"Ninguna fuerza democrática debería tener ningún problema en homenajear a las víctimas de una dictadura". En plena ola de revisionismo histórico de la derecha, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros al proyecto de Ley de Memoria Histórica, un salto de gigante respecto a la norma aprobada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo texto derriba, entre otras cosas, la justicia represiva franquista. Y hace una mención especial a la lucha de las mujeres por la libertad y la democracia. Pero también pone los cimientos de lo que será en un futuro el Valle de los Caídos. El objetivo del Ejecutivo es que el complejo monumental deje de verse, de una vez por todas, en blanco y negro y pase a ser un lugar de recuerdo y homenaje a las víctimas en el que se expliquen los años más negros de la historia reciente de España. Un lugar de memoria en el mausoleo en el que reposaron los restos del dictador durante más de cuatro décadas.
Los cambios en Cuelgamuros serán profundos. Tanto, que afectarán incluso a su actual marco jurídico. En la actualidad, el monumento anclado en plena sierra de Guadarrama se rige por un armazón legal levantado durante la época del franquismo. Hasta ahora, el Valle de los Caídos ha estado gestionado por la Fundación de la Santa Cruz, aquella que Francisco Franco creó por decreto en 1957 para llevar la batuta en el "magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los caídos en la cruzada". Pero este marco jurídico de la dictadura tiene los días contados. Con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática se pretende derogar dicha norma y declarar extinguida la entidad "por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales". Algo que ocurrirá en cuanto el Ejecutivo apruebe mediante real decreto un nuevo "marco jurídico" que determine "organización, funcionamiento y régimen patrimonial" del Valle de los Caídos.
Este cambio normativo producirá un completo terremoto en Cuelgamuros. ¿Por qué? Porque la actual Abadía Benedictina, cuyo prior Santiago Cantera ha sido especialmente beligerante por la exhumación de los restos de Francisco Franco, se encuentra instalada en el complejo monumental, justamente, porque así lo establecía el decreto que creaba la Fundación de la Santa Cruz y el convenio que su patrono Luis Carrero Blanco firmó en mayo de 1958 con el abad de Silos. El Gobierno, por tanto, tendrá en sus manos el desalojo de los frailes del complejo monumental, en el que llevan instalados desde finales de los cincuenta y funcionando a través de una subvención anual de 340.000 euros que recibían desde Patrimonio Nacional. Al final, no se entendería una resignificación del Valle de los Caídos con los frailes presentes. De hecho, la exministra de Presidencia Carmen Calvo consideraba que ambas cosas eran "incompatibles".
Que los nombres de las víctimas no se olviden
Quedará por ver cuál será entonces el futuro de la Basílica. Esa en la que todavía, en la actualidad, reposan a los pies del altar mayor los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Es, tras la salida de Franco, el traslado que queda pendiente en Cuelgamuros. Para ello, el Ejecutivo ha incluido en la nueva norma un punto en el que se establece que se procederá a la reubicación de "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto". Por el momento, desde Moncloa no ofrecen un calendario concreto para llevar a cabo estas labores ni tampoco si han iniciado ya contactos con los familiares. Fuentes del Gobierno insisten en que hay que esperar a que se concluya la tramitación parlamentaria y se apruebe definitivamente la ley para hacerlo con las mayores garantías jurídicas. Algo que contrasta, sin embargo, con el traslado de los restos del dictador, que se llevó a cabo sin ninguna nueva norma memorialista sobre la mesa.
Otra de las claves del futuro del Valle de los Caídos, y así se recogía ya en el informe de la Comisión de Expertos que Zapatero encargó durante su segunda legislatura, tiene que ver con la dignificación del cementerio que se encuentra en la Basílica, la considerada mayor fosa común del franquismo. Allí, en las diferentes criptas, yacen los restos de casi 34.000 personas, una parte importante de ellas trasladadas durante la dictadura sin el consentimiento de las familias. La norma establece la obligación de la Administración de atender las reclamaciones y peticiones de exhumación de las personas allí inhumadas. De hecho, hay familiares que llevan más de un lustro con una sentencia a favor esperando a que les devuelvan a sus seres queridos. Con la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ya aprobada, fuentes del Gobierno aseguran que se está avanzando "en los preparativos", aunque todavía no se atreven a dar una fecha concreta para el inicio de estos trabajos.
Desde el Ejecutivo socialista, no obstante, no quieren dar falsas esperanzas a todas estas familias. Y recuerdan que buena parte de los restos serán complicados de identificar. De hecho, es algo de lo que ya avisaban los expertos en su informe de noviembre de 2011: "El deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general la identificación individualizada". De hecho, fuentes del Gobierno señalan que uno de sus primeros trabajos será "adecentar las criptas". No puede ser que haya restos esparcidos y entremezclados, como se encontraron los técnicos de Patrimonio Nacional hace una década. Además, el Ejecutivo tampoco ve con malos ojos que en el complejo monumental se visibilicen los nombres de todas las víctimas que se encuentran allí y que están identificadas –se calcula que no se dispone de los nombres y apellidos de unas 12.000 personas que yacen en Cuelgamuros–.
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Las dudas sobre la cruz
El Valle de los Caídos será tratado, con la aprobación de la ley, como un lugar de memoria. Es decir, tendrá una función conmemorativa y didáctica. Algo que se llevará a cabo a través de "medios de difusión e interpretación" que expliquen lo que significa aquel emplazamiento o los trabajadores forzados que lo pusieron en pie. Por el momento, ya se ha empezado a trabajar en cambios sustanciales en su propia página que alejen al complejo monumental del tufo franquista que todavía tenía.
Más dudas hay, por el momento, sobre el futuro de la enorme cruz que preside el espacio. "La ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión", ha dicho, en rueda de prensa, el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Algunas voces dentro del Gobierno no ven con malos ojos su mantenimiento. Al fin y al cabo, dicen, explica ese nacionalcatolicismo que marcó a fuego toda la dictadura.
"Ninguna fuerza democrática debería tener ningún problema en homenajear a las víctimas de una dictadura". En plena ola de revisionismo histórico de la derecha, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros al proyecto de Ley de Memoria Histórica, un salto de gigante respecto a la norma aprobada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo texto derriba, entre otras cosas, la justicia represiva franquista. Y hace una mención especial a la lucha de las mujeres por la libertad y la democracia. Pero también pone los cimientos de lo que será en un futuro el Valle de los Caídos. El objetivo del Ejecutivo es que el complejo monumental deje de verse, de una vez por todas, en blanco y negro y pase a ser un lugar de recuerdo y homenaje a las víctimas en el que se expliquen los años más negros de la historia reciente de España. Un lugar de memoria en el mausoleo en el que reposaron los restos del dictador durante más de cuatro décadas.