La Gran Recesión ha espoleado el cambio en el orden económico internacional, iniciado hace tres décadas y caracterizado por el incremento de los flujos internacionales de capital, el aumento de la concentración empresarial y del poder de las grandes corporaciones. El comercio internacional no ha sido ajeno a esta transformación, sino que ha sido instrumental para potenciarla.
En la actualidad ya no se negocian acuerdos de libre comercio para suprimir aranceles como en el pasado, puesto que, con la excepción del sector agrícola y de los servicios, los aranceles han quedado drásticamente reducidos, tras el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT en inglés).
¿Qué persiguen entonces los acuerdos comerciales de nueva generación?
Básicamente, están centrados en eliminar las regulaciones que protegen los mercados nacionales o algunos de sus sectores y que afectan al movimiento de bienes, servicios y capitales entre países o entre áreas comerciales.
El punto crítico radica en el hecho de que el objetivo último de estas regulaciones es el de garantizar que los bienes y servicios importados cumplan con los estándares sociosanitarios, ambientales y laborales de cada país. Están dirigidas a proteger a sus ciudadanos, al medio ambiente y también a sus empresas. De este modo, se pretende preservar la sostenibilidad del tejido productivo nacional y, por tanto, del empleo.
Estas regulaciones protectoras se denominan barreras no arancelarias en la jerga especializada y, lo que ambicionan los nuevos acuerdos –mal llamados de libre comercio– es su supresión. Para lograrlo se recurre a la cooperación regulatoria, es decir, a la armonización de los diferentes reglamentos y normativas de los países que intervienen en el acuerdo.
La cuestión fundamental es determinar cuáles son los criterios establecidos para esa armonización: qué principios se aplican y qué sectores se armonizan. De la respuesta dependerá la naturaleza de esos acuerdos, y lo habitual es que la cooperación regulatoria se realice siguiendo criterios que benefician a las grandes corporaciones transnacionales, interesadas en operar en mercados lo más homogéneos y desregulados posible. El resultado es que la armonización tiende a realizarse a la baja y se adopta el estándar más laxo, no el más conveniente para preservar el interés público.
Estos acuerdos resultan críticos para los países no sólo porque abren los mercados nacionales, permitiendo la entrada de bienes, servicios e inversiones de las grandes corporaciones, sino también por sus disposiciones, que implican la modificación de leyes, normas y reglamentaciones. Esto afecta a todos los sectores económicos (agricultura, industria y servicios), incluyendo los servicios públicos y la cultura.
El primer acuerdo de este tipo fue el NAFTA (North American Free Trade Agreement), firmado por EEUU, Canadá y México en 1994. Le han seguido, entre otros, el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), actualmente en negociación entre EEUU y la Unión Europea; el TPP (Transpacific Partnership), recientemente ratificado por EEUU y sus socios del área transpacífica; y el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) entre Canadá y la Unión Europea, ya concluido y pendiente de ratificación.
El TTIP ha generado desde su inicio un gran debate en Europa y una clara polarización: por un lado, la contestación y la oposición social, promovida por organizaciones ciudadanas y profesionales, y, por otro, el inquebrantable apoyo de las poderosas asociaciones empresariales de casi todos los países de la UE.
Sólo recientemente las pequeñas y medianas empresas (pymes) han empezado a intervenir en el debate y lo han hecho para centrar su atención en los beneficios y riesgos que el TTIP puede tener en el sector.
Las consecuencias para las pymes
El TTIP es un acuerdo pensado para las grandes corporaciones, que ya de por sí cuentan con una fuerte base exportadora, y que necesitan ampliar mercados. El ejemplo perfecto sería la industria del automóvil. De hecho, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, ha reconocido que Alemania, el país europeo más exportador, sería uno de los más beneficiados.
