Del 'plan Guilarte' a la salida masiva de vocales: vías para forzar la renovación del CGPJ tras 5 años de secuestro del PP
El Ejecutivo vuelve a situar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una de sus prioridades políticas una vez superada la cita electoral del 9J. Tras más de 2.000 días en funciones, con el impacto que eso ha tenido sobre la justicia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este miércoles un ultimátum al PP para que ponga fin al "secuestro" del órgano constitucional. "El día de la marmota se acabó", ha señalado durante una entrevista en la televisión pública, en la que ha anunciado que se dan de plazo hasta finales de junio antes de dar una respuesta legislativa al "atropello". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya se ha puesto en contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, para retomar las negociaciones.
Todos los intentos para renovar el órgano de gobierno de los jueces durante estos cinco años y medio han sido un fracaso absoluto. Los conservadores siempre han encontrado un motivo para hacer descarrilar las conversaciones –desde la reforma del delito de sedición hasta la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno–. Y ni siquiera la participación en las negociaciones del comisario europeo Didier Reynders como mediador, algo que el propio PP exigió y el PSOE aceptó, ha terminado por desatascar la situación. Un bloqueo que todo parece indicar que continuará. Desde Génova aseguran que no aceptan "ultimátums". Y que mantendrán su exigencia de reformar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para desbloquear la renovación.
La 'fórmula Guilarte'
En caso de que fracase este último intento, el Gobierno está dispuesto a mover ficha. De ahí que el presidente haya dejado caer este martes la posibilidad de comenzar a impulsar una reforma legislativa. Una serie de modificaciones con las que se busca que el CGPJ sea menos atractivo para los partidos políticos. Lo que se está planteando, en concreto, es una revisión de la facultad que tiene el órgano para diseñar toda la cúpula judicial española. "Es el incentivo perverso que tiene el PP para seguir bloqueando", ha remarcado Sánchez. De hecho, si en diciembre de 2018 saltó por los aires la renovación fue por la filtración de un mensaje salido de las filas conservadoras en el que se celebraba el acuerdo porque les permitía controlar la Sala de lo Penal del Supremo "desde detrás".
El Ejecutivo recoge así, en parte, el guante lanzado por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, que a finales de abril remitió a las Cortes una propuesta para evitar las "injerencias" de los grandes partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Aquel documento planteaba, entre otras cosas, una reforma del sistema de nombramientos tanto de cargos gubernativos como de magistrados en el Supremo. "He observado que, con cierta frecuencia, para la designación de los cargos judiciales hay dos criterios preferentes que se superponen al ulteriormente constituido por el mérito y la capacidad. En primer lugar, la proximidad afectiva con el candidato. [...] En segundo lugar, suele aflorar la adscripción ideológica o asociativa del optante", señalaba.
Para la designación de los presidentes de Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, así como Presidencias de Sala del Supremo y Audiencia Nacional, lo que propone Guilarte es un sistema en el que los electores sean los jueces del respectivo territorio y los candidatos deban presentar un "programa de actuación" para la mejora del órgano al que estén aspirando. "Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, vinculación con el territorio...", desliza el presidente del Poder Judicial, que ya ha anunciado que se irá este verano si no se produce la renovación. El CGPJ se limitaría a convocar y organizar los procesos electorales y ratificar al candidato propuesto.
En cuanto a la elección de magistrados del Alto Tribunal, lo que propone Guilarte es que sean nombrados por una "comisión cualificada". La misma, detalla en su documento, podría estar integrada por cinco miembros "de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso". Tres de ellos podrían ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, siempre y cuando reunieran la "específica capacitación para valorar los méritos" de los candidatos –si no hay, se designarían magistrados del Supremo "por sorteo y turno rotatorio"–. En cuanto a los otros dos miembros, "serían profesionales cualificados" en función de la Sala afectada: catedráticos, fiscales, abogados del Estado...
En Reino Unido o Alemania, donde no existe un Consejo General del Poder Judicial como tal, las designaciones de magistrados se llevan a cabo a través de comisiones creadas específicamente para ello. En suelo británico, es la Comisión de Nombramientos Judiciales –que integran una quincena de comisarios procedentes de la judicatura, abogacía o funcionarios judiciales– la que se encarga de seleccionar candidatos para tribunales de Inglaterra y Gales. En Alemania, los jueces federales son elegidos conjuntamente por el ministro federal y el Richterwahlausschuss, un comité de selección del que forman parte los 16 ministros competentes de los estados federados y 16 miembros elegidos por el Bundestag.
Es cierto que la introducción de cambios en este sentido rebajaría la apetencia de los partidos por controlar el órgano de gobierno de los jueces. Pero no garantizaría por sí sola la renovación si el PP decide mantenerse en el bloqueo a pesar de la reforma anunciada por Sánchez, de la que el Ejecutivo evita dar por el momento muchos más detalles. Al fin y al cabo, el actual sistema de elección de los veinte vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial –doce jueces y magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio– seguiría exigiendo una mayoría reforzada de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y, para alcanzarla, son necesarios, sí o sí, los parlamentarios de la formación conservadora.
