar y si el afectado tenía determinado grado de deterioro físico y cognitivo.
Por tanto, los geriatras tomaron las decisiones de acuerdo con las órdenes que aprobó la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero.
2. “Yo no quiero que se abra una comisión de investigación para decirle a las familias que la muerte de su familiar se podía haber evitado porque es mentira”.
Es una afirmación que simplemente no se sostiene. En marzo y abril fallecieron 7.291 personas en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital, según datos oficiales facilitados por el Gobierno madrileño a infoLibre. La presidenta de la Comunidad, ni nadie, puede saber cuántas de ellas habrían sobrevivido de haber recibido tratamiento en un hospital. Pero, a priori, parece bastante difícil de sostener lo que está diciendo la presidenta madrileña: que si los 7.291 mayores hubiesen sido trasladados a un hospital, los 7.291 habrían muerto igual.
Pero es que, además, hay un hecho que desmiente la tesis de Ayuso: la cifra de fallecimientos de residentes cayó drásticamente cuando se recuperaron las derivaciones hospitalarias. Es algo que se ve con nitidez comparando los datos de mortalidad de dos periodos. En los ocho día del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).
Entre esos dos períodos, el primero con protocolo y el segundo prácticamente sin él, la mortalidad de residentes bajó de 300 a 70 al día.mortalidad El número de fallecidos en el hospital de media diaria fue casi idéntica (37 frente a 35), y lo que se desplomó fue el número de fallecidos en la residencia (de 263 a 35) precisamente cuando se volvieron a realizar traslados con regularidad.
Estos datos demuestran, por tanto, que la mortalidad se disparó precisamente cuando se impidió el traslado al hospital de las personas mayores.
3. “Las personas que murieron solas no lo estuvieron nunca porque siempre tuvieron la mano de un militar, de un profesional de la UME o de alguien del Ejército”.
También es completamente falso. Los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), movilizados por el Gobierno central, acudieron a los centros a desinfectar, a enseñar a sectorializar las residencias o a comprobar en su caso que estaban bien sectorializadas. La sectorialización, ordenada or el Gobierno central, consistía en dividir las residencias en cuatro zonas: enfermos con covid, con síntomas compatibles, sin síntomas pero con contactos sospechosos y sin síntomas ni contactos. Los militares no acudieron a los centros a darle la mano a los moribundos.
En aquellos días los familiares no podían ir a ver a los residentes, ni cuando estaban muriendo, ya que estaba en vigor el estado de alarma. Una de las quejas más frecuentes es que ni les informaban de que su padre o madre estaba grave (pasaban de un día para otro de estar bien a morir). Y el personal, por su parte, en las residencias que más sufrieron el azote del virus (con un porcentaje medio de bajas superior al 40%), apenas tenía capacidad para dar de comer a los ancianos.
Si los militares no iban a eso, los familiares no podían entrar y el personal estaba desbordado, es indudable que una gran parte de los fallecidos en las residencias murieron en absoluta soledad.
Eso por no destacar otra cuestión obvia: ¿cómo sabe Ayuso que esas 7.291 personas que fallecieron en las residencias en los meses de marzo y abril lo hicieron siempre acompañadas? ¿Existe algún tipo de registro oficial, hasta ahora desconocido, sobre las condiciones exactas en que murieron esos 7.291 mayores que obra en poder de la presidenta madrileña?
4. “Se han tumbado esas comisiones de investigación en toda España. Me hace gracia que los que no han permitido abrirlas [en otros sitios] pidan que se permita en Madrid”.
Esta afirmación sí es verdad. Los mismos partidos que exigen la investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en las residencias en la Comunidad de Madrid han votado en contra en las asambleas legislativas de otras Comunidades Autónomas en las que quien hacía esa petición era, entre otros partidos, el PP.
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La creación de una comisión de investigación ha sido rechazada, de momento, en 11 comunidades: Galicia, Asturias, Euskadi, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, además de Madrid. La votación está pendiente en la Comunitat Valenciana.
En Aragón se puso en marcha una comisión de estudio del modelo residencial a partir de lo ocurrido durante la pandemia y en Castilla y León, con gobierno del mismo signo que Ayuso (PP), sí está en marcha una comisión de investigación. Es, de momento, la única excepción a la regla.
En las comunidades de Cantabria, Navarra y Canarias el debate sobre la creación de una investigación parlamentaria ni siquiera llegó a producirse porque nadie lo planteó.