El profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra José Luis Martí, coordinador de Global Democracy Project, despliega sobre el derecho a la protesta una interpretación extremadamente permisiva. Escuchándolo hablar sobre los límites del derecho a la protesta en casos donde se ha jugado al límite, siempre tiende a inclinarse por una interpretación poco restrictiva de su ejercicio. Pero también hay ocasiones en que ve todos los límites sobrepasados. Entre ellas, una está de actualidad: Lorca 2022. La otra es una prima no tan lejana, aunque mucho mayor: Washington 2021.
De modo que Martí considera el de protesta un derecho "fundamentalísimo", que puede entenderse incluso como previo y más básico que el de sufragio. Condición sine qua non de la democracia. "Por eso hay que ser siempre laxo a la hora de poner límites", señala. Por ejemplo, Martí se muestra a favor de la extendida práctica de no ser estricto en la exigencia de cumplimiento de todos los requisitos administrativos para la celebración de manifestaciones. ¿Que se solicita tarde una autorización? No es el fin del mundo. Mucho más grave es prohibir una manifestación, considera. Aunque tiene claro que "la violencia física no es admisible", recuerda que también dentro de esa afirmación cabe el debate. "Un ataque a una papelera de un individuo en una manifestación masiva no es justificable, pero no resta legitimidad a la protesta", señala. Su mensaje acude una y otra vez al mismo punto: hay que extremar las cautelas con la deslegitimación de una protesta.
Pues bien, incluso desde esa interpretación del derecho a la protesta, para Martí lo de Lorca es "inadmisible".
El asalto por la fuerza de una treintena de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia, 96.000 habitantes) para evitar que se aprobase una norma contra la instalación de nuevas granjas de cerdos cerca del núcleo urbano, que obligó a la suspensión del pleno, "excede el ámbito del derecho a la protesta", señala Martí sin lugar a dudas. "Hay un ejercicio de la violencia" y un número significativo de individuos "hace fuerza sobre personas y cosas", explica el investigador. A ello se añade la interrupción del funcionamiento de una institución democrática.
Un momento, ¿a qué nos recuerda, en pequeñito, todo esto?
La comparación, y más cuando empezaron a circular fotos de la ruptura del cordón de seguridad por parte de los manifestantes, parecía servida. Y no tardó en salir a relucir. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), lo explicitó con todas las letras: "El asalto recuerda a la ocupación del Capitolio". Unidas Podemos ha utilizado la misma idea. Así lo expresaba el diputado Juan López de Uralde.
Pero, ¿se sostiene –a pequeña escala– la comparación? A tenor de los análisis recabados para este artículo, el elemento más parecido, al margen de la interrupción violenta del trabajo de una institución, es la justificación posterior por parte la derecha política.
De Washington a Murcia
Las diferencias son obvias. Ni la gravedad ni las dimensiones son comparables. En el caso del Capitolio, hablamos de la sede de la soberanía de la nación, que aquí sólo tendría equivalencia en nuestras Cortes Generales. Hubo al menos cinco muertos y cientos de detenidos. Fue un símbolo de impacto global del deterioro democrático de la la primera potencia mundial. Además, como recalca Martí, los hechos de Washington fueron alentados abiertamente por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Lorca, aunque Vox y PP han sido acusados de instigar en la sombra la manifestación, no hay constancia de una implicación similar. Como colofón, la toma del Capitolio pretendía evitar la elección de Joe Biden, algo que convierte lo ocurrido en Washington el 6 de enero de 2021 en un acontecimiento que bordea el "golpe de Estado", según Martí.
No obstante, señala Martí, sí que hay algo en común: el empleo de la fuerza para irrumpir en una institución democrática, que tuvo que suspender su normal funcionamiento. Esto es lo que lleva al coordinador de Global Democracy Project a considerar que el asalto de Lorca excede mucho más claramente los límites del derecho a la protesta que otras manifestaciones de gran impacto mediático en España como el asedio al Parlament de 2011, donde "se trataba de impedir la entrada" de los diputados, o que el Rodea el Congreso de 2012, si bien se muestra consciente de que en ambos casos hubo manifestantes que se extralimitaron.
De Trump al PP y Vox
La interrupción de plenos a causa de protestas no es una rareza en la democracia española. Son recursos frecuentes la formación de ruido insoportable, que obliga a la suspensión, o las acciones sorpresa con pancartas, pitidos y gritos. La hemeroteca da cuenta de plenos suspendidos por protestas de limpiadoras, obreros industriales, funcionarios, manifestantes contra los recortes en educación...
Dos elementos que agravan el caso de Lorca son: 1) que su objetivo era evitar la aprobación de una medida concreta; 2) la irrupción por la fuerza. Pero tampoco estas características hacen único el asalto. Veamos. Marbella en 2009: el pleno, tras suspenderse durante una hora, aprueba las remuneraciones municipales en medio de un tumulto tras la irrupción por la fuerza de un centenar de trabajadores. Ferrol en 2013: el pleno se suspende tras la entrada por la fuerza de trabajadores de Navantia, que rompen la puerta de cristal y provocan cortes en la mano a un policía. Cádiz en 2021: el pleno se suspende después de que una manifestación de policías acabe con el lanzamiento de un bote de humo contra el ayuntamiento.
A juicio de José Antonio Cerrillo, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, antecedentes así indican que el asalto de Lorca no supone por sí mismo algo extraordinario. Y, sin embargo, está preocupado por un aspecto que sí ve singular: la reacción de la derecha. Tanto en el PP como en Vox ha habido voces que han "legitimado las protestas", afirma. Ahí sí hay un alineamiento con el trumpismo. "Me preocupa que la derecha cruce líneas rojas que en Estados Unidos ya están traspasadas. Trump ya ha dicho que si gobierna indultará a los condenados por el asalto al Capitolio. Aquí lo que estamos viendo sí me parece nuevo", señala Cerrillo, para quien PP y Vox van "a por todas".
