La Guardia Civil da por hecho que la filtración de los correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal encargado de su caso, Julián Salto, se inició en la Fiscalía. Pero no tiene de momento nada contundente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Eso es, al menos, lo que se desprende del primer informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de esta investigación, en el que se analiza exclusivamente el material intervenido en el registro a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Un documento en el que se confirma que el jefe del Ministerio Público solicitó y tuvo acceso a esos mails –algo que se conocía– pero en el que no hay prueba de que fuese él quien los enviase a los medios.
Los investigadores realizan, a lo largo de medio centenar de páginas, una cronología de los hechos en base a las comunicaciones mantenidas por Rodríguez entre el 8 y el 14 de marzo del presente año, ambas fechas incluidas. Un relato que comienza con una primera conversación entre la fiscal jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que éste último le pide que le vuelva a mandar parte de las diligencias de investigación del caso de González Amador. "Me pongo con ello", le dijo Rodríguez. Hora y media después, escribió a García Ortiz: "Hola, jefe. A tu disposición". Un mensaje que no recibió respuesta alguna.
Cuatro días después, el 12 de marzo, elDiario.es publicó de madrugada la denuncia del Ministerio Público contra la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, que no le fue remitida al abogado de González Amador hasta primera hora de la mañana. "La prensa disponía del contenido de la denuncia antes que el propio interesado", desliza la Guardia Civil. Empieza entonces un cruce de mensajes con la noticia en el centro. "Socorro, ¿esto es nuestro?", escribió el responsable de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. "Sí, claro. Di cuenta la semana pasada", respondió Rodríguez, quien no era partidaria de comentar nada sobre la denuncia.
La fiscal jefa de Madrid charló esa misma noche por Whatsapp con la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana García. La primera contaba que su jefa, Almudena Lastra, "estaba muy enfadada con FGE –Fiscalía General del Estado–" por la "filtración de lo del novio de Ayuso". Una conversación que continúa al día siguiente: "El jueves Diego me pidió las diligencias y le mandé todo. Así que imagino que después de analizarlas, es cuando se ha dado publicidad por FGE", escribió Rodríguez. Hasta ese momento, la participación de García Ortiz sólo se circunscribe al reenvío de un tuit y a un mensaje sin responder.
Algunas fuentes fiscales consultadas, no obstante, apuntan que por aquel entonces la denuncia llevaba ya tiempo circulando fuera del Ministerio Público. En concreto, se envió al decanato de los Juzgados de Madrid el 20 de febrero, que se registró en los mismos el 5 de marzo y que se entregó a la Agencia Tributaria el 7 de marzo, horas antes de que Villafañe solicitase a Rodríguez parte de las diligencias de investigación contra González Amador. Además, los investigadores obvian también en su informe que los fiscales están obligados por su propio Estatuto a informar a sus superiores jerárquicos de aquellas investigaciones en curso "que por su importancia o trascendencia" deban conocer.
Además, las fuentes pulsadas recuerdan que "dar una denuncia" no supone un "delito" y que así se hace cuando se trata de "causas relevantes con interés informativo". Y en cuanto a lo que dice la Unidad Central Operativa de que la prensa disponía de la denuncia "antes que el propio interesado", sostienen que el Ministerio Público no es quien tiene que notificar la presentación de nada a las partes, que eso corresponde al juzgado. Es más, explican que no es raro que desde Fiscalía se informe de la judicialización de unas diligencias de investigación nada más presentarse la querella en sede judicial, es decir, antes de que se notifique oficialmente a los denunciados.
Los correos electrónicos
Pero todo cambia a raíz de la filtración por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de un correo enviado por el fiscal del caso al abogado de González Amador. "Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes 'de arriba' y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio", escribió a varios medios de comunicación. Una información averiada que compraron algunos. "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso", publicó el diario El Mundo. "La Fiscalía ofreció al novio de Ayuso un acuerdo que "después retiró por órdenes de arriba", tituló Libertad Digital.
Una mentira fabricada desde la Puerta del Sol que empezó a derrumbarse cuando varios medios revelaron un correo electrónico que el abogado de González Amador había enviado a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid semanas antes del email en el que se basaba la información de El Mundo y que ponía de manifiesto que realmente había sido el empresario quien había ofrecido un acuerdo. "Es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado", podía leerse en el mismo, fechado el 2 de febrero.
Entre ambas versiones hubo un intenso cruce de comunicaciones que la Unidad Central Operativa recoge en su informe. "Llámame cuando puedas", escribió García Ortiz a Rodríguez diecinueve minutos antes de que el diario de Unidad Editorial lanzara su información. Una conversación que se produjo, finalmente, a las 21.34 horas, cinco minutos después de la publicación de la noticia. Tras esta llamada, ella habló con el fiscal del caso. Y tras colgarle, escribió al fiscal general del Estado: "Hola. A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?". García Ortiz respondió facilitando una dirección personal.
La Unidad Central Operativa explica que el jefe del Ministerio Público recibió los mails del caso a las 21.59 y 22.01 horas. Entre ellos, el que desmontó el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, faltaba uno. En concreto, el que había publicado El Mundo. Y eso llevó de nuevo a García Ortiz a ponerse en contacto con Rodríguez para pedirle ese mail "del que habla la prensa". "En cuanto lo tengas. Lo necesitamos para cerrar el círculo", insistió el jefe del Ministerio Público. A las 23.46 horas, la fiscal jefa de Madrid le dijo a su superior que ya se lo ha "enviado". Y a las 23.51 horas la Cadena Ser reveló el mail que desmentía al jefe de gabinete de Ayuso.
