¿Puede un papel firmado hace casi diez años en Madrid complicar el cierre de un conflicto hoy al sur del sur de España? Puede, si ese papel es legislación sobre el trabajo. Y lo saben especialmente bien los últimos 200 huelguistas del metal en Cádiz.
Dicha huelga, capítulo cerrado para la inmensa mayoría de los en torno a 20.000 trabajadores del sector en la provincia gracias a un acuerdo para renovar su convenio, no lo es para más 200 de la empresa CYMI, que han seguido en huelga una semana más y denuncian que el pacto alcanzado por los sindicatos y la patronal Femca la semana pasada no les beneficia. El motivo se resume en tres palabras y un año: reforma laboral, 2012. Concretamente, por la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.
Al cierre de esta edición, los trabajadores, ya de noche, acababan de decidir poner fin a la huelga tras un acuerdo con la empresa, confirmó a infoLibre el portavoz de la plantilla Joaquín Sánchez. Queda una larga noche de "papeles", añadía, exhausto tras una dura jornada de negociación.
Una normalidad incompleta
El regreso a la normalidad el jueves pasado tras el acuerdo para renovar el convenio sectorial del metal en Cádiz no fue completo. Alejados de los focos, con las cámaras que cubrieron las manifestaciones ya recogidas, este miércoles continuaban en huelga más de 200 trabajadores de CYMI, una empresa encargada de instalaciones eléctricas subcontratada por Dragados en su planta de Puerto Real (Cádiz), aseguran a infoLibre portavoces del sindicato CGT y de los trabajadores.
¿Qué está pasando? El problema, al que este miércoles ha intentado dar visibilidad Adelante Andalucía, se ancla en la reforma laboral de 2012, que introdujo en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales en aspectos clave de las condiciones laborales.
El convenio de CIMY establece condiciones menos favorables que el convenio gaditano del metal, más aún después de las mejoras introducidas en este tras el acuerdo obtenido con la huelga general. Los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Metal y CGT denuncian que se dan diferencias salariales superiores a los 300 euros al mes.
"Si yo estuviera por el convenio del metal de Cádiz, con 8 horas [al día] tendría un sueldo de 1.500-1600 euros, pero se me queda en 1.250. A eso le quitas el 15% de IRPF y lo que gano son 1.050 euros brutos en 12 pagas", señala el trabajador de la empresa Joaquín Sánchez. Y añadía, antes del acuerdo con la empresa: "El convenio [de empresa] a nivel nacional es irrisorio, una miseria. Con el acuerdo [que puso fin a la huelga], se han creado unas expectativas que aquí no se están cumpliendo. Con el apoyo de la gente de Cádiz, hemos estado de huelga esos 11 días, que nos han costado mucho trabajo. Y queremos que se equiparen nuestras tablas salariales para beneficiarnos de lo que se ha acordado. También somos trabajadores del metal. El conflicto no se ha terminado".
Sánchez, reconocido por sus compañeros como uno de sus portavoces, afirmaba antes de dicho acuerdo que estos trabajadores se sienten "abandonados" y que "políticos y sindicatos" se dieron "mucha prisa" en cerrar a un acuerdo que los ha dejado "fuera".
Juan Antonio Guerrero, del sindicato CGT, que está asesorando a los trabajadores en su negociación con CYMI, asegura que había huelguistas de esta empresa que ni siquiera sabían que no se iban a beneficiar de las mejoras en el convenio del metal, dado que ignoraban que existía un acuerdo nacional de la empresa.
infoLibre trató de recabar la posición de CYMI y de Dragados, tanto a través de las empresas como del Grupo ACS, al que pertenecen ambas, sin éxito.
Reclamaciones de derogación
Este caso demuestra "los problemas que causa la reforma laboral", afirma Antonio Montoro, secretario general de Industria de UGT en Cádiz. "El conflicto [que dio lugar a la huelga] se ha solucionado. Pero, claro, con la dichosa reforma laboral vigente, que establece la prevalencia del convenio de empresa, hay una diferencia salarial importante", señala Montoro, que afirma que este caso demuestra la urgencia de la "derogación" de la normativa de 2012.
"Partiendo de la base de nuestro total apoyo a los compañeros de CYMI, que tienen razón, lo sangrante aquí es la reforma laboral", señala Juan Linares, responsable de Industria de CCOO en Cádiz, que recalca que "los convenios a nivel nacional debilitan aún más" la posición del trabajador. Linares coincide con Montoro en que la crisis laboral en CYMI debería obligar a la reacción tanto al Gobierno como a Dragados. "La empresa [matriz] no puede mirar para otro lado", afirma.
Linares asegura que el artículo 84 "crea una competencia desleal entre empresas con convenio del metal y empresas con convenio de empresa, que abaratan costes". "Puede ser legal, pero no es justo. Los trabajadores están aquí en posesión de la razón, y por eso el sindicato los apoya", concluye Linares.
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Las declaraciones de los líderes de CCOO y UGT fueron recabadas antes de que la plantilla decidiera poner fin a la huelga.
El coste del artículo 84
Rafael Gómez Gordillo, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Pablo Olavide, afirma que la prevalencia del convenio de empresa provoca que los trabajadores de CIMY "no se beneficien de las mejoras en las condiciones esenciales de trabajo, como retribuciones, precios de las horas extra, horarios, clasificación profesional, conciliación...". "Por eso la reforma del artículo 84 fue de las más criticadas por los sindicatos, porque deja sin eficacia a los convenios sectoriales en aspectos clave", señala.
"Antes de 2012 también podía haber convenios de empresa, pero no establecer condiciones peores. Existían allí donde no había convenio sectorial, que solían ser sectores emergentes, o en las empresas con una representación de los trabajadores fuerte que permitía un convenio de empresa que mejorase el sectorial. Lo que ocurre ahora es que se genera una competencia en base a las condiciones de trabajo. Eso empeora las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Gana la contrata que puja más a la baja", señala Gómez.
¿Puede un papel firmado hace casi diez años en Madrid complicar el cierre de un conflicto hoy al sur del sur de España? Puede, si ese papel es legislación sobre el trabajo. Y lo saben especialmente bien los últimos 200 huelguistas del metal en Cádiz.