El 'tribunal fantasma' del máster de Cifuentes: ni testigos ni pruebas demuestran que defendiera su trabajo

¿Dónde están los profesores ante los que Cristina Cifuentes dice que expuso las líneas generales de su trabajo de fin de máster? ¿Quiénes son? ¿Fueron esas personas las que evaluaron el trabajo que ella asegura haber entregado? La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que estuvo en una sala de juntas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el 2 de julio de 2012 y que allí había varias de personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que define como "muy informal".

Con el juicio sobre la supuesta falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) a punto de concluir –sólo queda la exposición de los informes definitivos de las partes, prevista para el próximo viernes, 5 de febrero–, esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que ha hablado Cifuentes en su declarción en la Audiencia Provincial de Madrid no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba han acreditado que ese "acto informal" se produjese tal y como ella ha explicado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió unas semanas después de saltar el escándalo a raíz de la publicación de la noticia en elDiario.es, se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental que puede suponerle hasta tres años y tres meses de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía para ella.

En la segunda jornada de la vista oral, Cifuentes defendió, a preguntas de la fiscal, que no sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no". Según indicó, no les conocía porque nunca fue a clase, sino que cursó el máster a distancia pues la asistencia no era obligatoria, examinándose a través de trabajos. Sin embargo, no ha podido presentar esos trabajos ni el de fin de máster porque, según afirma, los debió perder en alguna de las mudanzas que ha realizado en estos años. "No leí el trabajo, les entregué el trabajo y les expliqué cuáles eran las líneas generales", dijo. Tampoco sabe decir qué profesores eran los que supuestamente estuvieron en esa sala de juntas, sus nombres o los cargos que tenían en la URJC. Sólo aportó que uno de ellos era un hombre.

En los sucesivos días del juicio, ningún testigo ha confirmado la versión de la expresidenta. Las tres firmas de profesoras que aparecen en el acta de fin de máster, la que se falsificó según lo que cree la Fiscalía, no son las de esas personas de las que habla Cifuentes. Así lo han manifestado las tres. Primero, Cecilia Rosado, acusada también por falsificar el acta y las firmas de sus compañeras y quien ha reconocido todos los hechos, motivo por el cual el Ministerio Público pide que se le aplique la atenuante por confesión. Después, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, admitieron que mostraron sus rúbricas a Rosado en una videollamada pero sin saber que era para la falsificación, sino creyendo que era para algo menor, y aseguraron que no estuvieron en esa sala en la que supuestamente la expresidenta entregó su trabajo.

Por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid han ido pasando durante la vista oral otros testigos, entre ellos exalumnos del máster, responsables de la universidad y profesores del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, otro de los procesados en esta causa y que falleció en abril de 2019. Ninguno ha dicho que formara parte de ese plantel de profesores el 2 de julio de 2012.

Pero es que además, la prueba inesperada que presentó la defensa de Cifuentes el primer día del juicio, un pendrive con su agenda electrónica de 2012, fecha en que era delegada del Gobierno en Madrid, en la que presuntamente aparece un apunte sobre una cita en la URJC para el 2 de julio de ese año, ha sido retirada este viernes después de que los magistrados de la Audiencia de Madrid le comunicaran que sólo se admitiría si entregaba el contenido completo. El abogado de la expresidenta, José Antonio Choclán, considera esta medida, por la que las partes tendrían acceso a todos los datos de esa agenda, "desproporcionada", por lo que ha optado por renunciar a la prueba.

Cifuentes afirmó durante su comparecencia que no asistió a clase y que su único interlocutor para cursar el máster fue Álvarez Conde. Según dijo, todos los trabajos se los entregó a él en formato físico porque al catedrático no le gustaba la comunicación vía e-mail. Otro extremo que después fue desmentido por profesores de la URJC, quienes han declarado que se comunicaban con Álvarez Conde por cualquier vía, también a través del correo electrónico y que él no tenía ningún inconveniente en utilizar este método.

Firmas falsificadas, cambios de notas y trabajos sin defender

Lo que se ha puesto de manifiesto durante todo el juicio a Cifuentes son todo tipo de irregularidades que rodean los másteres que ofrecía el Instituto de Derecho Público. Por la sala de vistas han pasado exalumnos que han reconocido que no asistieron a clase, otros que no defendieron su TFM e incluso alguno que ha afirmado que no llegó a cursar el máster. Uno de éstos ha admitido que ni lo cursó ni presentó TFM, pero que, pese a ello, recogió su título después de pagar una tasa por ello, un título que le permitió después estudiar un doctorado.

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Profesores y antiguos alumnos han constatado que se falsificaban firmas u otros documentos, extremo que también ha sido confirmado por los peritos de la Guardia Civil. Incluso, la propia expresidenta madrileña garantizó que no reconoce una firma que aparece como suya en un documento de matriculación del mes de octubre de 2012 ni el impreso en el que está estampada. "Han falsificado mi firma", resaltó durante el juicio.

Por otra parte, una funcionaria de la universidad, Amelia Calonge, confirmó en su declaración como testigo que cambió las notas del máster de Cifuentes de no presentado a notableno presentadonotable a petición de otro catedrático, Pablo Chico, por lo que no puso en cuestión la orden. De hecho, también remarcó que el de la exdirigente del PP no fue un caso único y que cambió las notas de "muchísimos alumnos". Después, el propio Chico negó que pidiera eso a Calonge y aseveró que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

La versión de Calonge también fue puesta en duda por José Antonio Lobato, exresponsable de Postgrado y Títulos Propios de la URJC, quien explicó que su departamento se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, pero que la funcionaria no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a hacer modificaciones como esas. Lobato también desmintió partes de la declaración de Cifuentes al señalar que la asistencia a clase del máster era obligatoria desde 2007 y que cuando saltó la polémica el rector le pidió que recopilara las actas concernientes a la expresidenta, pero que se dio cuenta de que no constaba la del TFM.