7.565 millones de euros. La cifra asusta. Es lo que le piden al Gobierno de España inversores y empresas de todo el mundo por el hachazo a las renovables de 2013 y 2014, que redujo las primas a este tipo de generación energética y llevó a la quiebra no a las grandes eléctricas, sino a muchos pequeños inversores que, de repente, vieron como toda la rentabilidad prometida nunca iba a llegar. Ellos denunciaron, y tanto el Supremo como el Constitucional les han quitado la razón. Pero los inversores internacionales no van a la justicia normal: tal y como establece el Tratado de la Carta de la Energía, deben acudir a los tribunales internacionales de arbitraje. Y lo han hecho hasta 40 fondos y multinacionales. Han salido ya tres laudos, y los tres condenatorios contra España, lo que en principio podría hacer pensar que todos los pleitos seguirán el mismo camino: sin embargo, la Unión Europea y, en concreto, su Ejecutivo, ha intervenido para evitarlo. Es posible que no solo se pague mucho menos que esos 7.000 millones, sino que no se pague nada. Y la salvadora tiene un nombre: Margrethe Vestager.
Vestager, danesa, es la comisaria de Competencia. Y a finales del pasado año firmó la Decisión C(2017) 7384, en la que asegura que Bruselas debe examinar las ayudas de Estado a sectores estratégicos, para dictaminar si son adecuadas y no interfieren, precisamente, con la libre competencia. Y la Comisión Europea considera que un país pagando a, por ejemplo, un fondo para compensarlo por la inseguridad jurídica que genera reducir una subvención es una ayuda de Estado y como tal, debe analizarse. La Decisión incluía, además, un alegato en contra de estos arbitrajes: considera el Ejecutivo comunitario que los tribunales europeos son los únicos competentes para estos casos. Una doctrina apoyada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo de este año anuló un arbitraje. "Las ayudas de Estado no son un derecho", aseguró entonces Vestager para justificar la decisión.
La Comisión analizó las primas a las renovables de Zapatero, y dio su visto bueno; analizó las del Ejecutivo actual, y también las vio bien; y ahora, debe acreditar que el pago, por mucho laudo condenatorio y por mucho arbitraje internacional que intervenga, es acorde a las normas de la Unión Europea. La circunstancia, junto al hecho de que España ya ha recurrido las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciade), conlleva que el país aún no ha tenido que desembolsar ni un euro. La noticia fue recibida con alivio por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y su titular, Álvaro Nadal, que esta semana ha vuelto a sacar a relucir la aparente protección de la Comisión Europea para quitar hierro al hecho de que España haya perdido su tercer arbitraje.
Si hay que pagarlo, ¿quién lo va a pagar?
Sin embargo, aún no se sabe si finalmente se materializará la intención de la Comisión Europea de pasar la disputa entre inversores y Gobierno a los tribunales europeos o si aprobará o rechazará lo que considera ayudas de Estado. Por lo que la semana pasada, con la victoria en el arbitraje del fondo soberano Masdar, de Abu Dabi (pedían 394 millones por el perjuicio a sus inversiones y, según afirma Cinco Días, se han quedado en 64), una pregunta ha vuelto a la palestra: Si finalmente hay que pagar, ¿quién va a pagarlo? La respuesta corta es: los consumidores de energía eléctrica. Para la respuesta larga es necesario repasar en qué consiste el déficit y el superávit de tarifa.
Durante años, el sistema eléctrico español contó con lo que se llama déficit de tarifa: es decir, lo que le cuesta al sistema producir y distribuir la electricidad era inferior a lo que las eléctricas recaudaban de los consumidores. Tiene su inicio en el año 2000 y terminó en 2014 de mano de la reforma eléctrica del Ejecutivo de Mariano Rajoy, año a partir del cual el sistema empezó a entrar en superávit. Pero no es suficiente para tapar el agujero. La deuda supera los 20.000 millones de euros. El superávit alcanzado desde 2014 llega a los 1.440 millones, y, según la misma reforma de la Ley del Sector Eléctrico, ese dinero, alojado en una cuenta de la CNMC, debe destinarse a pagar lo que el Estado debe a las compañías. Lo acumulado, en todo caso, proviene del consumidor, que a través de los peajes de acceso (costes regulados en la factura de la luz) paga de más en caso de que haya superávit para compensar lo que ha estado pagando de menos, en teoría, durante años. Y el Gobierno, gracias a una modificación de última hora en los Presupuestos de 2018 aprobados en el Congreso este miércoles, lo piensa utilizar para pagar posibles compensaciones a los inversores.
La UE amplía su apuesta por las renovables pero sin incluir metas vinculantes para cada país
Si finalmente España tiene que desembolsar millones de euros, Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) lo tiene claro: "Cualquier condena de este tipo acabaría en la tarifa de la luz". No salen las cuentas: el superávit acumulado es de 1.000 millones de euros, pero la cantidad máxima que podría llegar a tener que pagar España es de 7.000 millones. Utilizar este dinero daría lugar a una triste paradoja, cuenta Castro-Gil: dado que fue obtenido gracias a los recortes a los inversores nacionales, "lo que se recortó va a acabar sirviendo para pagar a los inversores internacionales. Es lamentable", asegura.
El hachazo a las renovables tuvo estas dos caras. Mientras los grandes fondos acudían a tribunales de arbitraje reclamando indemnizaciones multimillonarias, los pequeños inversores nacionales, que se hipotecaron y lo apostaron todo por energías como la fotovoltaica, animados por las señales provenientes de un Ejecutivo que animaban a invertir, se arruinaron en muchos casos. "En un escenario en el que las grandes empresas multinacionales exigen al Estado recuperar a través de rescates con dinero público hasta el último céntimo de inversiones que hicieron por su propia iniciativa y que no suponían ningún avance para la sociedad, resulta lacerante ver como a miles y miles de españoles a los que fue el Estado quien les introdujo en estas inversiones, que han aportado un progreso extraordinario para la sociedad y que ni siquiera solicitan recuperar todo lo garantizado por el Estado, sino evitar la ruina, el Gobierno se empecine en expulsarlos del sistema eléctrico y condenarles a la precariedad", asegura el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.
Sean grandes multinacionales o pequeños productores, la base de la reclamación es la misma: inversiones en renovables que prometían un gran futuro y para las cuales las reglas del juego cambiaron a mitad de la partida, complicándose muchísimo el panorama. Los primeros ahora se enfrentan a la Comisión Europea, tras prometérselas muy felices ante los tribunales de arbitraje. Los segundos nunca han tenido demasiada escapatoria.
7.565 millones de euros. La cifra asusta. Es lo que le piden al Gobierno de España inversores y empresas de todo el mundo por el hachazo a las renovables de 2013 y 2014, que redujo las primas a este tipo de generación energética y llevó a la quiebra no a las grandes eléctricas, sino a muchos pequeños inversores que, de repente, vieron como toda la rentabilidad prometida nunca iba a llegar. Ellos denunciaron, y tanto el Supremo como el Constitucional les han quitado la razón. Pero los inversores internacionales no van a la justicia normal: tal y como establece el Tratado de la Carta de la Energía, deben acudir a los tribunales internacionales de arbitraje. Y lo han hecho hasta 40 fondos y multinacionales. Han salido ya tres laudos, y los tres condenatorios contra España, lo que en principio podría hacer pensar que todos los pleitos seguirán el mismo camino: sin embargo, la Unión Europea y, en concreto, su Ejecutivo, ha intervenido para evitarlo. Es posible que no solo se pague mucho menos que esos 7.000 millones, sino que no se pague nada. Y la salvadora tiene un nombre: Margrethe Vestager.