Un cerco sin cerrar
Que García Ortiz había tenido acceso a todos esos correos no es nada nuevo. Ya se sabía. De hecho, él nunca lo ha negado. "Yo no tengo conocimiento de esos correos hasta que no hay una alarma porque un medio de comunicación está hablando de unos correos que están dando una información, que yo no sé si es verdadera o falsa hasta que pido los correos y me llegan los correos. Hasta ese momento, yo desconozco la existencia de los correos", decía en una entrevista en la televisión pública. Como tampoco su participación en la elaboración de la nota de prensa que la Fiscalía lanzó a la mañana siguiente y que recogía esos correos ya publicados, algo que también menciona el informe de la UCO.
Pero más allá de esto, los correos y mensajes analizados hasta el momento no aportan ninguna prueba contundente que demuestre que fue el propio fiscal general quien filtró las comunicaciones u ordenó su envío a diferentes medios. Falta la pistola humeante. Los investigadores dan por hecho que "la filtración" se inició en el Ministerio Público, pero reconocen que la misma "puede circunscribirse" a varias personas: "la Fiscalía General del Estado, la fiscal jefe provincial, la fiscal superior, la fiscal decana de Delitos Económicos y al fiscal de Delitos Económicos".
Son el "reducido grupo" que, según la Unidad Central Operativa, habrían tenido acceso a los correos y, al mismo tiempo, habrían sabido de que se estaba elaborando un comunicado, tal y como contó la Cadena Ser cuando publicó el mail que desmontó el bulo que lanzó el equipo de Ayuso. La Guardia Civil, no obstante, también deja caer que hubo "una persona o varias" –en referencia al "equipo Fortuny" al que se hace alusión en uno de los Whatsapp– en la Fiscalía General del Estado que ayudaron a García Ortiz con la nota de prensa y que, por tanto, también habrían podido acceder a las comunicaciones que fueron filtradas.
Con todos estos elementos, los investigadores señalan que el jefe del Ministerio Público tuvo "una participación preeminente" en los hechos que "derivaron" en la filtración que se encuentra bajo la lupa del Tribunal Supremo. Por eso, piden realizar una "copia de trabajo" de la información que se incautó en el registro del despacho del fiscal general del Estado y que se otorgue acceso al contenido de la misma para su análisis. Algo que el instructor del caso, Ángel Hurtado, ha autorizado este mismo lunes. Y que dará lugar, con total seguridad, a un segundo informe de la Unidad Central Operativa en el que se analice la información intervenida a García Ortiz.
El Supremo llama a Lobato
El Ministerio Público siempre ha defendido que a ese correo tuvo acceso más de una veintena de personas, entre fiscales y funcionarios. Al fin y al cabo, el abogado de González Amador lo envió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, algo a lo que no hace mención alguna la Guardia Civil en su informe.
Una cifra que a tenor de lo publicado este lunes por Abc podría ser, incluso, mayor. Bajo el titular "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato", el diario sostiene que la Presidencia del Gobierno "está tras la filtración de la información confidencial". Así, afirma que a primera hora del 14 de marzo Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del entonces director de gabinete de Pedro Sánchez, hizo llegar al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, el correo del abogado de González Amador para que lo mostrara en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
El dirigente socialista decidió dejar constancia de estos mensajes ante notario después de que el Supremo abriese una investigación por la filtración de correo. Lo hizo, según ha explicado este lunes en rueda de prensa, para que quedara "claramente acreditado" que la Fiscalía no les ha dado "información de nada en absoluto" y que todo lo que les llega es "por vía de los medios de comunicación". Porque, ha contado, cuando la jefa de gabinete le envió ese mail lo primero que preguntó es de dónde salía. "Lo tienen los medios", ha dicho que respondió. En ese momento, la Cadena Ser, El País o elDiario.es ya habían desvelado el contenido del correo, que también reproduce elplural.com aquella mañana.
El secretario general de los socialistas madrileños no ha querido mostrar la conversación con Sánchez Acera. "Hacer público el contenido de una conversación privada no veo que proceda", ha dicho. No obstante, Lobato deberá aportar en los próximos días copia del acta de manifestaciones notariales en el Supremo. Así lo ha decidido el magistrado Ángel Hurtado, que ha acordado, apoyándose en la información de Abc, citar a declarar como testigo el próximo viernes al dirigente socialista en el marco de la investigación abierta contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid.
El instructor del caso, sin embargo, ha rechazado en otra resolución firmada este mismo lunes la suspensión cautelar de García Ortiz y Pilar Rodríguez que habían solicitado tanto la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) como el sindicato ultra Manos Limpias. Ambos argumentaban que al ser el primero superior jerárquico del fiscal que se encargase del caso, podría impartirle órdenes. Sin embargo, el magistrado recuerda que el fiscal general ha acordado no intervenir en este proceso: "Las anteriores consideraciones y ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como Institución, que es algo que no cabe obviar, me inclinan a no acceder a la suspensión provisional".
La Guardia Civil da por hecho que la filtración de los correos electrónicos entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal encargado de su caso, Julián Salto, se inició en la Fiscalía. Pero no tiene de momento nada contundente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Eso es, al menos, lo que se desprende del primer informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de esta investigación, en el que se analiza exclusivamente el material intervenido en el registro a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Un documento en el que se confirma que el jefe del Ministerio Público solicitó y tuvo acceso a esos mails –algo que se conocía– pero en el que no hay prueba de que fuese él quien los enviase a los medios.