Un informe del máximo organismo fiscalizador del país, el Tribunal de Cuentas (TCU), dejó en octubre de 2021 al descubierto el cúmulo de irregularidades administrativas que envolvió a cuatro contratos de emergencia adjudicados tras el estallido de la pandemia por el Ayuntamiento de Madrid y que ahora se encuentran bajo sospecha de estafa: los tres adjudicados a la empresa malaya Leno, que pagó seis millones en comisiones al aristócrata Luis Medina y su amigo Alberto Luceño, imputados por cohecho, falsedad, blanqueo y alzamiento de bienes; y el encomendado a una firma estadounidense, Sinclair&Wilde Ltd. también investigada por un juez que archivó de forma provisional la causa cuando a su dueño se le dio por desaparecido. Semanas atrás, infoLibre localizó al empresario.
En lo que respecta a esos dos contratistas, el contenido del informe del TCU pasó inadvertido porque no cita a ningún adjudicatario por su nombre. La clave para revertir ese hecho es el cruce entre los números de expediente que refleja el tribunal junto a la descripción del suministro y el importe abonado con aquellos datos que figuran en otro documento oficial: un listado difundido por la funeraria madrileña, alojado en la web del consistorio madrileño. Dicho listado detalla también el número de expediente de cada adjudicación pero, a diferencia del informe del Tribunal de Cuentas, sí identifica a los beneficiarios. El cotejo entre ambos documentos –el informe del TCU y el listado de actividad contractual de emergencia de la EMSF– es el que conduce a los cuatro contratos bajo sospecha, que juegan un papel protagonista en una especie de lista negra de incumplimientos. Es decir, los cuatro contratos por los que Leno cobró al final 11,2 millones del erario madrileño y Sinclair&Wilde Ltd. 2,5. El informe del TCU maneja para los de Leno cifras en dólares y el anexo de la EMSF, en euros. En el caso de Sinclair, los dos documentos utilizan el euro.
Para su informe, el TCU tomó como muestra 59 contratos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. De ellos, 16 habían sido adjudicados por la empresa municipal funeraria de Madrid (EMSF), erigida en central de compras de material preventivo del covid tras un convenio con la concejalía de Hacienda nada más estallar la pandemia. Y los 16 de la EMSF aparecen en la lista de contratos cojos.
El clausulado del convenio destaca que convertir la EMSF en central de compras perseguía "conseguir un precio más ajustado". Las mascarillas y test bajo sospecha de estafa y adquiridas por funeraria madrileña fueron los más caros de los 12 ayuntamientos más grandes de España.
Con Ramón Álvarez de Miranda -entonces consejero del sector conservador- como ponente, el informe del TCU de octubre de 2021 destapa que, en contra de lo que preceptúa la normativa legal, a las adjudicaciones que beneficiaron a Leno y Sinclair&Wilde no se les aplicó el principio de transparencia: no se publicaron "en el perfil del contratante ni su adjudicación ni su formalización". Y ello pese a que la Ley de Contratos "no establece peculiaridades para los contratos tramitados por emergencia en relación con la publicidad en el perfil de contratante de los actos de adjudicación y de formalización". Ni se les incorporó una memoria "justificativa del gasto con las condiciones mínimas que regularan las relaciones entre las partes". Ni hubo ningún presupuesto estimativo de costes, lo que infringe lo estipulado por "las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2020".
¿Y dónde están las facturas?
Hubo otras adjudicaciones de municipios con población superior a 300.000 habitantes donde se registraron alguna o algunas faltas de la tripleta del párrafo anterior. Pero, junto con un quinto contrato también otorgado por la empresa municipal funeraria (EMSF) del Ayuntamiento de Madrid, los cuatro madrileños bajo sospecha de estafa presentan además una característica que se perfila exclusiva: son los únicos que una búsqueda en las 802 páginas del informe del Tribunal de Cuentas localiza entre todos los analizados como aquellos por los que la corporación contratante pagó mediante las llamadas "facturas proforma". En el informe del TCU los tres contratos con la empresa malaya y el cuarto que benefició a la estadounidense aparecen con los números 35, 36, 49 y 50 de los 59 madrileños fiscalizados.
La denominación de ese tipo de documentos –que en realidad es un presupuesto presentado por la empresa ofertante– conduce al equívoco. Pero el informe del TCU disipa cualquier duda sobre las facturas proforma. El párrafo completo del dictamen dice lo siguiente: "En la documentación relativa a los contratos números 35, 36, 45, 49 y 50 del Anexo 3 figuran facturas proforma, que carecen de efectos fiscales y contables. La entidad [la empresa EMSF] efectuó los abonos al contratista de acuerdo con el contenido de esas facturas".
Fue en el último tercio de marzo de 2020 cuando se asignaron los tres contratos a Leno y un cuarto a Sinclair&Wilde Ltd.: mascarillas, test y guantes por lo que respecta a la compañía malaya; y mascarillas en lo que concierne a la mercantil estadounidense, a cuyo propietario, Philippe Solomon, abrió diligencias penales un juez en marzo de 2021 tras una denuncia de la Policía Municipal. Fue Enrique López Ventura, director municipal de Emergencias desde la etapa final del gobierno de Manuela Carmena, quien casi un año antes -mayo de 2020- había dado la alerta: las mascarillas de Sinclair no se ajustaban ni “a los requisitos técnicos ni a la normativa” aplicable. El juez archivó a los cuatro meses las diligencias contra Solomon porque nadie le localizaba pese a que fue una empresa madrileña, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, la que ejerció de intermediaria, no se sabe a cambio de qué. Dirigida por Araceli Vida, que contactó con el ayuntamiento a través de un concejal del PP miembro del consejo de administración de la EMSF, Borja Fanjul, el equipo de José Luis Martínez-Almeida atribuye a la empresa Aifos la intermediación en "una veintena" de contratos de emergencia. Cuáles son persiste como incógnita.