Las reacciones de PP y Vox no han sido iguales, si bien ambos partidos han justificado el asalto. El comunicado del PP de Lorca, no desautorizado, decía: "El campo ha dicho basta, se les ha arrastrado a una situación límite ante la que no aguantaban más. No se puede estar jugando una y otra vez con el pan y la desesperación de miles de familias [...] No se puede gobernar permanentemente de espaldas a la gente [...] Se les ha llevado al límite". Sólo la última frase decía: "Rechazamos cualquier altercado que se haya producido". Fulgencio Gil, responsable del PP de Lorca, publicó un vídeo sin una palabra de condena. Sin desautorizar a Gil, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sí condenó el asalto.
Vox fue más allá. El parlamentario andaluz de Vox Rodrigo Alonso, secretario general del pseudosindicato Solidaridad, publicó este mensaje.
Ante la polémica ocasionada, Vox tenía la oportunidad de condenar los actos, pero no lo hizo. Y fue explícito no haciéndolo. "No se va a condenar a los ganaderos, agricultores y pescadores, y [Vox] sí condena a las políticas globalistas de la Agenda 2030", señaló la portavoz del partido en Lorca, Carmen Menduiña, en un comunicado este martes reproducido en la web estatal.
La alusión a las "políticas globalistas" y la Agenda 2030 es relevante. Hay que recordar que Trump alimentó el fenómeno QAnon, una poliédrica teoría de la conspiración, clave en el impulso del asalto al Capitolio, que ve por todas partes conspiraciones de una élite mundial contra el trabajador norteamericano y los valores tradicionales. Obviamente, no es lo mismo QAnon –la teoría en la que que creía el icónico hombre-bisonte del asalto al Capitolio– que la Agenda 2030, pero hay parecidos entre ambos esquemas.
Identidad rural
"En mi opinión, las justificaciones [de PP y Vox] ya pasan de castaño a oscuro. Siempre digo que es importante qué ponemos en el centro, porque es lo que consideramos aceptable. Realmente están saltando las costuras de consensos básicos", señala Cerrillo. El sociólogo inscribe la justificación de estas protestas en el contexto de una "guerra de imaginarios" que enfrenta a lo rural con lo urbano, disyuntiva alentada por el PP y Vox y que se está viendo en la campaña de Castilla y León, sobre todo al hilo del debate sobre las macrogranjas. Cerrillo alerta sobre la excitación que pueden provocar las apelaciones "identitarias" y a las "esencias del campo" como vía de movilización política y la sitúa en contraste con las protestas más articuladas y concretas del mundo rural en 2020.
El sindicato de Vox retoma la convulsa tradición derechista de agitación obrera contra la "lucha de clases"
Hernán Sáenz, coautor del estudio Protestas en el mundo, pone el énfasis en el enfrentamiento entre lo rural y lo urbano, que Trump también alentó, y en el avance de las pasiones identitarias como motor de movilización. A su juicio, tanto el Capitolio como los chalecos amarillos en Francia como Lorca son pruebas de la capacidad de las mensajes de agitación identitaria de inflamar pasiones. "Si se está apelando todo el tiempo a tus emociones, tu identidad, tus valores... pues es más fácil que ocurra", señala.
Es interesante observar lo ocurrido en Lorca a la luz de su estudio, que reúne datos de 2.809 protestas entre 2006 y 2020 en 101 países y concluye que en la última década las expresiones de malestar se han ido cargando cada vez más de impulsos excluyentes y de autoafirmación identitaria. Lo que queda ahora es una "segunda ola populista", que arrancaría entre 2013 y 2014 y que presenta demandas "mucho menos manejables y corregibles" que la primera (Occupy Wall Street, 15M). Sáenz, en conversación con infoLibre, se reafirma. "Aquí vemos una forma de protesta radical que expresa una falta de confianza y de respeto por la institución democrática", señala. Es decir, lo mismo que en el Capitolio, aunque a una escala mucho menor. Y advierte a PP y Vox: "Hoy pueden capitalizar esa protesta, mañana se les puede volver en contra". Sáenz también reclama atención sobre la penetración de las tesis conspirativas y los bulos, que convierten las protestas en artefactos mucho más intratables.
Manuel Jiménez, profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide y autor de una investigación sobre la percepción de las manifestaciones en España, coincide con Cerrillo en que lo más sustancial de lo ocurrido es la justificación de la derecha política. A su juicio, las justificaciones oídas son congruentes con una visión de las protestas como herramientas para la "instrumentalización partidista", más que como "expresión de demandas concretas". Jiménez detecta un acento "iliberal" en este uso del asalto. Su análisis entronca con el de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores de Cómo mueren las democracias, un afamado ensayo de 2018 que incluye cuatro indicadores para detectar comportamientos autoritarios: rechazo de las reglas democráticas, negación de la legitimidad de los adversarios, predisposición a restringir las libertades civiles y "tolerancia o fomento de la violencia". Para ver a qué lado de la raya está uno en esta última categoría, se incluye esta pregunta: "¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?".
El profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra José Luis Martí, coordinador de Global Democracy Project, despliega sobre el derecho a la protesta una interpretación extremadamente permisiva. Escuchándolo hablar sobre los límites del derecho a la protesta en casos donde se ha jugado al límite, siempre tiende a inclinarse por una interpretación poco restrictiva de su ejercicio. Pero también hay ocasiones en que ve todos los límites sobrepasados. Entre ellas, una está de actualidad: Lorca 2022. La otra es una prima no tan lejana, aunque mucho mayor: Washington 2021.