Los cinco votos que el PNV tiene en el Congreso son decisivos. De ahí que tanto PP como PSOE hayan reaccionado con mucha prudencia a la propuesta lanzada este jueves por el lehendakari Iñigo Urkullu en un artículo en El País para abrir el debate sobre el modelo territorial en España, coincidiendo con las negociaciones de la investidura.
Lo que el dirigente vasco ha puesto encima de la mesa, justo cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo más dependen del respaldo de los partidos soberanistas, es superar la “descentralización política y administrativa” de 1978 y buscar un acuerdo para desarrollar un “nuevo modelo de Estado territorial” sin necesidad de reformar la Constitución.
Urkullu propone la convocatoria de una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna y a través de la cual aspira conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”.
Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra).
“Pluralidad nacional”
La propuesta de Urkullu es coherente con el programa con el que el PNV se presentó a las elecciones. En él denunciaba “la inflexibilidad para con el reconocimiento de la pluralidad nacional, ya que constituye la llave para encontrar soluciones duraderas a la convivencia”, y apostaban por seguir “intentando propiciar el diálogo, la negociación y el pacto en la búsqueda de soluciones”. El PNV defiende “el reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad en relación con el Estado a través de un ejercicio compartido de la soberanía”.
La iniciativa de una convención constitucional ofrece además a los nacionalistas vascos una narrativa propia en a menos de un año de las elecciones autonómicas vascas, en las que el PNV tiene que hacer frente al desafío de ganar a EH Bildu. Todos los movimientos del partido que dirige Andoni Ortuzar tienen muy presente lo que se juegan el año que viene y eso afecta directamente a los acuerdos de investidura en el Congreso.
No está claro, sin embargo, si el PNV llevará el Plan Urkullu a la mesa de negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez (su portavoz, Aitor Esteban, ya anunció en su día que la reunión con el PP sería de mera cortesía porque no tienen intención de acordar nada con esta formación mientras mantenga alianzas con Vox).
De momento, la idea ha sido recibida con frialdad por los partidos independentistas catalanes y con simpatía, en cambio, por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Junts, consciente de la relevancia aritmética de sus siete escaños en el Congreso, ni siquiera ha hablado de la idea de Urkullu. Su líder, el eurodiputado Carles Puigdemont, hará públicas el martes desde Bruselas las condiciones que va a poner para apoyar una investidura.
Respeto, pero nada más
Esquerra, a través de la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, manifestó su respeto por la propuesta, pero remarcó que su apuesta sigue siendo la amnistía y autodeterminación. En Cataluña, argumentó, existe una “mayoría social y política que apuesta por la autodeterminación y la amnistía", por lo que este es el marco de negociación que plantea el Govern.
La tibieza del soberanismo catalán ante el Plan Urkullu contrasta con el empeño con el que Junts y Esquerra defendieron, en 2018, una vía parecida. En agosto de aquel año, el Govern planteó al recién constituido Gobierno de Pedro Sánchez la formación de un “grupo de trabajo”, en palabras del conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en Derecho Constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.
El Gobierno de España, representado en la reunión por la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, rechazó desde el principio la propuesta. No aceptarían, dijeron entonces, un grupo de trabajo en esos términos ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. El camino para plantear las demandas del Govern, explicaba en aquel momento Batet en rueda de prensa, era una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum. Esa sigue siendo, a día de hoy, la propuesta de Sánchez para Cataluña.
Cinco años después de aquella reunión, urgido por la necesidad de llegar a acuerdo de investidura en el Congreso y a la vista de la iniciativa planteada por el lehendakari, el Gobierno se ha mostrado mucho más dispuesto a escuchar. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, la consideró “muy legítima” y, aunque aseguró que no es la del Gobierno, destacó de ella que busque “puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional”. Todo lo que sea un “debate constructivo y hacer aportaciones” siempre es positivo porque “todo el mundo es consciente de que nos tenemos que entender entre diferentes”.
Feijóo, abierto a escuchar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que previsiblemente el lehendakari anticipó el miércoles su propuesta en una conversación telefónica que ambos calificaron de “franca y provechosa”, ha evitado cuidosamente criticarla. Es más, en una intervención en un acto de partido en Madrid, aseguró estar “abierto a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España”, con la libertad de poder “aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a aquello que excede la Constitución”.
“Prestaremos atención sin duda a todos los [presidentes autonómicos] que nos quieran plantear cosas que, beneficiando a una parte de España, al final benefician a la totalidad de España. Y rechazaremos a todos aquellos que nos quieren plantear cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de los ciudadanos”, advirtió.
Urkullu pide un pacto territorial, reinterpretar la Constitución y avanzar hacia una España "plurinacional"
Las opiniones a favor y en contra se sucedieron a lo largo del día. El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró que “está bien” dialogar para avanzar en el autogobierno, como plantea el lehendakari, “pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución”. También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se manifestó a favor: la propuesta va “bien encaminada”, pero no puede implicar “desigualdades”.
Sin embargo, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), rechazó la idea porque, según él, se basa en la “asimetría” entre comunidades. Es “lo más parecido a la desigualdad”.
El expresident valenciano, el socialista Ximo Puig, saludó la iniciativa y pidió llevarla más allá, en clave federal. “El debate territorial en España no se puede circunscribir solo a Euskadi y Cataluña. No se puede hacer al margen del País Vasco y Cataluña, pero tampoco al margen de las otras regiones y nacionalidades”, defendió.
Los cinco votos que el PNV tiene en el Congreso son decisivos. De ahí que tanto PP como PSOE hayan reaccionado con mucha prudencia a la propuesta lanzada este jueves por el lehendakari Iñigo Urkullu en un artículo en El País para abrir el debate sobre el modelo territorial en España, coincidiendo con las negociaciones de la investidura.