Sin embargo, ni en Europa ni en Alemania las grandes corporaciones representan la mayoría del tejido empresarial. Más del 95% de las empresas que vertebran la economía europea son pequeñas y medianas, y tienen una dimensión media que oscila entre menos de cinco empleados, en España, y doce en Alemania.
En la mayoría de los casos, su ámbito de actuación es regional y, cuando consiguen exportar, lo hacen mayoritariamente a países europeos, aprovechando la ventaja de un mercado único de 28 países, 19 de los cuales comparten la misma moneda. El acceso a los casi 400 millones de consumidores del mercado europeo supone una oportunidad pero también un gran reto, que, en muchos casos, no pueden afrontar, debido a la falta de recursos humanos y financieros y, frecuentemente, a la falta de un modelo empresarial adecuado.
Al ser más vulnerables que las grandes corporaciones, los Estados aprobaron regulaciones para proteger su actividad y el empleo que generan. Y, ahora, son precisamente esas regulaciones las que el TTIP quiere armonizar con EEUU. Pensemos, por ejemplo, en un asunto aún no resuelto en la negociación: la normativa relativa a las denominaciones de origen y las consecuencias que tendría para los productores y los consumidores europeos su eliminación (en EEUU son inexistentes).
El porcentaje de pymes europeas que exportan actualmente a EE.UU. es muy bajo, por lo que existe el riesgo de que sean las empresas americanas, de mayor dimensión y con más recursos financieros, las que se beneficien de la desregulación del mercado europeo, con el consiguiente aumento de la competencia y de las inversiones americanas en Europa.
Adicionalmente, en muchas ocasiones, las pymes se convierten en proveedores de bienes y servicios de las administraciones públicas locales y regionales, y parece lícito identificar un riesgo para ellas, puesto que los servicios públicos también están incluidos en el TTIP y, por lo tanto, sujetos a la liberalización.
Como vemos, los beneficios del TTIP para las pymes son difusos, cuando no dudosos, mientras que los riesgos se perfilan claramente. Sería deseable que si la Comisión Europea se ha embarcado en un proyecto de tan sustancial impacto, haya analizado y contrastado de manera rigurosa, junto con estas empresas, sus consecuencias.
La posición de la Unión Europea y un precedente: el NAFTA
Sin embargo, no es este el caso. La UE no ha hecho un análisis riguroso del impacto del TTIP en las pymes, ni de los riesgos que este puede acarrear.
Tampoco se ha asegurado la involucración de las pymes en la negociación. Como el propio jefe negociador de la UE, el español Ignacio García Bercero, ha declarado, se ha pedido la opinión de algunas empresas en el debate de ciertos capítulos del TTIP. Sin embargo, muchos observadores y analistas han denunciado repetidamente que los lobbies integrados por las grandes corporaciones empresariales han disfrutado de una enorme influencia mientras que las pymes no han ejercido ese papel ni han estado representadas.
Entonces, ¿cómo podemos averiguar los efectos de la liberalización de los mercados en las pymes? Tenemos que dirigir nuestra atención al primer gran acuerdo liberalizador de las características del TTIP: el NAFTA.
El NAFTA fue firmado en 1994 con el objetivo de desregular el espacio económico y comercial entre Canadá, EE.UU. y México. Puesto que veinte años proporcionan perspectiva suficiente para el análisis, veamos cuál ha sido su impacto centrándonos en el sector agrícola.
La riqueza en México creció, pero también lo hizo el índice de pobreza. El crecimiento condujo a una extraordinaria concentración de la renta en pocas manos. El caso de la agricultura fue dramático.
México, con una estructura productiva basada en la pequeña propiedad y en el autoabastecimiento, sufrió la entrada de los potentes agribusiness americanos, que compraron tierras, concentraron propiedades y orientaron la producción a la exportación. Esto se tradujo en la emigración forzosa de gran parte de los campesinos a los núcleos urbanos, con el consiguiente aumento, primero, del desempleo y, posteriormente, de las corrientes migratorias a EE.UU.
