El TSJC aplaza el juicio a Torra al 18 de noviembre para resolver las recusaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el juicio por presunta desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, previsto para el 25 y 26 de septiembre y lo ha reprogramado para el próximo 18 de noviembre "por imposibilidad material de tramitar cumplidamente la recusación" contra dos magistrados, informa Europa Press.

Según ha informado este viernes el TSJC, señala la vista oral para el 18 de noviembre en sesión de mañana y tarde, iniciándose a las 9.00 horas, por lo que el juicio ya no coincidirá con el Debate de Política General en el Parlament, fijado para estos dos días de septiembre y que previsiblemente se convocará este viernes.

Torra, que no había aclarado si iba a acudir al juicio o al debate en el Parlament, ya había recurrido anteriormente la fecha del juicio al considerar que se había fijado precipitadamente y que coincidía con el pleno parlamentario, aunque el TSJC desestimó esta petición asegurando que se habían preservado todas las garantías procesales.

Quim Torra ha presentado recusaciones contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, por su "absoluta falta de imparcialidad" y la magistrada Mercedes Armas, quienes debían juzgarle por presunta desobediencia por mantener lazos amarillos en edificios públicos en campaña electoral, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones por "enemistad manifiesta".

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En una diligencia de constancia y ordenación del letrado de la Administración de Justicia de este mismo viernes, consultada por Europa Press, se constata que "no ha sido procesalmente posible" concluir la instrucción de las recusaciones de Barrientos y Armas.

Según el letrado, "resulta materialmente imposible" que la sala que debe resolver las recusaciones sea convocada antes del día 25 de septiembre, por lo que acuerda suspender las sesiones del juicio del próximo miércoles 25 y jueves 26.

El presidente catalán se enfrenta a una petición de la Fiscalía de inhabilitarle un año y ocho meses por presuntamente incumplir resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar lazos amarillos y estelades de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.