Tuits en el banquillo: jueces ven desmesurado juzgar los mensajes ofensivos en la Audiencia Nacional y alertan de lo elevado de las penas

Cuando el concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata escribió en 2011 y 2012 una serie de tuits ofensivos con las víctimas del terrorismo y el Holocausto, probablemente lo último que imaginara es que terminaría declarando ante la Audiencia Nacional. Pero eso es precisamente lo que tendrá que hacer el próximo 7 de julio en calidad de imputado, al igual que les ha ocurrido a decenas de tuiteros desde el año pasado, unas imputaciones que generan dudas entre algunos jueces.

La polémica de Zapata estalló hace dos semanas cuando salieron a la luz varios tuits en los que el concejal hacía chistes con víctimas del terrorismo de ETA o del régimen nazi. La difusión de estos mensajes obligó al edil a dimitir de su puesto como responsable de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, aunque no entregó su acta. Las consecuencias, sin embargo, no fueron sólo de orden político: la Asociación Dignidad y Justicia se querelló contra Zapata por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo, y el apoyo de la Fiscalía ha provocado que el juez Santiago Pedraz haya llamado al concejal a declarar.

El de Zapata, no obstante, no es el único caso en el que unos tuits ofensivos han llevado a sus autores ante el banquillo. El pasado mes de mayo se llevó a cabo la tercera fase de la llamada Operación Araña, en la que más de una veintena de personas fueron detenidas por enaltecer supuestamente el terrorismo y faltar el respecto a las víctimas en internet. Entre los arrestados se encontraba el cantante del grupo Def Con Dos, César Montaña –conocido artísticamente como César Strawberry–, que publicó mensajes como "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora" o "Franco, Serrano Súñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... si no les das lo que a Carrero, la longevidad se pone siempre de su lado".

Montaña declarará este mismo viernes ante la Audiencia Nacional acusado de un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. Y no es el único que se ha sentado en el banquillo de este tribunal: otro de los acusados, que declaró este jueves, aseguró que la cuenta de Twitter que publicó con su nombre mensajes como "Las declaraciones de Jorge Fernández Díaz son claramente proETA. Está pidiendo a gritos un tiro en la nuca" o "Mucho hablar de San Fermín, pero seguro que nadie ha visto a Ortega Lara por allí, ¿verdad? Es porque siete días de encierros le parecen poco" había suplantado su identidad.

De uno a tres años de cárcel

Este último tuitero se enfrenta a una pena de año y medio de cárcel. Y, de hecho, por violar el artículo 578 del Código Penal –que condena el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas– en medios como internet, el castigo que se contempla es de uno a tres años de prisión, unas penas que fuentes judiciales de la propia Audiencia Nacional consideran "altas" en comparación con otros delitos. Estas mismas fuentes, de la misma forma, opinan que casos como el de Zapata o los que se enmarcan en la Operación Araña deberían ser tratados en juzgados ordinarios y no en la Audiencia Nacional.

Las asociaciones judiciales coinciden en que lo legal, actualmente, es que los delitos relacionados con el terrorismo los lleven los jueces de la Audiencia Nacional, si bien entre ellas existen diferencias a la hora de analizar la proporcionalidad de algunos de los casos. El más duro al opinar sobre la imputación de Zapata es Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que denuncia que "es la primera vez en la historia de nuestro país que se imputa un delito a una persona por un chiste".

"Hay una quiebra del principio de igualdad de la aplicación de la ley, porque se está forzando mucho la norma para que encajen" en la misma los mensajes publicados por edil, asegura Bosch, que califica de "desproporcionado" el encausamiento judicial del caso. "Este tipo de bromas de mal gusto son éticamente inaceptables y no se debe hacer humor así, pero una cosa es que se les tenga que aplicar un reproche social muy contundente y otra que encajen en este tipo de delito", señala el juez, que afirma que el delito del que se acusa a Zapata "está previsto para otros supuestos en los que hay un intento claro de menospreciar a las víctimas o apoyar el terrorismo, y así lo ha interpretado la jurisprudencia".

La clave, la intención de menospreciar a las víctimas

Por su parte, Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, incide en que es habitual que sea la Audiencia Nacional quien lleve los casos en los que pueda existir "apología del terrorismo o escarnio de las víctimas", si bien señala que puede ser "desproporcionado" el hecho de imputar ahora a Zapata cuando sus tuits son de hace varios años y en su momento no se difundieron entre el gran público. "En este tipo de situaciones hay que prestar atención siempre al contexto: las amenazas no se juzgan sólo por las expresiones aisladas, y las expresiones hechas por este individuo hace cuatro años sólo reflejan el calado de este personaje".

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Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, discrepa de esta afirmación, ya que sostiene que "el tipo penal no viene determinado por la naturaleza o las circunstancias del autor, sino de la víctima", por lo que "el hecho de que [Zapata] no tuviera protagonismo público no es relevante". Con él coincide Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, que sostiene que "el derecho penal moderno ha cambiado mucho, y sobre todo en los últimos 15 años se ha querido potenciar la defensa de las víctimas".

Así las cosas, ¿cuál es el recorrido de la querella contra Zapata? Joaquim Bosch sostiene que "lo más parecido a su caso es la imputación del humorista Facu Díaz por una parodia", un encausamiento que finalmente acabó en la absolución del cómico. El portavoz de Jueces para la Democracia, igualmente, alaba la decisión del juez Santiago Pedraz de citar a Irene Villa, una de las víctimas aludidas en los tuits, como testigo, ya que a su juicio ayudará a "contextualizar el resultado de estos chistes de mal gusto". "Pero creo que lo más probable es que se determine que no hay voluntad de menospreciar a las víctimas", remacha.

Llarena, por su parte, se niega a adelantar un pronóstico sobre la resolución del juez, si bien coincide con Bosch en que lo más probable es que "el contenido del debate va a centrarse en si verdaderamente los hechos juzgados tenían una intencionalidad directa de menosprecio a las víctimas". Y Sexmero vuelve a insistir en el argumento del tiempo: "La posibilidad de una sentencia condenatoria es mucho menor que si los hechos se hubieran producido hace poco", zanja el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.