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Mercedes Abril o Silvino Gil pueden respirar tranquilos. Al menos, algo más que hace un par de semanas. Después de una larga espera, el Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la exhumación de los restos de más de medio centenar personas –entre ellas, los padres de ambos– que podrían haber sido trasladadas al Valle de los Caídos durante la dictadura sin el permiso de las familias. Las actuaciones se han iniciado un lustro después de que la familia Lapeña abriese en vía judicial el melón de las recuperaciones. Y se calcula que puedan prolongarse durante meses. Al fin y al cabo, el Ejecutivo estima que los forenses no entrarán en el fondo de las labores hasta finales de octubre y que, una vez en las capillas, su trabajo podrá alargarse algo más de un mes por cada una de las plantas que las componen. Al frente de las tareas, un comité de expertos y un equipo de más de una veintena de personas de todas las disciplinas.
La devolución de restos que se encuentran inhumados en Cuelgamuros es un asunto que lleva pendiente desde hace más de una década. De hecho, en el famoso informe de noviembre de 2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos ya recomendaba a las autoridades que satisfaciesen, "en la medida de lo posible", las reclamaciones de las familias en este sentido. Sin embargo, todo fue inmovilismo. Al menos hasta 2015, cuando la justicia abrió la vía de las recuperaciones dando la razón a los Lapeña. A partir de ahí comenzó un eterno camino al que se fueron sumando otras tantas personas que reclamaban el regreso de sus seres queridos. En total, el Gobierno busca dentro del mausoleo a 77. No será sencillo. Principalmente, por la cantidad de restos que hay en Cuelgamuros. Los libros de registro referencian nada menos que 33.847, según la información de Patrimonio Nacional.
Desde el Ejecutivo asumen que los trabajos serán largos. Y que se prolongarán, seguramente, durante más de un año. Por el momento, el pasado lunes se comenzó con la primera fase, la de habilitación de los accesos a los columbarios. Se hace tres meses después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concediese la licencia de obras. Y con un análisis previo del estado arquitectónico de la zona en la que se van a llevar a cabo las exhumaciones. El estudio, realizado por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, concluía que las vigas principales sobre las que se apoyaban los nervios de los forjados presentaban "buen estado". Algo que, sin embargo, no sucedía con los elementos de entrevigado, "que habrían perdido su capacidad portante, y podrían colapsar por sí mismas, o ante la adición de peso". "Dadas las condiciones de las estructuras, (...) no es seguro el acceso de personas al interior de las criptas", sentenciaba.
En este sentido, el informe señalaba que para el acceso a las cámaras era preciso adoptar "medidas suplementarias", que podían ir desde la suplementación de elementos de entrevigado a la construcción de pasarelas de paso seguras. Por eso, esta primera fase de los trabajos será llevada a cabo por expertos en el campo de la construcción. El Ejecutivo tiene en la mesa un "informe elaborado por profesionales de la arquitectura". La idea durante esta primera etapa, explican fuentes del Gobierno, pasa por "apuntalar" los diferentes "pisos de las capillas". En total, la Basílica cuenta con ocho. "Se va a empezar de los pisos más bajos hacia arriba para garantizar la prevención de cualquier riesgo", explican esas mismas fuentes. Esta obra se extenderá durante, al menos, un mes. "Desde el minuto cero hay un dispositivo para atender cualquier incidencia que surja en esta fase", concretan desde Presidencia.
La llegada de los forenses
Por lo tanto, la llegada del equipo forense no se producirá, al menos, hasta finales de octubre. Al frente del mismo, en las labores de coordinación y asesoramiento, estará una comisión formada por siete expertos, todos ellos profesionales con una amplísima trayectoria a sus espaldas y propuestos por el Consejo Médico Forense, el Instituto de Medicina Legal de Madrid, el Instituto de Medicina Legal de Granada o el Instituto Nacional de Toxicología. Junto a ellos, habrá un equipo de alrededor de una veintena de profesionales que serán llamados a medida que vayan surgiendo necesidades. Habrá más médicos, antropólogos, arqueólogos o genetistas. Todos ellos acompañados, además, de un grupo de historiadores que ya están trabajando en la localización de toda la información sobre las personas que se buscan y que tiene el encargo de elaborar un dossier biográfico "que va a ser importante parala entrega oficial a sus familiares".