Una dimisión masiva
Otras voces llevan meses exigiendo una renuncia en bloque de todos los que quedan en el CGPJ para que no quede más remedio que renovar. "Quienes permanecen como vocales contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno", lanzaban desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el quinto aniversario del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
Durante este lustro con el mandato caducado, el Consejo General del Poder Judicial ha ido mermando poco a poco. Como todos, arrancó mandato con 21 miembros –una veintena de vocales más el presidente–. Pero tras el fallecimiento de Victoria Cinto, la dimisión de Concepción Sáez, las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo y el abandono de Carlos Lesmes como presidente por el bloqueo de la renovación, el órgano de gobierno de los jueces ha quedado reducido a 16 integrantes. Una cifra que, no obstante, le permite seguir funcionando con relativa normalidad. Al fin y al cabo, los Plenos pueden celebrarse cuando haya, como mínimo, once miembros del CGPJ sentados en la mesa –10 vocales y el presidente–.
Para que el Pleno del Poder Judicial entrase en una situación de parálisis por falta de quorum tendría que producirse la dimisión en bloque de, al menos, media docena de miembros. Justo el número de vocales que tiene en estos momentos el llamado bloque progresista de la institución –si se incluye en este grupo a Enrique Lucas, nombrado a propuesta del PNV y que a veces se ha desmarcado del resto–. Hace poco más de un año, el exdiputado socialista y vocal Álvaro Cuesta intentó agitar una renuncia colectiva dentro de su grupo aprovechando la dimisión de Sáez por la "insostenible" situación de la institución. Pero la maniobra fue rechazada por sus compañeros. Y todo quedó en agua de borrajas.
La parálisis del Pleno dejaría al Poder Judicial en una situación extremadamente delicada, resolviendo aquellas cuestiones más urgentes a través de su Comisión Permanente. De hecho, eso es lo que ocurrió en 1996, cuando la salida de seis vocales dejó sin quorum al CGPJ. Un escenario que, sin embargo, aún parece alejado, dadas las reticencias de los vocales a abandonar en masa la institución.
Rebaja de mayorías
Otra posibilidad para forzar la renovación pasaría por una rebaja en el sistema de mayorías. Algo que desde la izquierda llevan tiempo exigiendo. "Llamamos al PSOE a que deje de esperar algo que no va a ocurrir. El PP no va a respetar la Constitución", decía hace poco más de un mes el portavoz parlamentario de IU en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago. En aquella rueda de prensa, puso sobre la mesa dos opciones. La primera consistiría en mantener los tres quintos pero haciendo sucesivas votaciones, de forma que vayan entrando en el órgano aquellos candidatos que obtienen dicho respaldo. Y la segunda pasaría por introducir en el proceso una segunda votación donde fuera suficiente una mayoría absoluta para proceder a la renovación.
Este último cambio, que solo se podría llevar a cabo para la elección de los doce vocales de procedencia judicial –los otros ocho tienen que ser elegidos sí o sí por tres quintos porque así lo establece la Constitución–, ya fue planteado en la pasada legislatura por Unidas Podemos. Aquella propuesta contemplaba, además, que a la mayoría absoluta se tenían que sumar también al menos la mitad de los grupos parlamentarios. Y sabedores de que el PP podría seguir manteniendo el bloqueo sobre los ocho juristas de reconocido prestigio, completaba su propuesta con otra modificación legal que permitiese al órgano empezar a funcionar aunque la renovación de los vocales pertenecientes al turno de juristas de reconocido prestigio esté atascada.
La formación morada ha insistido en esta misma fórmula en la legislatura que acaba de echar a andar. Pero incluyendo, eso sí, algún cambio adicional. Así, en la proposición de Ley que registraron en la Cámara Baja a finales de abril plantean, además de lo ya expuesto, restar peso al Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Así, proponen que el Congreso elija a 16 vocales y que la Cámara Alta designe a solo cuatro.
La rebaja de mayorías es algo con lo que ya coqueteó el Gobierno en tiempos de Pablo Casado al frente del PP. De hecho, tanto socialistas como Unidas Podemos llegaron a registrar una iniciativa en la Cámara Baja. Sin embargo, aquella proposición de Ley fue finalmente retirada. Principalmente, y aquí se encuentra el gran escollo a esta vía, por el firme rechazo de Bruselas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, llegó a decir que se estaba yendo en una "dirección equivocada". Ahora, casi cuatro años después, el ala socialista del Ejecutivo no parece estar por la labor de introducir un cambio de este tipo. "No estamos en las tesis de rebajar las mayorías", aseguró Sánchez en una entrevista a mediados de mayo.