Vemos pues que existen motivos razonables de preocupación para las pymes europeas.
¿Cuál es la respuesta de las asociaciones empresariales en Europa? ¿Y en España?
No es habitual que la oposición al TTIP venga de las filas de los empresarios. Sin embargo, este es el caso en numerosos países europeos.
Frente al apoyo masivo al TTIP de las grandes empresas y sus asociaciones, las pymes en Bélgica, Austria, Alemania y Reino Unido, entre otros, han comenzado a alzar su voz reclamando que se tengan en cuenta los enormes riesgos para su sector.
Hasta ahora, la alemana Pymes contra el TTIP (KMU gegen TTIP) es la que más se ha dejado oír. Alemania es el país donde se ha generado un debate más vivo y de calidad sobre el Tratado. El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, de orientación conservadora, tiene una sección fija destinada específicamente al TTIP y al libre comercio.
KMU fue creada el pasado mes de septiembre por Martina Roemmelt-Fella, directora general de la empresa de ingeniería FELLA, ante la falta de reacción de la tradicional asociación de pymes alemana (BVMW).
La KMU ha articulado un movimiento que también ha generado adhesiones en las asociaciones austriacas. Reclama, entre otras cosas, la delimitación de los sectores y los productos que van a incluirse en el TTIP, la preservación de las denominaciones de origen y de las estructuras económicas regionales así como el control del poder de las grandes corporaciones a través de estrictas medidas antitrust y de defensa de la competencia.
Como señala KMU, aunque las Cámaras de Comercio Alemanas (DIHK) han mostrado su adhesión al TTIP, también han expresado su preocupación respecto al impacto en las pymes al afirmar que “el valor añadido y la aplicabilidad para las pymes de todas las normativas y las medidas previstas en el TTIP deben ser verificados”.
En España la situación es aún más crítica puesto que casi la totalidad de sus empresas son pymes, de tamaño inferior a las europeas, con menos recursos financieros y humanos así como con una menor propensión a exportar. También se enfrentan a múltiples trabas institucionales que dificultan su crecimiento.
Sin embargo, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se ha manifestado sin fisuras a favor del TTIP sin hacer mención alguna de los riesgos que puede conllevar la desregulación del mercado español para sus representadas.
Este mismo patrón ha sido el que han adoptado la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz que, en sus escasas declaraciones al respecto, se han centrado, exclusivamente, en alabar el TTIP y su impacto en la capacidad exportadora de las pymes, olvidando analizar los riesgos derivados del incremento de la competencia y de la inversión de las empresas estadounidenses en España.
Ignorar los riesgos del acuerdo tiene consecuencias graves para el país porque supone que no se está identificando la necesidad de articular medidas institucionales para afrontarlos. De hecho, las autoridades españolas no han hecho uso tan siquiera de las propias salvaguardas que establece el TTIP y que permiten excluir de la liberalización los sectores o servicios que cada país estime oportuno. Francia, por ejemplo, ha protegido su sector de viticultura.
Este acuerdo va a tener un impacto sustancial en la estructura económica y social de Europa por lo que su negociación no puede ser sustraída al debate público. Es absolutamente prioritario abordar una discusión objetiva sobre el TTIP, y centrarla no solo en los beneficios sino en los riesgos que acarrea.
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No podemos olvidar que el comercio no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento que debe contribuir a movilizar y desarrollar los recursos humanos y económicos para crear sociedades más cohesionadas, equitativas y justas. La pregunta debe ser si es éste el objetivo del TTIP. Y el secretismo con el que se negocia no deja prácticamente ninguna duda sobre la respuesta.
La Gran Recesión ha espoleado el cambio en el orden económico internacional, iniciado hace tres décadas y caracterizado por el incremento de los flujos internacionales de capital, el aumento de la concentración empresarial y del poder de las grandes corporaciones. El comercio internacional no ha sido ajeno a esta transformación, sino que ha sido instrumental para potenciarla.