Esta segunda fase será larga. Desde el Ejecutivo explican que se hará por tramos. Porque no solo implica la búsqueda y localización de los cuerpos, sino que también incluye la elaboración de informes, la toma de muestras o los análisis genéticos, de los que se hará cargo el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¿Y cuánto calcula el Gobierno que se puede alargar? "Es fácil que se necesite algo más de un mes por cada piso de cada capilla para terminar la tarea y los informes periciales que se entregarán a las familias, con independencia de si el resultado es positivo o negativo", resumen desde Presidencia. De las ocho capillas, dos destacan por su tamaño: la del Santísimo y la del Sepulcro, ambas con cinco niveles y casi 29.000 restos, según los datos que Patrimonio Nacional hizo constar en un informe elaborado en mayo de 2010, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una intervención "complicada" por la "gran cantidad de restos"
Francisco Etxeberria es uno de los integrantes de la comisión de expertos que coordina los trabajos. Lo hace como vocal por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para la que trabaja actualmente como asesor. En conversación con infoLibre, el antropólogo forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi señala que se trata de un "reto profesional" que se sitúa "en el discurso de los derechos humanos, respecto del cuál cada vez hay más conciencia en el ámbito forense". "La mayoría de los profesionales que van a intervenir tienen experiencia en misiones semejantes y a nivel internacional", sostiene Etxeberria, que añade que se disponen de las "condiciones" para llevar a cabo el trabajo "de forma objetiva e imparcial". En su caso, ha participado en las autopsias de Salvador Allende,Víctor Jara o Pablo Neruda. También en el caso de Lasa y Zabala. Y desde el comienzo de siglo, ha coordinado las exhumaciones de miles de víctimas del franquismo por toda España.
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El experto es consciente de que la intervención que se plantea es "complicada" por "sus características" y la "gran cantidad de restos". "La mayor dificultad a la que nos enfrentamos es el deterioro de los contenedores. Buscamos cajas concretas con rotulaciones específicas, por lo que si la madera se ha degradado y los esqueletos se han mezclado de forma masiva, la investigación quedaría muy limitada e, incluso, podría ser inviable", dice. De hecho, en el informe que Patrimonio Nacional redactó hace una década dejaba constancia de "material óseo suelto y amontonado", con restos "completamente desordenados y fuera de los columbarios". "Se trata de un reto forense sin precedentes a nivel mundial si tenemos en cuenta la cantidad de personas que fueron inhumadas allí", sostiene Etxeberria. De las 33.847, alrededor de un tercio están sin identificar en los registros de entrada, lo que hace todavía más compleja la búsqueda.
A este problema se le añade otro. "Hay una limitación por el tiempo transcurrido, que ha sido advertida por todos los expertos consultados hasta el presente", detalla el antropólogo forense. Es más, el especialista subraya que en el 10% de los cuerpos que se recuperan en fosas comunes "no se logra obtener ADN". De hecho, el Consejo Médico Forense ya advertía de este problema en un informe que elaboró para Patrimonio Nacional a finales de 2018. "El deterioro natural de los restos biológicos que se produce 80 años después del fallecimiento conduce a una modificación de las estructuras morfológicas, al efecto y la acción de los cambios tafonómicos y a una degradación molecular que afecta a la capacidad de detectar las particularidades que permiten la identificación de las características que distinguen a unas personas de otras", recogía aquel estudio.
Una vez superada esta segunda fase, se procederá a un "acondicionamiento de los columbarios". El objetivo es mejorar las instalaciones y las condiciones de conservación de los restos que permanecerán allí inhumados. "Esto permitirá la dignificación global de las criptas", explican desde el Ejecutivo. Con esto, se pondrá fin a la intervención en Cuelgamuros. Unos trabajos en los que las familias no tendrán ninguna participación directa. "Se les ha hecho saber que podrán conocer al equipo de expertos y despachar con ellos sus dudas e inquietudes", apunta Etxeberria en conversación con este diario al ser preguntado por este asunto. Si todo va bien, en algo más de un año Mercedes, Silvino, Agradable o la familia Cansado podrán volver a tener de vuelta a los suyos. Más de ocho décadas después de que desaparecieran dejando un indeleble rastro de tristeza.
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