La política sobre pensiones públicas aplicada por España, con una subida del 0,25% y la amenaza de quiebra del sistema como mensaje central del Gobierno, ha encontrado un inesperado reverso en la Unión Europea (UE). Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, las dos instituciones que pilotan la cruzada en favor del déficit cero aun a costa de efectuar recortes, permiten que aquellos cargos públicos en activo que hayan sido eurodiputados y hayan sobrepasado la edad de 63 años sumen a sus salarios el cobro de una pensión financiada por la Cámara de Estrasburgo. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Parlamento y de la Comisión a través de distintos correos electrónicos dirigidos a infoLibre.
La paradoja legal y política que entraña la liberalidad de la UE respecto de sus representantes sale a la luz un mes después de que el portal de noticias comunitarias euobserver.com desvelase que, además de su sueldo como miembro del gabinete del luxemburgués Jean-Claude Juncker (unos 20.000 euros al mes), el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, percibe una paga de retiro. Esa paga, cuya cuantía se han negado a desvelar hasta ahora tanto el exministro español de Agricultura como la propia Comisión Europea pero que distintas estimaciones cifran hasta en 50.000 euros anuales, llega a su bolsillo con cargo a un "fondo voluntario de pensiones" que, con sede en Luxemburgo y gestionado en última instancia por una sicav de ese opaco país, financió hasta 2009 el Parlamento Europeo. A diferencia de lo que sucede con cualquier fondo privado, las pensiones derivadas del de Luxemburgo están expresamente reguladas en el Estatuto de los Eurodiputados.
La única incompatibilidad con que topa la pensión del "fondo voluntario" de Luxemburgo es la de que sus beneficiarios no pueden ya formar parte del Parlamento Europeo. Así lo acabó confirmando el martes a este diario la oficina central de prensa de la Eurocámara tras un cruce de emails. En previsión de que pudiera estar produciéndose un error de interpretación, este diario lanzó una pregunta final a la portavoz oficial: ¿es correcto afirmar que el Parlamento Europeo considera que no es incompatible recibir un salario como comisario de la UE y percibir la pensión de jubilación del fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados? La respuesta fue escueta pero inequívoca: "Sí".
Más clarificadora si cabe fue la respuesta de los portavoces de la Comisión Europea en España, facilitada también vía correo electrónico el martes a este diario después de tres semanas de silencio: "De acuerdo con nuestra normativa de la Comisión Europea, los salarios de los comisarios son plenamente compatibles con ingresos por pensiones provenientes bien de los sistemas de pensiones nacionales, de planes de pensiones privados, o del fondo de pensiones del Parlamento Europeo (cerrado a nuevos eurodiputados en 2009)".
Creado en 1993 en aplicación de un acuerdo de la Mesa de la Eurocámara, el fondo está gestionado en primera instancia por una "asociación sin ánimo de lucro" de eurodiputados y exeurodiputados. Las inversiones que acomete están a su vez gobernadas por una sicav de ese mismo país y propiedad de los parlamentarios aglutinados en torno a la "asociación sin ánimo de lucro". El fondo nació con la vocación oficial de asegurar a sus miembros una pensión de retiro que no siempre garantizaban los países por los que habían sido elegidos.
Estrasburgo dejó de hacer nuevas aportaciones al fondo en 2009, año en que entró en vigor el Estatuto de los Eurodiputados. El Estatuto pasó a asegurar una pensión de jubilación a todos los parlamentarios de la Cámara, pertenecieran o no en ese momento al "fondo voluntario" de Luxemburgo. El punto 14.3 dice lo siguiente: "El derecho a una pensión de jubilación se mantendrá con independencia de cualquier otra pensión".
¿Es privado un fondo impulsado, financiado y garantizado por el Parlamento Europeo?