Entre las adjudicaciones a Leno y Sinclair y la aprobación del dictamen por el pleno del Tribunal de Cuentas transcurrieron un año y siete meses. La longitud de tal lapso temporal disuelve la hipótesis de que el Ayuntamiento madrileño no dispusiera de tiempo suficiente para el envío de todos los datos de unos contratos sobre los que pesaba la losa del covid 19. Es más, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida hizo una serie de alegaciones. Pero en ellas omitía cualquier explicación sobre el agujero informativo que rodea a casi todos los contratos (16 de 59) otorgados por la funeraria municipal. El consistorio se limitó a reseñar lo siguiente: "Las compras efectuadas por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios no se han inscrito en el Registro de Contratos del Ayuntamiento, dado que no se ha perfeccionado el contrato".
Aunque la apelación al perfeccionamiento del contrato resulta confuso, los expertos consultados coinciden en que el uso de esa expresión significa que a 1 de septiembre de 2021 –cuando quedó datado el escrito de alegaciones– no se habían cubierto todos los trámites administrativos. Las mismas fuentes consultadas remarcan que al no haber quedado inscritos los contratos de la EMSF en el Registro de Contratos resulta imposible su trazabilidad.
Constituida como sociedad anónima de íntegra propiedad municipal, la EMSF operó como una central de compras de material de protección sanitaria que, entre marzo y diciembre de 2020 y en virtud de un convenio con la concejalía de Hacienda, tramitó 72 contratos "por un importe total de 42.147.561,67 euros": así se lee en el informe del TCU. La fecha mecanografiada que consta en el convenio es el 20 de marzo. Pero la firma digital de la edil de Hacienda, departamento que debía garantizar la financiación, es de tres días más tarde: el 23. El porqué de tal disparidad constituye un misterio.
infoLibre localiza a Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida
En el apartado de alegaciones, distintos distritos municipales y otras empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid aportaron argumentos tratando de justificar los errores, demoras y zonas oscuras detectadas por el TCU. En cambio, no hay ninguna explicación sobre el porqué de las faltas que el tribunal atribuye a los contratos adjudicados por la EMSF. Que ninguno de ellos se inscribiera en el Registro de Contratos impide su trazabilidad.
Una información que sigue siendo inaccesible dos años después
Así lo aseguran los expertos consultados. Pero los portavoces de Hacienda, el área que dirige la concejala Engracia Hidalgo, vienen a sostener que no resulta factible hablar de opacidad. A preguntas de este diario, sus portavoces aportaron la siguiente respuesta: "El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido facilitar a los grupos políticos toda la información contenida en los expedientes de contratación de emergencias, estén inscritos o no en el Registro de contratación municipal". "En este sentido -agregan los portavoces- cabe señalar que la relación de emergencias está publicada en la Memoria del Registro de Contratos". Y que "precisamente, para que no faltase información sobre la actividad contractual integral en ese año dominado por el covid-19, incluyó además de los contratos inscritos la relación de los no inscritos, con una relación específica para los de la Funeraria [la EMSF]".
En contra de esa versión, el concejal Miguel Montejo, portavoz de Más Madrid en la comisión de vigilancia de contrataciones y portavoz también en Hacienda, confirmó que en la última sesión de ese órgano –28 de abril– los grupos instaron "por unanimidad" al gobierno local a que en un mes inscriba todos los contratos de emergencia en el Registro de Contratos. Y que, de existir algún obstáculo o impedimento, dé acceso "a toda la información correspondiente relativa a los expedientes relacionados con los contratos incluyendo la factura", pues no se tiene acceso ninguno a estos expedientes. Pero Montejo confirmó algo más: que hace tan solo tres días, el 9 de mayo, la secretaría general del Pleno del consistorio respondió que seguía sin recibir respuesta de la Dirección General de Contratación y Servicios. Y que a día de hoy sigue sin tener noticia ninguna al respecto.
Un informe del máximo organismo fiscalizador del país, el Tribunal de Cuentas (TCU), dejó en octubre de 2021 al descubierto el cúmulo de irregularidades administrativas que envolvió a cuatro contratos de emergencia adjudicados tras el estallido de la pandemia por el Ayuntamiento de Madrid y que ahora se encuentran bajo sospecha de estafa: los tres adjudicados a la empresa malaya Leno, que pagó seis millones en comisiones al aristócrata Luis Medina y su amigo Alberto Luceño, imputados por cohecho, falsedad, blanqueo y alzamiento de bienes; y el encomendado a una firma estadounidense, Sinclair&Wilde Ltd. también investigada por un juez que archivó de forma provisional la causa cuando a su dueño se le dio por desaparecido. Semanas atrás, infoLibre localizó al empresario.