La ley española de Seguridad Social veta de forma categórica en su artículo 213 el cobro de la pensión de jubilación –no así la de viudedad– a los cargos públicos y a quienes, con trabajos por cuenta propia, obtengan por esa vía cuantías superiores al salario mínimo (SMI, 10.302,6 euros) en el transcurso de un año. Escritores y creadores de distintos ámbitos han visto en los últimos años cómo la Seguridad Social les retiraba la pensión porque sus obras les habían proporcionado ingresos situados por encima del umbral del SMI. Antonio Fraguas, Forges, se erigió en paradigma de ese fenómeno de multas y tijeretazos: según el diario Abc, cuando falleció el pasado 22 de febrero llevaba dos años sin pensión. La ley no establece límites para el cobro de cantidades derivadas de fondos de pensión privados.
¿Choca, por ejemplo, la legislación española con la norma que permite a los cargos públicos cobrar un salario de la Unión Europea y una pensión de jubilación de manera simultánea? ¿O es que debe conceptuarse como privado y no como público el fondo de Luxemburgo para antiguos eurodiputados? Desde luego, pese a su "voluntariedad" y a que su propietaria es una "asociación sin ánimo de lucro", dos elementos hacen dudar de una eventual respuesta afirmativa ante la pregunta de si se trata de un fondo privado: la primera, que fue la propia Cámara la que en 1990 decidió crear ese fondo; y el segundo, que su principal fuente de financiación (el 68,5% del total de las aportaciones recibidas entre 2000 y 2009) ha sido siempre el Parlamento Europeo.
Un tercer factor afianza la idea de que, sea cual sea su revestimiento jurídico, el aliento que anima al fondo de Luxemburgo es de carácter netamente público: la percepción de las pensiones de jubilación a él asociadas está expresamente regulada por el Estatuto de los Eurodiputados, cuyo artículo 27 dice esto: "Tras la entrada en vigor del presente Estatuto, el antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá para aquellos diputados o antiguos diputados que ya hayan adquirido derechos o expectativas de derechos en ese fondo".
En 2014, las revelaciones de infoLibre sobre ese fondo, localizado en el país más opaco de la UE y cuya baja fiscalidad le colocó durante años en posición de ventaja respecto a sus socios comunitarios, condujeron a la dimisión del entonces portavoz de IU en la Cámara europea, Willy Meyer.
Los datos que este diario pudo recabar entonces constataron varios hechos: que entre 2000 y 2009 el Parlamento Europeo inyectó al fondo 95 millones de euros; que el Parlamento Europeo se compromete año tras año a garantizar, en caso de quiebra, el pago de las pensiones de jubilación a los eurodiputados adscritos al fondo; y que más de un centenar de eurodiputados españoles de distintos partidos se beneficiaban de la pertenencia a la "asociación sin ánimo de lucro" constituida en 1993 para la constitución del fondo por decisión expresa de la Mesa del Parlamento Europeo. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara.
La expresidenta de Aragón también cobra como senadora y como pensionista del Parlamento Europeo
Previa consulta a los servicios de pensiones del Parlamento, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito calcula que Cañete ha cobrado del fondo de Luxemburgo más de 100.000 euros desde que se incorporó al Ejecutivo comunitario en noviembre de 2014. Benito se encuentra a la espera de que la Comisión Europea responda sus preguntas sobre la pensión de Cañete: a cuánto asciende, por qué no la ha reflejado en su declaración de intereses y si la Comisión considera que la doble percepción de ingresos públicos "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”.
Cuando euobserver.com publicó, previa confirmación escrita de su portavoz oficial, que Cañete estaba cobrando esa pensión el equipo del eurocomisario se sumió en un absoluto hermetismo. En las cuatro últimas semanas, infoLibre ha intentado sin éxito conocer la posición del exministro y dirigente del PP a través de su gabinete de comunicación.
La política sobre pensiones públicas aplicada por España, con una subida del 0,25% y la amenaza de quiebra del sistema como mensaje central del Gobierno, ha encontrado un inesperado reverso en la Unión Europea (UE). Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, las dos instituciones que pilotan la cruzada en favor del déficit cero aun a costa de efectuar recortes, permiten que aquellos cargos públicos en activo que hayan sido eurodiputados y hayan sobrepasado la edad de 63 años sumen a sus salarios el cobro de una pensión financiada por la Cámara de Estrasburgo. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Parlamento y de la Comisión a través de distintos correos electrónicos dirigidos a infoLibre.